La Gaceta Jurídica

Coca y extradición

Estados Unidos pretende mantener una política antidrogas extraterritorial y agresiva, mientras que dentro de sus fronteras no se trabaja de manera eficiente para reducir la demanda de narcóticos, que no solo es satisfecha con cocaína, sino mediante sustancias nocivas de fabricación local.

Editorial

00:00 / 22 de mayo de 2016

El lunes, el presidente estadounidense Barack Obama puso en vigencia una norma aprobada en el Senado de su país con el argumento de que su aplicación “ayudará al Departamento de Justicia a preparar casos de extradición contra capos de la droga de la región andina”. De acuerdo con un reporte de bbc Mundo, la “ley transnacional de tráfico de drogas” determina la ilegalidad de la “‘fabricación o distribución’ de sustancias controladas de clasificación I y II ‘con conocimiento o teniendo un motivo razonable para creer’ que serán importadas ilegalmente a Estados Unidos”.

Como punto de referencia, las leyes de Estados Unidos definen a la coca como “sustancia controlada de clasificación II”, por lo que la medida permitirá perseguir fuera del territorio del imperio y extraditar a su jurisdicción a quienes son considerados en el circuito de producción y comercialización de drogas, por ejemplo, los cocaleros de los países productores.

Este alcance, a todas luces demostración de que el norte busca recuperar hegemonía y presencia armada extraterritorial, provocó molestias y rechazos en Estados sudamericanos productores del vegetal. Al respecto, según BBC Mundo, Ricardo Soberón, exzar antidroga de Perú y activista por una nueva política global de drogas, afirmó que la norma “es una muestra más de los intentos de Estados Unidos de hacer prevalecer sus intereses domésticos a los de la comunidad internacional” y que la medida “puede representar una espada de Damocles sobre verdaderos narcos, pero también sobre productores de coca”.

En los territorios sudamericanos, no solo en los cuatro productores, la coca tiene significación importante como producto beneficioso, así lo demuestra el consumo tradicional constatado de manera amplia, particularmente en Chile, Argentina y Brasil, además de los países de origen.  

En cuanto a su reconocimiento, en febrero de 2014, el Parlamento Andino determinó a “la Sagrada hoja de coca, en su estado natural, Patrimonio Cultural y Ancestral de los pueblos Andinos, debido a que está permanentemente presente en el uso medicinal, rituales ancestrales sociales y religiosos de los Pueblos Andinos”.

En el mismo sentido, de acuerdo al ejercicio soberano de defensa de la cultura y la identidad, el artículo 384 de la Constitución Política de Bolivia de 2009 establece que “el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social”; en el mismo acápite aclara que, “en su estado natural, (la coca) no es estupefaciente” y que “la revalorización, producción, comercialización e industrialización (de la hoja) se regirá mediante la ley”.    

En torno a esto, es fundamental considerar que Estados Unidos pretende mantener una política antidrogas extraterritorial y agresiva, mientras que dentro de sus fronteras no se trabaja de manera eficiente para reducir la demanda de narcóticos, que no solo es satisfecha con cocaína producida en Sudamérica, sino mediante otras sustancias nocivas de fabricación local. Por otra parte, es necesario que la situación lleve a que los productores de coca reflexionen sobre los destinos de la coca, pues es evidente que no toda la producción va al consumo tradicional y que la ampliación de cultivos de la hoja, en desmedro de otros productos agrícolas, es perjudicial.

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