La Gaceta Jurídica

Comité de Jurisdicción Indígena Originaria Campesina

Legislación e iniciativas

El ente legislativo aún es deficitario en iniciativas indígenas.

El ente legislativo aún es deficitario en iniciativas indígenas. Foto: adolfomendozasenador.blogspot.com

La Gaceta Jurídica / Wilman Cardozo Surriabre

00:00 / 13 de julio de 2012

El Comité de Jurisdicción Indígena Originaria Campesina es parte de la Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp) de Bolivia y, lamentablemente, en este momento no se trabaja iniciativas indígenas en pro de la pronta y efectiva aplicación de la Justicia Indígena.

La propia Cámara de Diputados está abocada a otras leyes que vienen pensadas y diseñadas desde el Órgano Ejecutivo y, en lo que se refiere a iniciativas legislativas sobre el tema indígena-campesino, poco o nada llega al comité. No se sabe qué es lo que pasa con los indígenas, la propia Constitución Política del Estado (cpe) los faculta y establece claramente sus derechos. En todo caso, son casi nulos los proyectos de ley que hayan radicado en el Comité.

Fundamentalmente, es que el proceso autonómico en sí –es decir, las autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas– están paralizadas en el país. El gobierno está con otra visión de país y no está dando impulso al proceso autonómico; el Ministerio de Autonomía prácticamente ha desaparecido del mapa a nivel nacional.

Quienes deben dar pautas y asesoramiento sobre los derechos que tienen a la ciudadanía, a los propios indígenas, son los técnicos de dicho Ministerio. Por eso, aseguramos que prácticamente el proceso autonómico está parado en el país y lo señalado es uno de los motivos fundamentales para que no se otorgue importancia a lo que significa un logro histórico denominado “autonomía indígena”.

La implementación de la autonomía indígena no es una prioridad para el gobierno, no es una política de Estado. Por otra parte, ninguno de los gobiernos departamentales ni los municipios autonómicos ha adecuado sus Estatutos a la cpe. No ha habido interés: están con otros temas en agenda, priorizan leyes judiciales, leyes procesales, a lo único que dan atención es a la propia judicialización del Estado, pero no lo que realmente le interesa.

Los propios indígenas están haciendo gran esfuerzo de acuerdo a sus alcances y posibilidades para aprobar sus Estatutos en los lugares o comunidades donde se ha dicho sí a la autonomía indígena como en Charagua, Santa Cruz, y otros territorios indígenas. Lamentablemente, no hay muchos avances ni voluntad política del Estado.

Desde la salida de Carlos Romero del Ministerio de Autonomía, este ministerio prácticamente ha desaparecido del contexto nacional y tan solo es un nominativo. La autonomía se cae a pedazos ya que la gente que actualmente maneja este ministerio no entiende la importancia ni el proceso autonómico tal como se lo concibió en un principio.

A esto se suma las limitaciones en la cpe Plurinacional de Bolivia y en la Ley Marco de Autonomías, un Ministerio de Autonomías prácticamente paralizado y, para rematar, contamos con un Órgano Legislativo que prácticamente trabaja y hace leyes en función del Órgano Ejecutivo y no en función de la iniciativa ciudadana, indígena y campesina, ni para qué hablar de iniciativas de niveles subnacionales de gobierno.

El problema con la Ley de Deslinde Jurisdiccional es que el Gobierno ha metido esta ley en debate nacional, pero no existe más motivación al tratamiento o reglamentación para su aplicación. Con los actuales problemas, parecería que hay una especie de arrepentimiento del Gobierno de haber dado “muchas alas” a estos pueblos, temiendo que esto se puede volver un bumerán en contra del accionar de la administración de Estado.

Es por esto que al Gobierno no le interesa hablar de estos temas, ni siquiera de Justicia Indígena Originaria Campesina, porque se puede convertir en un problema. Poniendo en práctica la Justicia Indígena Originaria Campesina con la Ley del Deslinde Jurisdiccional se podría complicar el tema de gobernabilidad o administración estatal. Creo que dicen “nos hemos equivocado en esto y al final vamos a convertirnos en un Estado totalmente ingobernable”, ese debe ser el motivo por el que frenan acciones a favor de las autonomías y de la aplicación de la Justicia Indígena Originaria Campesina.

Lo que ocurre con el Tipnis (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) es una muestra de ingobernabilidad. Lo mismo que ocurre con la región del Chaco y el tema de la consulta previa. Me imagino cuando se ponga en práctica la Justicia Indígena; el gobierno fue por lana y sale trasquilado, por eso ha puesto un alto a este proceso hasta que ordenarse y saber cuál es el norte al que van a apuntar, obviamente, con los derechos y discursos que han creado en torno al indigenismo.

*    Es diputado nacional y vocal del Comité de Jurisdicción Indígena Originaria Campesina. Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados.

    Tomado de: justiciaenlosandes.org

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