La Gaceta Jurídica

Comentarios al Código Procesal Constitucional de Bolivia (*)

Apunte legal - Parte I

Alan E. Vargas Lima

00:00 / 28 de julio de 2015

Habiendo transcurrido tres años desde la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Constitucional de Bolivia, en consonancia con el fenómeno de Codificación del Derecho Procesal Constitucional  a nivel latinoamericano, resulta importante precisar algunos aspectos sobre el surgimiento y evolución de los estudios sobre la materia en nuestro país.

Asimismo, queremos destacar la importancia del reciente aporte académico de la flamante Asociación Boliviana de Derecho Procesal Constitucional (abdpc), plasmado en la publicación del Libro colectivo denominado: “Código Procesal Constitucional de Bolivia. Doctrina, Jurisprudencia Constitucional y Legis-lación Comparada”.

Surgimiento del Derecho Procesal Constitucional en Bolivia

El Derecho Procesal Constitucional, constituye una disciplina jurídica relativamente nueva (al menos en Bolivia) (1), aunque desde hace algunas décadas atrás, circulaba con bastante aceptación en los demás países de Latino-américa, estrechamente vinculada al estudio de los procesos constitucionales y los mecanismos de defensa de la Constitución.

En el caso de Bolivia, conviene destacar que fue la adopción del sistema de control concentrado de constitucionalidad (modelo europeo-kelseniano), a través de la reforma constitucional de 1994.

Esto último, originó la implementación del Tribunal Constitucional, como máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución, lo que dio lugar al surgimiento de una nueva disciplina jurídica, denominada Derecho Procesal Constitucional, que básicamente, se define como aquella disciplina especializada del Derecho Público.

Esta disciplina estudia los diversos sistemas y modelos de control de constitucionalidad, como mecanismos de defensa de la Constitución, así como las normas que regulan la estructura, organización y funcionamiento de los órganos encargados de ejercer el control de constitucionalidad, además de los procesos constitucionales, mediante los que se resuelven las controversias constitucionales, de acuerdo a los procedimientos legalmente establecidos para su tramitación (2).

En otras palabras, esta disciplina realiza un estudio teórico-doctrinal, normativo y jurisprudencial sobre los sistemas existentes para la defensa de la Constitución (a través del control de constitucionalidad), analizando sus fundamentos jurídicos y políticos, los diversos modelos de control de constitucionalidad adoptados en el mundo (difuso y concentrado, con una virtual convergencia entre ambos), los mecanismos y vías de control, defensa e interpretación de la Constitución.

Asimismo, estudia también los procedimientos jurisdiccionales que deben emplearse para efectivizar el control de constitucionalidad (en el ámbito normativo, competencial y/o tutelar), comprendiendo el conjunto de acciones desarrolladas por los jueces y tribunales encargados de administrar justicia constitucional.

Estos últimos, referidos a la interpretación constitucional, la legitimación activa y pasiva, los procedimientos de tramitación de los recursos y/o acciones constitucionales, las sentencias constitucionales, en cuanto a sus efectos vinculantes, incluyendo, el estudio de la jurisprudencia constitucional.

Evolución normativa del Derecho Procesal Constitucional

Por otro lado, respecto al desarrollo normativo que ha tenido el Derecho Procesal Constitucional en Bolivia, corresponde diferenciar las siguientes etapas:

1. La primera se inicia a partir de la aprobación de las Reformas Constitu-cionales de los años 1938 y 1967, donde se consagraron garantías jurisdiccionales específicas para hacer efectivos los derechos de las personas, a través de los Recursos Constitucionales de Habeas Corpus ­–incorporado a la Constitución mediante el Referéndum Popular el 11 de enero de 1931–, para proteger el derecho a la libertad física o de locomoción, activándose a favor de toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente detenida, procesada o presa (según su configuración primigenia).

Además podemos mencionar el Amparo Constitucional –incorporado mediante la reforma constitucional de 1967–, que procede contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías de la persona, reconocidos por la Consti-tución y las leyes, constituyéndose ambas, en garantías constitucionales esenciales para el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales.

2. Esta segunda etapa surge a través de las Reformas Constitucionales efectuadas en los años 1994 y 2004.

En la primera de ellas, se intentó consolidar la seguridad jurídica y fortalecer el orden constitucional, reformando la estructura del entonces Poder Judicial (actual Órgano Judicial), mediante la creación del primer Tribunal Constitucional en Bolivia como máximo guardián e intérprete jurisdiccional de la Constitución, asignándole la función exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes.

Con respecto a lo anterior, tuvo efecto, ya que sus decisiones tienen carácter vinculante y son de obligatorio cumplimiento para todos los órganos del poder público.

Ello, indudablemente, supuso la instauración del sistema de control jurisdiccional concentrado de constitucionalidad en nuestro país, lo que fue ratificado mediante la aprobación de la Ley Nº1836 de fecha 1º de abril de 1998, que rigió su estructura, organización y funcionamiento, hasta el 2010.

En la segunda reforma, se consideró pertinente la incorporación del Recurso de Habeas Data, como garantía constitucional a favor de quienes, de manera indebida o ilegal, se encuentren impedidos(as) de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de sus datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético, informático en archivos o bancos, de datos públicos o privados que afecten su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal y familiar, a su imagen, honra y reputación reconocidos en la misma cpe.

Continuará

Notas

(*) Artículo publicado en la revista del Centro de Estudios Constitucionales de Chile - Universidad de Talca, Estudios Constitucionales, año 13, Nº 1, 2015, pp. 431-444, en: http://www.cecoch.cl/htm/revista/revista_13_1_2015.html 

1. Se trata de una “nueva” disciplina, en sentido de que no se encuentra muy desarrollada a través de estudios especializados sobre la materia en nuestro país, que se refleja en su falta de inclusión en muchos de los Programas de Estudio de nuestras Facultades de Derecho. De ahí que son muy contados los estudios o libros escritos sobre la disciplina en Bolivia, encontrándose entre los más sobresalientes, las publicaciones realizadas en el 2007 por los ex Magistrados José Antonio Rivera, René Baldivieso Guzmán y Pablo Dermizaky; sin dejar de lado, el importante aporte realizado por Henry Pinto Dávalos, Marcelo Machaca Cahuana y Eduardo Centellas, en sus recientes publicaciones relativas al Derecho Procesal Constitucional.

2. Cfr. Rivera Santivañez, José Antonio, Temas de Derecho Procesal Constitucional. Cochabamba, Bolivia, Grupo editorial kipus, 2007, pág. 19.

Es miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, Secretario Académico de la Asociación Boliviana de Derecho Procesal Constitucional, abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano.

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