La Gaceta Jurídica

Conflictos de límites

…queda en duda si existen intenciones de solución definitiva desde los entes estatales para que esta casi vorágine de avasallamientos y desentendidos por los límites jurisdiccionales no sea más problemática, peor en un tiempo en el que la avidez por zonas de riqueza minera es tan evidente por parte de grupos de “cooperativistas”, lo mismo que ocurre con aglomeraciones personalistas…

Editorial

00:00 / 18 de octubre de 2015

Hace tiempo, con otras experiencias registradas en Bolivia, se había advertido que uno de los temas fundamentales que debe atender el Estado mediante sus instancias pertinentes es la definición de límites correspondientes a los nueve departamentos y a las provincias y municipios de nuestra división política, pues la falta de divisiones territoriales irrevocables mantiene la latencia de conflictos como el que recién se vive entre comunidades de los municipios de Colquiri, La Paz, y Caracollo, Oruro.

Además de ésta, en otras regiones del país todavía existen temas limítrofes pendientes que en cualquier momento pueden confluir en acciones protesta en las que también se deba lamentar daños personales entre heridos y muertos. Si la situación no fue solucionada en todos los años de la vida republicana ha sido porque, en términos generales, no hubo interés de hacerlo debido a factores no solo ligados al inexistente apremio de los interesados, sino porque no preocupaba políticamente o, tal vez, si lo hacía y no había que tocar nada.

Ahora, con el Estado Plurinacional, la cosa no parece haber cambiado mucho en cuanto a las intenciones de soluciones definitivas, pues las instancias pertinentes del Órgano Ejecutivo no han trabajado mucho al respecto, igual que las del Órgano Legislativo que deben plantear las leyes de límites correspondientes a cada caso. Por ejemplo, en el diferendo citado se conoce que entre La Paz y Oruro existen 64 kilómetros de límites y que, de este total, 31 kilómetros fueron conciliados y tienen actas suscritas al respecto, lo que quiere decir que 33 kilómetros todavía quedan pendientes de conciliación.

En cuanto a las posibilidades de solución de éste y otros problemas de delimitación territorial en las jurisdicciones departamentales, provinciales y municipales se cuenta con responsabilidades definidas y normativa vigente, de esta forma, entre otros aspectos se encuentra que los trabajos de georreferenciación pueden ser desarrollados por el Instituto Geográfico Militar (igm) para la demarcación adecuada. Por otra parte, las demarcaciones pueden ser definidas en el marco de la Ley Nº 339 de Delimitación de Unidades Territoriales (promulgada el 31 de enero de 2013) bajo la responsabilidad de la Dirección General de Límites y Organización Territorial del Ministerio de Autonomías, a través del Procedimiento de Conciliación Administrativa.

El artículo 1 señala que esta ley “tiene por objeto establecer el procedimiento para la delimitación de unidades territoriales”; de igual modo, el inciso “d” del artículo 5, referido a los objetivos, ordena que se debe “establecer la responsabilidad de los órganos del Estado y de las entidades territoriales autónomas para la correcta delimitación de las unidades territoriales”.

Lo que ahora queda en duda es si existen intenciones de solución definitiva desde los entes estatales para que esta casi vorágine de avasallamientos y desentendidos por los límites jurisdiccionales no sea más problemática, peor en un tiempo en el que la avidez por zonas de riqueza minera es tan evidente por parte de grupos de “cooperativistas”, lo mismo que ocurre con aglomeraciones personalistas que avanzan para desbaratar el modelo ancestral de tierras comunitarias.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia