La Gaceta Jurídica

Conductas reprobadas y penas en la comunidad

El Derecho Penal Colla (DPC) es un conjunto de principios, valores y normas sancionatorias establecidas en los usos y costumbres de esta nación y es un capítulo dentro la justicia comunitaria Colla. Este engloba a aquél, ya que la justicia comunitaria qulla también se encarga de solucionar problemas que no son específicamente, por decirlo así, penales, pero sanciona las conductas reprobadas.

Los amautas asumen las decisiones en este tipo de derecho consuetudinario.

Los amautas asumen las decisiones en este tipo de derecho consuetudinario. Foto: pressenza.com

La Gaceta Jurídica / Jorge Machicado

00:00 / 24 de septiembre de 2013

Una conducta reprobada es una acción u omisión de un individuo que lleva a la reprobación por parte de la comunidad a la que pertenece, conducta a la cual se le aplica una sanción. Las conductas reprobadas se dividen en leves, graves y gravísimas.

Las leves (peleas y riñas, adulterio del marido, violación, incesto, negativa de reconocimiento de hijo, separación de esposos, otros conflictos de orden intra y extra familiar) se castigan con trabajo comunitario.

En las graves (herencia, tierras, división de bienes, transposición de linderos, daños a cultivos) es el kamana quien administra justicia, acompañado por dos o más jilak’ätas. Las conductas reprobadas gravísimas son homicidio, robo, abigeato, incendio de sembradíos, conflictos de linderos intercomunales y adulterio de la esposa.

Penas

La pena de muerte es la más grave y se da en caso de reincidir en conductas reprobadas gravísimas tres veces. El destierro es la expulsión del terreno en el cual habita el ofensor; implica la desvinculación del sujeto con la comunidad. Es también una pena grave por conductas reprobadas gravísimas.

No existe la figura de la confiscación ya que en el derecho consuetudinario colla no hay propiedad individual, sino posesión individual y propiedad colectiva, ya que en esa cosmovisión una persona no puede ser propietaria de la diosa Tierra, la Pachamama.

Los latigazos son una pena siempre y cuando no se asemeje a la tortura, si fuera así se estaría vulnerando la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes adoptada por la Asamblea General de la onu el 10 de diciembre de 1984. Esta pena se da por conductas reprobadas leves. Pueden ser simbólicos, dependiendo de la resolución del jilak’äta.

Las multas en dinero, especie o trabajo comunal son aplicadas por conductas reprobadas leves. La institución penal generalizada la heterocomposición, que consiste en la reunión de las personas en conflicto más un tercero –el jilacata– quien trata de unir a las partes para que encuentre una solución al conflicto que tienen.

La privación de actividades se aplica en la celebración de una fiesta o en reuniones. En el trabajo comunitario el ofensor está obligado a realizar trabajos como limpiar acequias. El reproche es cuando el jilak’äta o las personas de la comunidad amonestan y reprenden por las conductas, reflexionando que si se repite las penas se volverán graves.

La pena es una prevención, se aplica para que no se vuelva a cometer. Tiene fin ejemplarizador, se toma como ejemplo a seguir para toda la comunidad.

Las conductas reprobadas leves se solucionan directamente dictando sanción, pero las graves son elevadas al Consejo de Jilak’ätas para que en asamblea o Amuyt’a sancionen la conducta reprobada. Si es gravísima, por ejemplo homicidio, el jilak’äta y el consejo llaman a una asamblea general de toda la comunidad para dictar sanción o pasar el caso a la justicia ordinaria. El proceso penal qulla es más expedito y de rápida sanción, además de seguir el principio de gratuidad.

Reconocimiento jurídico

La Constitución de Perú en su artículo 149 dice: “Las autoridades de las Comunidades campesinas y Nativas con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.”

La Constitución de Bolivia reconoce la jurisdicción indígena originaria campesina: “Artículo 179. I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley.

II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía”.

La Jurisdicción es la función pública realizada por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. Por acto de juicio se refiere a la valoración de las pruebas que hace el juez para determinar cuál de las partes tiene la razón.

Las autoridades designadas por la comunidad cumplirán una función pública (poder hacer) asignada a cada cargo dentro de las entidades para desarrollar las atribuciones propias de estas y la función de las autoridades originarias es la función jurisdiccional o aplicación de las leyes, usos y costumbres  mediante pronunciamientos –sentencias o resoluciones– que tienen fuerza de verdad legal.

Además de las autoridades de las naciones originarias, también son encargados los tribunales de justicia y el Tribunal Constitucional. El objeto de esta función es dirimir controversias.

Artículo 190. I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.

II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución. La jurisdicción será aplicada sólo a las personas pertenecientes a la misma nación: Artículo 191. I. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino.

II. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial:

1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandados, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos.

2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional.

3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino.

Deja de lado el Principio de Territorialidad (que dice, si el delito se ha cometido en territorio nacional se aplicará las normas que rigen ese territorio no importando la nacionalidad del autor. El Tratado de Montevideo del 23 de enero de 1889 consagra este principio) y retomado el arcaico principio de personalidad (se aplica la ley de la nación a la cual pertenece el autor). Convirtiendo así, en una ficción los usos y costumbres de las naciones originarias que no alcanzan a los mestizos.

Artículo 192. (…)  III. (…) La Ley de Deslinde Jurisdiccional, determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas.

Se cambio totalmente los artículos que se aprobaron en la Asamblea Constituyente de Sucre, que, a modo comparación, transcribimos: Artículo 180. I. (…); la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; (…).

II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía.

Artículo 191. I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.

II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida y los derechos establecidos en la presente Constitución.

Artículo 192. La jurisdicción indígena originario campesina conocerá todo tipo de relaciones jurídicas, así como actos y hechos que vulneren bienes jurídicos realizados dentro del ámbito territorial indígena originario campesino. La jurisdicción indígena originario campesina decidirá en forma definitiva. Sus decisiones no podrán ser revisadas por la jurisdicción ordinaria ni por la agroambiental y ejecutará sus resoluciones en forma directa.

Artículo 193. I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina.

II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo del Estado.

III. El Estado promoverá y fortalecerá el sistema administrativo de la justicia indígena originaria campesina. Una ley determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental.

Artículo 203. Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver: …

11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental….

Artículo 290. La autonomía indígena originaria campesina es la expresión del derecho al autogobierno como ejercicio de la autodeterminación de las naciones y los pueblos indígena originarios, y las comunidades campesinas, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias.

También, en su artículo 28 acerca la Justicia comunitaria, el Código de Procedimiento Penal boliviano establece que:

“Se extinguirá la acción penal cuando el delito o la falta se cometa dentro de una comunidad indígena y campesina por uno de sus miembros en contra de otro y sus autoridades naturales hayan resuelto el conflicto conforme a su Derecho Consuetudinario Indígena, siempre que dicha resolución no sea contraria a los derechos fundamentales y garantías de las personas establecidos por la Constitución Política del Estado. La Ley compatibilizará la aplicación del Derecho Consuetudinario Indígena”.

Es abogado. Texto completo en jorgemachicado.blogspot.com

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