La Gaceta Jurídica

Coca y violencia

…esta actividad se desarrolla en diversos puntos y con la complicidad de lugareños. Esto, sumado a los hechos violentos, no hace más que reforzar la idea de que el negocio de la cocaína se encuentra más enraizado en varios sectores productores, pues las circunstancias perecen demostrar que no se trata de una simple defensa del cultivo para usos tradicionales...

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 22 de octubre de 2013

Las acciones de erradicación de cocales ilegales en el norte de La Paz han provocado este fin de semana un saldo de graves consecuencias cuando un grupo de la Fuerza de Tarea Conjunta (ftc) fue emboscado en la región de Apolo por comunarios armados que se niegan a que se cumpla esa labor. Según los datos difundidos por el Ministerio de Gobierno y otras fuentes, por lo menos 26 comunidades están involucradas en el cultivo irregular del vegetal y que en los actos violentos del sábado participaron miembros de unas cinco de éstas.

Si bien los representantes cocaleros de esa zona niegan que hubiesen preparado una emboscada y alegan que se defendieron ante una arremetida violenta de los uniformados, es por demás alarmante que en sus manos existan armas de fuego de grueso calibre y que no corresponden a las del tipo comúnmente utilizado para la cacería.

De hecho, los relatos de los soldados y policías heridos coinciden en que fueron recibidos a balazos desde una sierra mientras avanzaban para cumplir con la erradicación y que después de este ataque se habría procedido a la persecución de sospechosos en casas y propiedades. En todo caso, la muerte de dos uniformados a consecuencia de la refriega y el todavía no confirmado deceso de otras tres personas contadas como desaparecidas obligan a que las autoridades de Gobierno, del Ministerio Público y de las propias instituciones militares y policiales apuren las investigaciones para identificar y procesar a los responsables.

Al momento existen varias personas detenidas y se ha iniciado un trámite de acusaciones con la identificación de varios delitos, entre ellos asesinato, con los que se iniciaría las causas; sin embargo, el asunto es de mayores connotaciones debido a que funcionarios de alta jerarquía del propio Ministerio de Gobierno han señalado que es muy probable que en la zona y en el mismo hecho se encuentren involucrados narcotraficantes extranjeros en complicidad con bolivianos y comunarios productores de coca.

Al mismo tiempo, se ha confirmado que en la región amazónica de Bolivia continúan operando avionetas del narcotráfico, porque los controles no son suficientes y se reducen a los operativos por tierra, lo que implicaría que esta actividad se desarrolla en diversos puntos y con la complicidad de lugareños.

Esto, sumado a los hechos violentos, no hace más que reforzar la idea de que el negocio de la cocaína se encuentra más enraizado en varios sectores productores, pues las circunstancias perecen demostrar que no se trata de una simple defensa del cultivo para usos tradicionales, menos cuando se trata de áreas en las que no se contempla el cultivo con la categoría de tradicional.

Del mismo modo, la colonización de esas áreas por parte de pobladores de las tierras altas ha significado la habilitación de terrenos para el cultivo de coca en desmedro de la vocación de la tierra amazónica, actividad que junto a la deforestación implica daños en los ecosistemas y genera comportamientos ligados a la búsqueda de elevados ingresos mediante la violación de leyes y la vulneración de los derechos de la Madre Tierra, pese a la protección que debe aplicarse mediante una ley vigente que lleva esta denominación. Asimismo, los derechos humanos se ponen en grave peligro con prácticas de este tipo.

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