La Gaceta Jurídica

CoIDH y la libertad de expresión

Para la CoIDH, si bien la Convención Americana reconoce el derecho a la privacidad a toda persona, su nivel de protección disminuye en la medida de la importancia que puedan tener las actividades y funciones de la persona concernida para un debate de interés general en una sociedad democrática.

…la publicación de las imágenes (fotografías)  no constituyó una injerencia arbitraria en el derecho  a la vida privada del señor Ménem.

…la publicación de las imágenes (fotografías) no constituyó una injerencia arbitraria en el derecho a la vida privada del señor Ménem. FOTO: radiodon.com.ar.

La Razón (Edición Impresa) / William Herrera Áñez*

00:00 / 06 de marzo de 2016

La reconocida relación sentimental del presidente Evo Morales con una alta ejecutiva de una empresa extranjera que casi monopoliza los megaproyectos contratados con el Estado constituye un hecho noticioso de interés público, cuya difusión está amparada por la Constitución y las leyes. Y, cuando colisiona el derecho a la privacidad y la libertad de expresión ¿cuál deberá prevalecer?

A propósito de este escándalo que vincula al presidente, la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CoIDH), mediante sentencia de 29 de noviembre de 2011 (caso Jorge Fontevecchia, Héctor D’Amico y Horacio Verbitsky vs el Estado argentino), ha dejado establecido que la libertad de expresión prevalecerá frente al derecho a la privacidad.

En este caso, la justicia argentina condenó a los referidos periodistas, director y editor, respectivamente, de la revista Noticias al resarcimiento de daños y perjuicios por haber publicado, en noviembre de 1995, dos artículos referidos a la existencia de un hijo no reconocido de Carlos Saúl Ménem, entonces Presidente de ese país, con una diputada y a la relación entre el primer mandatario y su hijo. La condena civil consideraba que se había violado el derecho a la vida privada de Ménem.

La cuestión central a resolver era “si la sociedad argentina tenía derecho a conocer la información publicada y, en consecuencia, debía prevalecer la libertad de expresión de los periodistas o si, por el contrario, el entonces presidente tenía derecho a mantener en secreto los datos revelados”.

Para la CoIDH, si bien la Convención Americana reconoce el derecho a la privacidad a toda persona, su nivel de protección disminuye en la medida de la importancia que puedan tener las actividades y funciones de la persona concernida para un debate de interés general en una sociedad democrática.

Para resolver el conflicto entre el derecho a la vida privada de un alto funcionario público y el derecho a la libertad de expresión, en primer lugar, es necesario verificar si realmente se produjo un daño cierto sobre el derecho supuestamente afectado.

En segundo lugar, cualquier alegato referido a la presunta vulneración de la vida privada debe obligar al juez a estudiar la información supuestamente revelada en el contexto en el cual se produce.

En tercer lugar, el factor decisivo para resolver este conflicto es la relevancia pública de la información, es decir, su capacidad para contribuir a un debate de interés general.

No obstante, el Tribunal Internacional aclaró que la información tiene relevancia pública cuando: a) de alguna manera, a pesar de tener un componente de vida privada, tiene que ver con las funciones que esa persona ejecuta; b) se refiere al incumplimiento de un deber legal como ciudadano; c) resulta un dato relevante sobre la confianza depositada en él, y d) se refiere a la competencia y las capacidades para ejercer sus funciones.

Con estas consideraciones, la CoIDH concluyó que la publicación era de interés público por cuanto trataba de: a) el posible uso del poder del Estado para fines particulares por parte del Presidente de la Nación; b) el posible enriquecimiento ilícito de una diputada; c) la posible existencia de amenazas de muerte contra el hijo del entonces presidente, y d) el incumplimiento del deber legal por parte del expresidente de reconocer al niño, acto que no es una mera liberalidad de los padres.

La sentencia aclaró que, tratándose del Presidente de la nación, no puede tener la expectativa de protección respecto de todos los hechos que ocurran en el ámbito de las relaciones sociales o en los actos que se desarrollan en contextos públicos o pudiendo ser observados por otros, a pesar de no tener naturaleza pública o no tener interés de que se divulguen.

También estimó que la publicación de las imágenes (fotografías) no constituyó una injerencia arbitraria en el derecho a la vida privada del señor Ménem.

La Corte Internacional consideró, en consecuencia, que la condena civil impuesta a los periodistas vulneró el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión reconocida por el artículo 13 de la Convención Americana.

Al final, la CoIDH resolvió no solo reconocer que la publicación periodística se encontraba protegida por la libertad de expresión y ordenó dejar sin efecto la condena civil, sino también devolver el dinero que habían pagado por concepto de daños y perjuicios.

*    Es jurista, autor de varios libros y presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC).

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