La Gaceta Jurídica

Conflictividad en Bolivia

Factores y estrategias

La Gaceta Jurídica / Antonio Aramayo Tejada

00:00 / 11 de mayo de 2012

Frente a la actual conflictividad, el gobierno central convocó a una cumbre con sectores sociales para generar una nueva agenda sociopolítica que prepare las condiciones para las elecciones del 2014 y conformó un nuevo Gabinete fortaleciendo su entorno político.

Existen condiciones y oportunidades favorables al encauzamiento del proceso. Persiste una política macroeconómica estable; precios internacionales de materias primas convenientes; las políticas sociales de redistribución económica (a través de bonos) han permitido bajar las cifras de extrema pobreza, etc.

A pesar de esto, se identifican factores clave de conflictividad que aglutinan los aspectos sustantivos de la misma, por ende, su incremento y las acciones coercitivas (Estado) y de presión (sociedad) de los actores demandantes.

El factor central son las relaciones de poder con un enfoque hegemónico. Hay relación dependiente de los otros poderes del Estado ligados al Ejecutivo; la cooptación de dirigentes de organizaciones sociales y de niveles jerárquicos de entidades estratégicas (Fuerzas Armadas y Policía); el control de los ámbitos autonómicos y sus estructuras; priorización de lo político sobre lo económico; los conflictos se gestionan de manera contradictoria (primero la confrontación y, según las condiciones políticas, se abren espacios de diálogo).

El factor de la institucionalidad es fundamental en la generación de conflictividad en razón de la debilidad crónica de los mecanismos institucionales de gobernabilidad y por la existencia de problemas estructurales irresueltos.

Existe centralismo de Estado y debilidad de gestión pública en los niveles autonómicos que parecen no estar en condiciones de responder a sus atribuciones ni a las demandas de los sectores sociales, ocasionando concentración de conflictos en el nivel central.

Se advierte discordancia en la aplicación de la normativa jurídica y debilitamiento del estado de derecho; se evidencia fragilidad institucional en la gestión pública del sistema productivo y social; elevada rotación laboral y desvalorización técnica de la función pública; se acentúa la inseguridad ciudadana por el narcotráfico y contrabando.

En el factor político-cultural, la posición andinocéntrica prevalece y ocasiona deficiente comprensión de los alcances de un Estado Plurinacional. Entidades que jugaron importante rol se han distanciado.

Por otro lado, detrás de las demandas de los actores se manifiesta una cultura de confrontación, expresada en el escalamiento de la violencia con el Estado y entre sectores de la sociedad civil por reivindicaciones sociales, organizativas y económicas. Además, se ha fortalecido una cultura rentista que prioriza la exigencia de los derechos y no el cumplimiento de las obligaciones.

Existe incoherente abordaje de planes gubernamentales de preservación del medioambiente y en torno al cambio climático, e insuficientes políticas de desarrollo sustentable y de soberanía alimentaria.

Estos factores quitan consistencia al “trípode de época”, fortaleciendo un aparato político burocrático alrededor del Presidente del Estado, que eventualmente responde a los desafíos del contexto, pero, a mediano plazo, debilita el proceso profundizando el malestar social.

En 2011 la Fundación unir Bolivia registró más de 1.300 conflictos y más de 300 en los tres primeros meses de 2012. Es decir, hay aumento de la conflictividad y la afectación de terceros. Si bien estos conflictos no comprometen la gobernabilidad, su acumulación genera contradicciones que ocasionan frustración en la ciudadanía y alto costo económico.

Gestión transformadora del conflicto

El conflicto no es en sí negativo y si se gestiona a través del diálogo y la negociación puede ser aprovechado para realizar las transformaciones que la sociedad requiere para ser más equitativa y justa.

El desafío no es acabar con los conflictos, negando su existencia, reprimiéndolos o sofocándolos, sino contribuir a que quienes son parte de éstos puedan considerarlos de manera distinta, creando espacios auténticos y transparentes de diálogo y negociación.

Los conflictos sociales son eventos que ponen a prueba la capacidad de los sistemas políticos para responder a las necesidades y demandas sociales.

Es necesario realizar un trabajo sistémico de análisis de conflictos en Bolivia, que brinde elementos para comprender mejor la situación social y política y para la toma de decisiones en relación con los conflictos. En este sentido, en el marco de la cpe (inciso 1, artículo 10) es fundamental educar en y para la paz, prevenir y provenir los conflictos, es decir, preparar a las partes para transformarlos y trascenderlos de manera pacífica.

Es director ejecutivo de la Fundación UNIR Bolivia. Texto resumido en redacción.

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