La Gaceta Jurídica

Comunicación y justicia ante la sociedad

La Comunicación –aún no reconocida como ciencia–, en sus casi 90 años de existencia como campo de estudio teórico en el mundo, ha desarrollado un sinfín de subsistemas y especialidades, entre los que se encuentra la comunicación institucional que, a su vez, se ha ido nutriendo de las matrices desarrolladas en el ámbito de las políticas, estrategias y planes de comunicación, en ese orden generatriz.

Los periodistas deben tener consciencia  de la situación para ayudar a mejorar la justicia.

Los periodistas deben tener consciencia de la situación para ayudar a mejorar la justicia. Foto: Archivo La Razón

La Gaceta Jurídica / Edwin Flores Aráoz

00:00 / 25 de octubre de 2013

En Bolivia, en el submundo de la comunicación institucional y/o corporativa ha surgido una especie de cultura académica (1)  tácita que, sin embargo, se expresa sólo desde la actividad profesional y no tanto desde la producción teórica y metodológica-técnica. Hoy, esta cultura académica es comprendida en los siguientes términos:

Existe una cultura académica cuyo objeto de referencia común son los procesos sociales de producción, circulación, intercambio y usos de significaciones y sentidos culturalmente situados y mediados o no por tecnologías. Dicha cultura consiste en un conjunto más o menos sistemático de proposiciones desarrolladas por autores fundamentales (Torrico, 2007:42).

No obstante, esos actores no han desarrollado un marco teórico nacional sobre la comunicación institucional y menos sobre una de sus especialidades: la comunicación judicial o la comunicación que se origina y desarrolla en los ámbitos donde se administra los procesos jurisdiccionales.

Para encarar un proceso de planificación en el campo de la comunicación (interna y externa) aplicada a los escenarios donde se desenvuelven las instituciones del Órgano Judicial y sus múltiples entornos sociales, públicos o grupos de interés, se requiere de un sustento teórico, metodológico y técnico, sobre todo si la misión es delinear políticas, estrategias e implementar planes o “campañas” destinadas al mejoramiento de la imagen y la reputación de las entidades estatales que administran justicia. 

Comunicación judicial

Veamos el principio. ¿Qué es la Comunicación? La pregunta fue respondida a partir de miradas geoepistemológicas, enfoques, corrientes, paradigmas teórico/ideológicos, metodológicos y desde disciplinas que se han ocupado de estudios parciales en el tiempo. A estas alturas, la visión reduccionista –entre otras– de la Comunicación al ámbito de los mass-media ha sido superada con el argumento de que la Comunicación –como campo de estudio– y la comunicación –como fenómeno– no comienza ni termina en los medios tecnológicos de gran alcance o  “medios masivos”.

La Comunicación es mucho más que los medios tecnológicos de alcance “masivo”. Es un proceso social de producción, circulación, intercambio y uso de significaciones y sentidos culturalmente situados y mediados o no por tecnologías que se desarrollan en ciertas condiciones históricas, sociales, económicas y culturales.

Aplicada esa definición a las necesidades de la “comunicación judicial”, se podría señalar que la misma es un subsistema y una especialidad de la Comunicación que responde a un proceso de producción, circulación e intercambio de mensajes, textos, contextos, datos, informaciones y unidades redaccionales entre administradores de justicia, litigantes, profesionales del derecho y autoridades judiciales situados en espacios socioculturales, políticos y administrativos donde se desarrollan actividades de las instituciones del Órgano Judicial y sus entornos sociales e institucionales. 

Si concentramos las actividades de Comunicación Judicial en la órbita de los medios masivos, tendremos necesidad de enmarcar los procesos de planificación e implementación en el llamado periodismo judicial que, no obstante su precaria construcción teórica, tiene una presencia empírica sólida en la agenda mediática, con su consecuente poder de influencia en la conformación de climas de opinión.

Planificación en Comunicación

Entre finales de los años 70 y principios de los 80, el boliviano Luís Ramiro Beltrán Salmón, reportero, periodista, comunicador, maestro y comunicólogo internacional, revolucionó el mundo de la planificación en comunicación en América Latina, Estados Unidos y Europa con su propuesta “El reino del planeamiento comunicacional” para contribuir a los procesos de desarrollo en un ambiente de libertades democráticas.

“Las políticas, estrategias y los planes comparten una característica primordial: son herramientas para trazar comportamientos conducentes a logros de determinados propósitos. Son artefactos normativos para moldear conductas como en la religión católica lo son el credo, los mandamientos y el catecismo”, recomendó el autor (Beltrán, R. 1987 p. 4).

Precisó que “la política es un conjunto de principios, normas y aspiraciones; la estrategia es un conjunto de previsiones sobre fines y procedimientos y el plan es un conjunto de prescripciones para regir operaciones. La política (objetivos generales) es doctrinaria, la estrategia (objetivos específicos) es metodológica y el plan (metas cuantitativas, tempo-espaciales y medibles) es ejecutivo”. “La política es raigal, la estrategia es troncal y el plan es ramal” (ídem.)

Delimitó que “la política es un mandato, la estrategia es un diseño y el plan es un aparato. La política tiende a ser más profunda que amplia, se expresa normalmente en enunciados cortos (slogans o lemas). La estrategia tiende a ser más amplia que profunda y el plan amplio y profundo con mayor precisión”.

Con estas puntualizaciones del “padre de las políticas de comunicación”, cualquier abordaje destinado a construir una política comunicacional, sobre todo para las necesidades del Órgano Judicial, para ser efectiva, debe ser explícita, integral y de largo aliento.

Por tanto, el desafío en este campo es construir un conjunto de normas integradas y duraderas, armonizadas en un cuerpo coherente de principios y valores para regir la conducta de todos los actores del sistema judicial boliviano y que incluya la totalidad de las actividades de comunicación, sean masivas o no masivas: internas, externas y/o mixtas  con la finalidad de administrar de manera planificada los procesos sociales de producción y circulación de mensajes destinados a mejorar la imagen de las instituciones involucradas en el ámbito judicial.

Son también valiosos los aportes de Schenkel (citado por Ciespal 1981 p.111), quien considera que la formulación de una política de comunicación debe contemplar “el respeto al pluralismo, la participación libre de todas las fuerzas sociales, con las consignas de progreso, justicia y pleno respeto a los derechos humanos en el marco de la comunicación democrática”.

El plan de comunicación social (Beltrán, R. 1993 p. 36) es un aparato operativo y ejecutivo del diseño de las estrategias que busca metas específicas en un marco cuantitativo y tempo-espacial (cronograma). Es el producto final de las políticas y de las estrategias. A esta parte del proceso de planificación pertenecen las llamadas “campañas de comunicación”.

Situación de la justicia

En Bolivia, al igual que en muchos países de la región, la justicia es el ámbito institucional de menor credibilidad ciudadana. Su imagen social está afectada por críticas a la falta de transparencia, mora en los trámites, falta de independencia económica y política y carencia de accesibilidad para el público y de participación ciudadana.

Por ello, la justicia tiene una materia pendiente que superar: la falta de legitimidad y credibilidad, cuyas causas son de fondo, históricas, estructurales y no simplemente económico-administrativos. 

Una media de las encuestas realizadas el 2011 y el 2012 por Ipsos, Opinión y Mercado y la organización “Estamos a Tiempo”, ubica a la justicia en los últimos peldaños de la preferencia ciudadana. El 83% de los consultados no cree en ella y sólo el 1% cree que es independiente. En este marco, se ha realizado diagnósticos sobre el Estado del Arte de la justicia boliviana. Lo que está faltando es lineamientos, mecanismos y acciones concretas para encontrar respuestas a las interrogantes más sensibles.

La implementación de la figura constitucional del control social en los niveles de la justicia es un tema que aún no ha merecido atención suficiente y esto tiene relación con el acceso a la justicia y la participación ciudadana en los procesos judiciales, de tal manera que los fallos tengan la legitimidad requerida.

Luego de los cambios estructurales, desde la aprobación de la cpe (2009) y la elección de magistrados por voto popular (2011), los sistemas de justicia ya no pueden ser espacios compartimentados fuera del alcance de la sociedad. Es necesario implementar una vigilancia social permanente para garantizar transparencia y eficiencia en la administración de justicia. Por tanto, se requiere encarar la problemática comunicacional en la justicia también desde una mirada estructural. Ese divorcio entre la justicia y la sociedad puede ser encarado con un manejo planificado de la comunicación institucional.

Empero, antes, es necesario encontrar respuestas contundentes a los problemas estructurales como el hecho de que la justicia boliviana tiene apenas el 0,15% del Presupuesto General de la Nación, es tratada como el “peor ministerio”, los 800 jueces no abastecen para 10 millones de habitantes; no hay infraestructura; los salarios del 90% de los funcionarios no llegan a 200 dólares mensuales; no existe suficiente apoyo tecnológico ni técnico; la carga procesal está “enterrando” a los jueces (penales sobre todo) con más de 5.000 causas en cada juzgado; las cárceles están al borde del colapso porque un gran porcentaje de detenidos no tiene sentencia.

Si esos males estructurales no son resueltos por los órganos del Estado no podrán ser encarados por la Comunicación que, en determinadas cuentas, es un contribuyente en la búsqueda de mejor percepción ciudadana y de mayor legitimidad entre sus públicos. Pero, su materia prima son los resultados de gestión y los niveles de eficiencia y transparencia del sistema judicial.   

El rol de los medios y las campañas

La imagen deficiente que tiene la justicia en la sociedad es también resultado de los flujos noticiosos e informativos que se reflejan en los medios de comunicación. Los medios, quieran o no las instituciones y sus protagonistas, sepan o no, son generadores de climas de opinión, unos más influyentes que otros. En ese orden, la disyuntiva de las autoridades judiciales ya no es tener o no tener una imagen social –que existe per se–, sino administrar o no esa imagen. Los que deciden administrarla deben saber que es por la vía racional de la planificación y no por el camino de la improvisación, dejando los sistemas comunicacionales al azar, que encontrarán resultados adecuados.

Y un proceso de planificación es el reino de la previsión; se requiere anticipar efectos con la finalidad de obtener resultados óptimos que respondan a los lineamientos estratégicos. Es por ello que, cuando se requiere diseñar una campaña de comunicación, ésta debe estar precedida de un diagnóstico certero y del conocimiento de un mapa contextual adecuado no sólo en el ámbito social y económico-político, sino, sobre todo, en el comunicacional, en el mediático. Para encarar un plan o campaña con medios, es necesario sembrar en un terreno fértil donde los protagonistas (periodistas) deben tener consciencia plena de la situación y de los propósitos que se tiene, porque se trata de una contingencia que al final del día mejorará las condiciones de accesibilidad, trato y eficiencia de la administración de justicia en beneficio de la ciudadanía y de la llamada seguridad jurídica, que es el epicentro de todo proceso de desarrollo.

En concreto, es necesario que los protagonistas de la campaña y sus mediadores tengan las herramientas teóricas, metodológicas y de conocimiento de la situación. Por ello, antes de lanzar una acción comunicacional de esa dimensión es necesario realizar un taller de capacitación en técnicas periodísticas y conocimientos básicos de la ciencia del derecho y los procedimientos para “especializar” a los actores en el manejo adecuado de los mensajes que se generan y fluyen en el marco de un periodismo judicial.

Porque, si tenemos el diseño de la campaña con antecedentes, objetivos, problematización, definición de canales, públicos, niveles de visibilidad, ejes argumentales, mensajes fuerza y procesos de producción, difusión, análisis, evaluación y ajustes, faltaría que los mediadores de esta contienda, para mejorar la percepción social de la justicia, estén preparados constitucional, legal, profesional, ética y estéticamente (manejo del lenguaje).

Es decir que se debería encontrar respuestas a: ¿los periodistas asignados al área conocen la estructura, los mecanismos, el contexto y los esfuerzos que hacen los administradores de justicia para mejorar el sistema? ¿Saben que en algunas salas del tsj (Tribunal Supremo de Justicia) se ha logrado el desafío de cero mora procesal? ¿Los periodistas conocen sus derechos y obligaciones establecidos en la cpe? ¿Conocen a detalle su Ley de Imprenta y las otras normas nuevas que aluden al trabajo periodístico? ¿Conocen, proclaman y practican sus códigos de ética? ¿Saben que en el manejo informativo/noticioso existen fronteras legales y de géneros periodísticos que, si son vulneradas, pueden afectar dignidades y libertades?

Nota

1. Wallerstein (1999:14), citado por Torrico 2007:43, entiende la cultura académica como un conjunto de premisas que la mayoría de los miembros de la comunidad científica comparte subconscientemente y que no están sujetas a debate sino rara vez. Y este tipo de cultura se da en un “campo institucionalizado, es decir, dotado de estructuras, dispositivos y jerarquías, tanto en el nivel de su enseñanza-aprendizaje como en el de su investigación-teorización y en el de su ejercicio profesional, aunque sin que se haya llegado a alcanzar una demarcación que le resultase autosuficiente y generalizable”.

*    Es magíster, docente universitario, periodista y profesional de la Comunicación Institucional.

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