La Gaceta Jurídica

Conducta juvenil y políticas

Habría que conocer si en tres años de vigencia de la Ley de la Juventud el Estado ha logrado poner en práctica algo de los objetivos o si ha conseguido iniciar y tiene encaminados planes de políticas juveniles…

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 16 de marzo de 2016

La golpiza recibida por una pareja de jóvenes la madrugada del 27 de febrero en una calle central de la ciudad de La Paz es otra evidencia de los acciones violentas en las que incurren algunos adolescentes y jóvenes al organizarse en pandillas y grupos, la mayoría de ellos “inspirados” por conglomerados similares, en especial, de países de Centro América y otros de la región.

Si bien el fenómeno de las pandillas no es nuevo, se trata de una conducta que ha recalado en actuaciones de diverso grado, las que suelen llegar a muertes y dimensiones de excesiva brutalidad como la registrada por una cámara de seguridad de un garaje y que sirvió para identificar a los malhechores.

Si bien esta no es la única situación de este tipo, porque de manera extraoficial se conoce hechos similares en cualquier punto del país, en especial en ciudades como La Paz, El Alto y Santa Cruz, no es extraña a ciudades capitales o a las intermedias de varias regiones del país.

Al respecto, y como una normativa preventiva, desde el 21 de febrero de 2013 en Bolivia se encuentra vigente la Ley de la Juventud que, entre sus principales postulados, incluye los deberes y derechos de los y las jóvenes, además de otros que corresponden a los políticas para la juventud a través de entidades y organismos especializados, la identificación de juventud en situación de riesgo, entre otros elementos que hacen a la responsabilidad del Estado con relación a este y otros grupos etarios.

Sin embargo, a raíz de esa golpiza de manos de unos pandilleros el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que el Órgano Ejecutivo elabora un proyecto de ley contra la delincuencia juvenil, con el objetivo de erradicar las pandillas, lo que vuelve a poner en tela de juicio el carácter de la normativa nacional que, de un tiempo a esta parte, pasó a tener un direccionamiento preventivo más que represivo.

Habría que conocer si en tres años de vigencia de la Ley de la Juventud el Estado ha logrado poner en práctica algo de los objetivos o si ha conseguido iniciar y tiene encaminados planes de políticas juveniles, los cuales deben estar sobre todo dirigidos a las poblaciones urbanas, donde las problemáticas etarias son recurrentes más que en las áreas rurales.

Las políticas juveniles deben enmarcarse en especial en la formación de valores que son inherentes a la condición de edad, atacando a las actitudes que niegan esos valores y hacen que los jóvenes y las jóvenes se desarrollen imitando sentidos de discriminación, abuso, complejos de inferioridad y superioridad, además que acciones de vulneración los derechos.

El artículo 42 (Educación) de la mencionada ley señala que el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, garantizarán a las jóvenes y los jóvenes en el ámbito de la educación integral, lo siguiente: 1. La prevención, sanción y erradicación de todas las formas y prácticas de discriminación, exclusión y violencia en el Sistema Educativo Plurinacional. 8. El reconocimiento y valoración de los conocimientos, aptitudes y potencialidades de las jóvenes y los jóvenes”.

Si al repasar esta norma encontramos otros aspectos que de ser puestos en práctica recuperarían los valores, estamos acertados en que la prevención es mejor que la represión.

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