La Gaceta Jurídica

  • La Gaceta Jurídica

Combatir el delito con una apropiada política

Un clima de paz y armonía es algo que toda la sociedad aspira, pero, en la actualidad, esto es alterado por el delito y el crimen. La situación es cada vez más crítica y compleja en cuanto a la Seguridad Ciudadana e incita a organizaciones civiles a contribuir para formular una propuesta de política criminal participativa.

La Gaceta Jurídica / Raúl Morales Romero

00:00 / 03 de febrero de 2012

El presidente de la Red Participación y Justicia (rpj), Jaime Álvarez, presentó en pasados días las conclusiones de la propuesta de Política Criminal, socializada en los nueve departamentales entre instituciones gubernamentales y organizaciones sociales que demandaron la implementación de estrategias que defiendan y preserven la seguridad ciudadana; situación que enfrenta al habitante en condiciones de desamparo frente a múltiples formas que adquiere el delito.

El fenómeno de la inseguridad afecta a todo el país, siendo difícil su control debido, muchas veces, a la asignación de recursos para entidades de seguridad a cargo del Estado, la falta de un Código Penal más inflexible y una adecuada lectura de los jueces en el momento de hacer cumplir la ley. Para Álvarez, toda política criminal busca asegurar a la sociedad una vida tranquila y libre de conflictos y tensiones sociales o individuales que atenten contra ellos.

En este sentido, involucra necesariamente tres aspectos: la prevención, el control y represión del crimen.

Para todo esto –dijo– fue necesario plantear en los nueve departamentos una propuesta que congregue a todos y todas para que identifiquen dónde se inician y finalmente posibilite al Estado combatir y controlar los comportamientos delictivos, perturbadores de la convivencia armónica y pacífica de la sociedad. Encuentros departamentales

Santa Cruz

La capital cruceña conoció la propuesta planteada por la rpj, allí asistieron al debate representaciones del gobierno departamental y municipal, Iglesia, Policía, Ejército, jueces, abogados y organizaciones e instituciones de la sociedad civil.

La secretaria técnica de la rpj, Faride Tirado, explicó que las mesas que trabajaron en el tema de Justicia Plural y Política Criminal plantearon la readecuación de las normas  en el ámbito penal, los recintos penitenciarios y la delimitación de competencias en el ámbito territorial y presupuestario.

Mientras tanto, miembros de la Brigada cruceña de Protección a la Familia propusieron trabajar leyes, penas duras y atacar el grado de delincuencia, además de mantener políticas preventivas, educativas y rehabilitadoras a mediano y largo plazo.

“Las cárceles no están rehabilitando a los delincuentes, la familia está abandonada al igual que a niñez, además, no hay un compromiso institucional y las responsables deben ser la Iglesia, apoyada por el Estado, y sociedad civil”, manifestó.

Beni, Trinidad

El secretario ejecutivo de la rpj,  Silvestre Vidaurre, informó que el trabajo de las distintas mesas en Trinidad  clarificó la problemática del delito a través de valores éticos, morales y de equidad de género para que la sociedad avance cualitativamente.

“Unas causas visualizadas fueron la falta de empleo que lleva al delito. También se menciona la corrupción evidenciada en fiscales, Policía y autoridades, cosa que en el fondo beneficia a los delincuentes”.

Al referirse Vidaurre al ámbito jurisdiccional de la Ley de Deslinde, dijo que los partícipes expusieron acerca de que las comunidades no toman en su jurisdicción delitos graves. Se deberá tratar de compatibilizar a ambas justicias y mecanismos para que se haga un trabajo conjunto.

El auditorio planteó la creación de un ente coordinador entre los niveles de Estado para efectivizar la política criminal, que sea concordante con la seguridad ciudadana, sin que ello signifique contravención de funciones, además de la transversalización de la educación preventiva y política criminal.

Por otro lado, los concurrentes solicitaron utilizar el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (idh) para cubrir gastos de la Policía, pues el rol del Estado deber ser preventivo y coordinador. Tarija

La vicepresidenta de la rpj, Verónika Sandy, informó que la discusión de los grupos fue intensa, ya que se relataron las historias que vivieron los miembros.

El inicial planteamiento de los presentes fue que la Ley de Deslinde capacite a los administradores de justicia ordinaria y comunitaria, de la misma forma, socializar sus alcances y,  si es necesario, llegar a todas las comunidades, no solo a los administradores.

Asimismo, demandaron la concienciación del Estado para que sus miembros participen en la elaboración de la política criminal sostenible a largo plazo (10 años). Del mismo modo, la implementación de medidas de seguridad reales implica que participe el vecino, el escolar y el universitario en la cultura de la denuncia, declaró Sandy.

Para los representantes tarijeños hay una indiferencia hacia el delito, por ello se debería contar con una política para realizar una educación preventiva vía medios de comunicación y ser éstos los que encabecen la tarea, sin realizar ningún cobro.

Cochabamba

Consultada, la representante de la rpj, Patricia Salguero, informó que los delegados de esta región requirieron crear un organismo interinstitucional con apéndice del Ministerio de Gobierno en el departamento, además de programas de reinserción y control social dentro de la Policía, Gobernación, Alcaldía y organizaciones sociales.

Los jueces, fiscales y funcionarios judiciales deben apegarse a cumplir la ley.

Los medios de comunicación deben empezar a difundir normas de tránsito y convivencia pacífica, esto a través de políticas comunicacionales de educación a la sociedad.

Salguero explicó que los presentes pidieron analizar las funciones del  Estado, tribunales, Ministerio Público, operadores de justicia y si estas instituciones están trabajando coordinadamente en la lucha contra el crimen.

La Policía está obligada a prestar su servicio en forma oportuna gratuita y pronta, sin recibir coimas, tal y como establece el Estado; el trato debe ser amable, la justicia debe ser gratuita para que donde la víctima pueda acceder a un abogado sin pagar trámites costosos y que las víctimas sean protegidas.

Pando, Cobija

Para presidente de la Red, Jaime Álvarez, los grupos de trabajo en esta región exhortaron a los padres no descuidar a sus hijos para evitar que se junten con malas compañías; también que exista una adecuada administración de justicia sin parcialidades y con funcionarios probos, transparentes y eficientes.

Asimismo plantearon la socialización de la Ley de Deslinde Jurisdiccional en el marco constitucional para definir la jurisdicción de cada tipo de justicia, además de que el Estado concretice una política criminal participativa que se construya entre todos y tome las diversas opiniones y realidades; por otro lado, la terapia ocupacional es importante, ya que se debe reincorporar socialmente a los reclusos.

Es necesario mejorar el presupuesto para invertido en luz eléctrica en los barrios periféricos, módulos policiales, equipamiento para la Policía y vehículos, subrayó Álvarez.

Potosí

Durante una prolongada reunión sobre el tema, los representantes potosinos demandaron la implementación de una política criminal en base a cuatro puntos. El Estado debe participar desde los enfoques subjetivo y objetivo; también la ciudadana por medio de cursos de capacitación y prevención del delito.

Señalaron que la reinserción social es necesaria, porque la sanción por medio de la pena en recintos carcelarios no permite reinsertarse en la sociedad a los privados de libertad, ya que han estado en contacto con otros delitos y delincuentes. 

El asistente del proyecto, Rodrigo Gonzales, comunicó que  la representación de este departamento solicitó la modificación de las sanciones en la normativa penal con una dura sanción a la flagrancia, además de existir una política de destino de presupuesto claro para la prevención del delito; igualmente se anotó la creación de un Consejo de Seguridad que incluya a instituciones públicas y privadas.

Reforzar los servicios de auxilio policial, médicos, judiciales y sicológicos a través de módulos de asistencia barrial con equipos interdisciplinarios es importante, junto a las normas restrictivas de consumo de alcohol, situación que se evidencia en crecimiento en Potosí. Sin embargo, las normas prohibitivas deben prevenir, añadió el coordinador.

Por último, se habló de reorganizar el sistema penitenciario en cuanto a infraestructura, rehabilitación y readaptación, ya que en las cárceles se aprende más aspectos del delito.

Oruro

Para la orureñidad, las características fundamentales de la nueva política criminal tendrían que establecer que la justicia no solo sea para el delincuente, sino para la víctima, ya que las normas favorecen al malhechor.

La secretaria técnica, Faride Tirado, explicó que esta representación alentó a tener una justicia pronta y gratuita, evitando la sobrepoblación penitenciaria. Por lo tanto, transparentarla mediante el acceso público para que todos conozcan qué está pasando con los administradores de justicia, delincuentes y litigantes.

La aplicación de la norma en delitos de flagrancia debe ser rigurosa, en estos casos la recomendación es evitar la retardación de justicia para castigar y resarcir rápidamente.

El Estado debe entender cada sistema jurídico para que de esa manera pueda proteger él mismo, creando políticas criminales acordes a los usos y costumbres. La relación de la política criminal y pueblos indígena originario campesinos debe sustentarse bajo parámetros de coordinación, informó la secretaria técnica de la rpj.

Chuquisaca

Para las instituciones chuquisaqueñas correspondería un ámbito de coordinación entre los niveles nacional, regional y municipal, debido a que el Estado tiene lineamientos generales a través de ministerios y organismos del Poder Ejecutivo. Que la sociedad civil se convierta en pilar fundamental, organizando grupos zonales que transmitan a todos los vecinos temas de prevención, fue otra propuesta.

Preservar y controlar la seguridad ciudadana mediante el cumplimiento de las leyes establecidas en coordinación con los autores e instituciones involucrados, bajo políticas de principios y valores respetando los derechos y garantías, se insistió.

La policía y demás instituciones involucradas en  temas de seguridad ciudadana deben tener una estrecha relación con las juntas vecinales para que juntos elaboren planes, programas de prevención y formación a toda la población en general.

La Paz

Las mesas de diálogo de la representación paceña exteriorizaron los temas de la justicia restaurativa (castigo, resarcimiento de daño y rehabilitación), que es lo que el Estado boliviano a través del Ministerio de Justicia trazó. El tema de la interculturalidad, la descolonización de la justicia y la despatriarcalización, fueron otros puntos.

El coordinador de proyectos, José Luis Vargas, afirmó que las ponencias de varios sectores presentes fueron reclamar  acerca de que cuando una persona es aprendida y tiene ocho horas para ser presentado ante el Fiscal, sus declaraciones antes de ver a esta autoridad no tienen validez legal, situación que claramente no es lógica y permite que el delincuente distorsione la realidad y, por lo tanto, se beneficie, ya que el acceso a la información se vuelve complicada.

Las nuevas leyes crean nuevos delitos, esa circunstancia empeora la situación de la política criminal, se debe buscar rehabilitar al delincuente, prevenir el delito y reprimir el delito; una persona que entra a la cárcel por estafa no puede estar en el mismo ambiente de una acusada de asesinato; en las características de la política criminal, esta debe proteger al imputado, pero debe buscar resarcir a la víctima para que no quede en indefensión.

La intención del gobierno es ordenar el Código de Procedimiento Penal para que cumpla con los aspectos de celeridad, simplicidad, eficacia y efectividad. La separación de delitos y contravenciones es importante y debe de alguna forma ayudar a diferenciar de una manera más práctica la política criminal nacional, explico Vargas.

Es periodista e investigador.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia