La Gaceta Jurídica

Competencia territorial de los tribunales de justicia

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Paláez G.

00:00 / 19 de octubre de 2012

Se han sucedido ya varios casos judiciales en los que se ha hecho una caprichosa interpretación de las leyes para que determinados e importantes procesos penales acaben en forma inopinada en distritos que parecen haberse escogido poco menos que al azar o por simple capricho, porque el suficiente respaldo legal, todavía no aparece.

Comencemos señalando que la Ley Orgánica del Poder Judicial, llamada ahora más simplificadamente Ley del Órgano Judicial, en su artículo 12 indica, respecto de la COMPETENCIA, que ésta “Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal una jueza o un juez o autoridad originaria campesina, para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto”.

El artículo 23 de la derogada y abrogada Ley de Organización Judicial de 19 de agosto de 1972 establecía un detalle que bien pudo haber sido recogido en la actual Ley del Órgano Judicial, al decir que “la competencia de un juez o tribunal para conocer de un asunto se determina en razón del TERRITORIO, de la NATURALEZA, MATERIA Y CUANTÍA DE AQUÉL Y DE LA CALIDAD DE LAS PERSONAS QUE LITIGAN”. De esta manera, se abarcaba aquel elemento en relación a todos los procesos posibles, sin descartar las leyes especiales que pudieran haber para casos específicos.

El artículo 49 del Procedimiento Penal contiene varias reglas especiales que ayudan a determinar la COMPETENCIA en relación al juzgamiento de los delitos. Señala, de esta forma, que serán competentes “el Juez del lugar de la comisión del delito” (o, como se llama, juez natural). “El juez de la residencia del imputado o el lugar en que éste sea habido”. “El juez del lugar en que se descubra las pruebas materiales del hecho”. “En caso de tentativa, será el lugar donde se realizó el comienzo de la ejecución o donde debía producirse el resultado”. “Cuando concurran dos o más jueces, igualmente competentes, conocerá el primero que haya prevenido”.

Sin embargo, analicemos el llamado proceso por “terrorismo”, que, en realidad, son I y II. Todos los sucesos en relación a este caso y la muerte de algunos de los supuestamente implicados en acciones de terrorismo, todos sin ninguna excepción, se dieron, tuvieron como escenario la ciudad de Santa Cruz. O sea, en este caso, debería haber tenido plena aplicación el caso 1 del artículo ya citado (49 del Procedimiento Penal), que es la Ley especial en el caso.

Es decir, los únicos jueces en materia penal que tenían competencia para conocer los procesos respectivos eran los que ejercían jurisdicción y COMPETENCIA en el TERRITORIO correspondiente a la ciudad de Santa Cruz. Empero, una larga serie de hechos, entre ellos que varios de los encausados no podían trasladarse a otro lugar (¿La Paz?) por razones de salud y que el Fiscal “temía por su vida” en Santa Cruz, acabaron llevando los procesos a Tarija (¿¡).

Primero que el Gobierno intenta algo contra las leyes especiales y es señalar a La Paz como centro de todo suceso que atente contra los intereses del Estado, porque aquella ciudad es del domicilio de todas las instituciones cabezas del Estado. O sea, un argumento sacado de los cabellos y que trastoca todo el ordenamiento jurídico nacional.

Pero ya es el colmo que, en el afán de sacar a esos procesos de sus “jueces naturales” (los de Santa Cruz), se acabe llevándolos a la ciudad de Tarija. ¿Cuál es el argumento legal para ello? Ni siquiera es aplicable el elemento de la “distancia”, que sólo puede tener aplicación, además, cuando se han agotado la TOTALIDAD DE LOS JUZGADOS DE UN DISTRITO JUDICIAL DETERMINADO.

Aquí, se han dado por agotados a TODOS LOS JUZGADOS EN MATERIA PENAL DE SANTA CRUZ y ya está, a TARIJA. ¿Al menos se ha tenido en cuenta el costo que esto significa para la justicia y las partes?

Pero enlacemos este caso con otro que es el llamado juicio por los sucesos del 24 de mayo en Sucre. Este proceso que comenzó donde debería, o sea en la ciudad de Sucre, donde supuestamente se cometió varios delitos de los que se acusa a integrantes de un anterior Comité Interinstitucional, ha acabado tramitándose en Padilla.

Nadie sabe por qué ni se han explicado con la suficiente claridad las razones legales para ello.

Es cierto que las famosas excusas y recusaciones constituyen en nuestro ordenamiento jurídico algo demasiado fácil de plantear y que, además, en la práctica resultan ser ilimitadas y por tiempo indeterminado. Pero, este hecho al que jueces y litigantes recurren con frecuencia para salirse de un proceso comprometido o complicado, o ambas cosas, tampoco puede dar lugar a otras irregularidades.

Acudimos aquí a la nueva Ley del Órgano Judicial que, palabras más o palabras menos, también ha recogido antiguas prácticas procedimentales, más las que corresponden a la “costumbre que también es fuente del derecho”.

El artículo 68 de la Ley del 24 de junio de 2010 se refiere al tema de las suplencias, anotando: “En los casos de excusa o recusación, o CUALQUIER OTRO IMPEDIMENTO de la jueza o el juez, el PROCESO PASARÁ A CONOCIMIENTO DEL SIGUIENTE EN NÚMERO DE LA MISMA MATERIA Y, POR IMPEDIMENTO DE TODOS LOS QUE CORRESPONDEN A LA MISMA MATERIA, el orden de suplencia será el siguiente, inciso 7): DE PENAL PASARÁ A LOS DE MATERIAL CIVIL Y COMERCIAL Y FAMILIA, EN ESE ORDEN”… Ni siquiera hay referencia del caso de llevar un proceso a otro juzgado del mismo distrito judicial (Padilla) y peor a otro distrito (Tarija).

Nos preguntamos, ¿para qué la Ley Especial, se ha tomado el trabajo de establecer en forma clara y completa REGLAS DE SUPLENCIA? De esta forma, todos los actos procesales de estos NUEVOS TRIBUNALES EN SUPLENCIA serán nulos y esos jueces podrán ser sometidos a procesos.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia