La Gaceta Jurídica

Código Penal del Vaticano

…con la firma del Decreto “motu proprio” la cabeza de la Iglesia Católica arranca un proceso básicamente de actualización normativa para acompañar a la legislación internacional moderna que regula esos y otros delitos.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 12 de julio de 2013

Desde mucho que la administración vaticana es blanco de comentarios acerca de la administración de sus recursos monetarios a través del banco de su propiedad, que fue objeto de sospechas acerca de movimientos irregulares y procedimientos sinuosos que alcanzan el nivel de delitos, incluso de tipificación internacional; asimismo, las múltiples denuncias y casos de sacerdotes involucrados en actos irregulares en torno a lo económico y, en especial, en abusos sexuales a menores de edad fue un dolor de cabeza para los dos últimos pontífices, Juan Pablo ii y Benedicto xvi, responsables visibles ante el mundo de la administración del Estado más pequeño del planeta.

Antes de renunciar a su cargo, Benedicto xvi ya había incursionado en el “saneamiento” interno de la Iglesia y sus niveles de representación en todo el mundo, promoviendo la cooperación a las autoridades ajenas al Vaticano para sancionar delitos de sacerdotes y miembros del clero, además de aplicar destituciones de religiosos que ocupen cargos de obispos o simples sacerdotes y que hayan actuado contra las leyes.

Pero estos pasos parecen haber sido superados con mayor determinación por el actual papa Francisco i, al aprobar una reforma al Código Penal de la Santa Sede, que estaba vigente desde la creación de este Estado en 1929. En ese sentido, con la firma del Decreto “motu proprio” la cabeza de la Iglesia Católica arranca un proceso básicamente de actualización normativa para acompañar a la legislación internacional moderna que regula esos y otros delitos.

Del mismo modo, instituye mecanismos para que los tribunales vaticanos juzguen crímenes reconocidos por las convenciones internacionales y que ahora, con la medida, están incluidos en las leyes vaticanas, entre ellos se cuenta  la tortura, discriminación racial, genocidio y “el conjunto de la categoría de los delitos contra los menores: la venta, prostitución, alistamiento y violencia sexual contra ellos, la pedopornografía, la posesión de material pedopornográfico y los actos sexuales con menores”. (Tipificaciones que parecían innecesarias de existir entre personas de práctica religiosa, pero las obviedades no son una realidad).      

Este nuevo espectro preceptivo del catolicismo incluye los temas referidos a los “delitos contra la seguridad, los intereses fundamentales y el patrimonio de la Santa Sede” y tienen que ver con el castigo a la divulgación de información confidencial y actos de corrupción reforzando los poderes de los tribunales del Vaticano para confiscar y embargar bienes de manera preventiva, extraditar y cooperar en las acciones judiciales internacionales.

Si bien el reajuste a las leyes del Estado religioso no entrará en vigencia a partir de la promulgación del documento, como sucede normalmente en todo el mundo (lo harán recién el 1 de septiembre, posiblemente dando tiempo para disimular muchos hechos), es necesario destacar este impulso que deberá ser el marco de acciones para lo que el mismo Papa pidiera en abril, que se actúe “con determinación” contra los abusos sexuales del clero y para mantener el control que inició sobre el Instituto para las Obras de Religión (ior), conocido como Banco del Vaticano. De este modo, la feligresía y el resto del mundo verán con otros ojos al pequeño territorio y a sus instituciones.

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