La Gaceta Jurídica

Coca y ley

…las débiles experiencias en la industrialización no parecen ser muy significativas como para incidir en la demanda de materia prima, lo que también requiere de un impulso adecuado que no quede en micro y pequeñas empresas de infusiones y cremas que se distribuyen en un mercado interno que, además, es limitado para estos artículos.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 29 de octubre de 2013

Los parámetros acerca de la legalidad de la producción de coca en territorio nacional todavía no se han especificado para ser incluidos en la nueva legislación que se tiene en mente, aunque tampoco está definido el marco en el que se constreñirá la Ley de la Coca, pues existen varias propuestas sectoriales de las que sólo se tomaría como base las presentadas por el Consejo de Federaciones Campesinas Yungueñas (Cofecay) y de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, según señaló el senador oficialista Julio Salazar, y que seguro serán combinadas con la que es elaborada en el Ministerio de Desarrollo Rural.

Por el momento, el tema acuciante para construir un proyecto de esta ley es la falta de consenso, que, como es obvio, se circunscribe específicamente a las diferencias de percepción sobre la cantidad de hectáreas que deben ser legales. Al respecto, se conoce que el partido de Gobierno podría buscar la realización de una “cumbre de cocaleros” que defina el rumbo de un proyecto de ley único. Mientras tanto, de acuerdo con La Razón, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, adelantó que la vigente Ley 1008 del Régimen de la coca y sustancias controladas de 19 de julio de 1988 no necesariamente sería reemplazada y que, más bien, se fortalecería su marco normativo y en éste la nueva Ley se sustancias controladas sería más rígida, lo que da a entender que la 1008 sí sería reformada, por lo menos, en la parte que corresponde a las sustancias controladas, tema cuyo proyecto es trabajado en la cartera de Gobierno y sería presentado en noviembre.

Por otra parte, para encarar la legislación de la coca se encuentran pendientes los resultados del estudio integral de la hoja que financió la Unión Europea en la primera etapa y el Gobierno nacional en la segunda. Entre tanto, la Ley 1008 señala que la superficie tradicional de cultivos de coca no debe superar las 12.000 ha, pero en otras áreas de cocaleros se mantiene la postura de que este límite sea aumentado a unas 20.000, lo que quedaría pendiente de acuerdo a los resultados de ese estudio que debió considerar las variables de consumo tradicional del vegetal y su industrialización.

No obstante, los análisis sobre esta temática señalan básicamente que se mantiene la tendencia elevada del desvío de la coca a actividades ilegales o, más propiamente, de narcotráfico, por lo que una futura ley deberá incluir mecanismos de control más eficaces para que los destinos de la planta sean adecuados; por otra parte, las débiles experiencias en la industrialización no parecen ser muy significativas como para incidir en la demanda de materia prima, lo que también requiere de un impulso adecuado que no quede en micro y pequeñas empresas de infusiones y cremas que se distribuyen en un mercado interno que, además, es limitado para estos artículos.

La discusión sobre la Ley de la Coca parece apenas haberse iniciado, pero sin que sus argumentos se encuentren bien establecidos, más aún cuando es latente el caso de Apolo y las muertes provocadas por acciones presuntamente relaciones con el narcotráfico. Del mismo modo, es elocuente la intención de ampliar las áreas consideradas tradicionales para el cultivo del vegetal, pese a los daños que significa para los ecosistemas y para la conciencia de quienes se mueven en este negocio y sus derivaciones.

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