La Gaceta Jurídica

Comisión de la verdad

…bajo ningún régimen de gobierno se “desclasificó” estos documentos, si es que todavía existen, pese a que hay mecanismos para esclarecer estos hechos, tal como señala el artículo 111 de la Constitución de 2009, los delitos “de lesa humanidad (…) son imprescriptibles”.

Editorial

00:00 / 20 de diciembre de 2013

En la historia nacional, la que debe considerarse todavía como reciente, están aún pendientes las muertes, torturas, afectaciones psicológicas y morales y las desapariciones en los años de las dictaduras militares, por lo menos en lo que corresponde a un periodo cercano a 20 años, es decir, desde el 4 de noviembre de 1964, cuando el uniformado René Barrientos tomó el poder, hasta el 10 de octubre de 1982, cuando se retornó a la democracia.

En ese lapso iniciado hace casi 50 años se perpetraron esos y otros delitos contra los derechos humanos, mientras los datos e información de ellos permanecen como “secreto militar” o de otra índole en edificios castrenses como una forma de protección a los responsables e involucrados en los hechos.

Hasta el momento, bajo ningún régimen de gobierno se ha buscado “desclasificar” estos documentos, si es que todavía existen, pese a que hay mecanismos para esclarecer estos hechos, tal como señala el artículo 111 de la Constitución Política del Estado de 2009, “los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria, crímenes de guerra son imprescriptibles”.

En otras partes de Sudamérica, que fueron también escenario de dictaduras con saldos graves contra los derechos humanos, se consiguieron investigaciones que pusieron en los banquillos de acusados a militares y colaboradores civiles involucrados en violaciones de diverso grado, lográndose sentencias de cárcel de distinta duración. Esto, pese a que no ha terminado totalmente y se continúa con procesos y búsquedas de culpables, es un gran paso contra la impunidad en temas de atentados contra las personas y sus posiciones políticas.

En Bolivia el principal logro contra estos abusos ha sido el juicio de responsabilidades contra el dictador Luis García Meza, quien ahora cumple una condena de 30 años de prisión sin derecho a indulto, al igual que su principal colaborador Luis Arce Gómez. Si bien en este proceso conducido por Juan del Granado fueron condenados varios otros acusados, es también cierto que unos quedaron apartados del sumario y otros liberados luego de diferentes condenas.

Antes de ese evento que dio pie a la continuación de investigaciones sobre otras dictaduras, se tiene como antecedente el inicio de una causa similar contra Hugo Banzer Suárez, que quedó trunco por la desaparición forzada de su promotor, el entonces diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz. Luego de estos dos episodios, las investigaciones a miembros de las dictaduras de esos periodos quedaron en la nada hasta hoy, momento en que parece que se abre un resquicio para continuar con esta deuda del Estado para con la historia nacional y con los ciudadanos y ciudadanas afectadas.

En este sentido, esta semana el Senado nacional aprobó un proyecto de ley que busca develar secretos de dictaduras mediante la creación de una “comisión de la verdad”, instancia que estará conformada por seis instituciones e intentará acceder a los secretos militares de los periodos de dictadura. Si la ley es promulgada, la comisión coordinará con otras instituciones para identificar a responsables de violaciones a los derechos humanos y esclarecer las desapariciones forzadas.

Lo que se espera de esa labor es que los encargados de la comisión cumplan de la mejor manera su misión y que en instancias castrenses no existan mayores impedimentos y actitudes de encubrimiento.

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