La Gaceta Jurídica

Consideraciones sobre la elección de jueces por voto popular

Que la Constitución Política del Estado (cpe) establezca en sus artículos 182 parágrafo I, 188 parágrafo I, 194 parágrafo I y 198 que la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (tsj), del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) sea mediante sufragio universal encuentra justificación y razón de ser en el momento decisorio de la voluntad del constituyente.

La forma de selección de postulantes a los principales cargos del Órgano Judicial es uno de los  motivos de crítica. Foto: Archivo La Razón

La forma de selección de postulantes a los principales cargos del Órgano Judicial es uno de los motivos de crítica. Foto: Archivo La Razón

María Micaela Alarcón Gambarte

00:00 / 28 de febrero de 2014

El constituyente tuvo suficiente espacio de debate, contra debate y consecuente potestad de decisión desde un planteamiento refundacional, no sólo del Estado boliviano, sino de la propia forma de administración de justicia, que, según diferentes versiones, respondía a la lógica liberal y colonial –opresora– que primaba en Bolivia.

De esta forma, en cuanto al anterior método de elección de jueces, previsto en la Constitución de 1967, las críticas residían en la permisibilidad de consentir una elección de autoridades judiciales en condiciones de desigualdad, desfasadas de la realidad, puesto que, al menos, quienes ocupaban altos cargos de justicia se constituían en elegidos directos del Gobierno de turno, cuya máxima legitimación provenía del asentimiento congresal, hecho conocido comúnmente como “cuoteo político”.

Es más, las críticas y arremetidas argumentaban sólidamente que tales magistrados que respondían a esta forma de elección respondían a los intereses de la clase oligarca que distribuía la riqueza del país –y, por tanto, de la  administración de justicia– entre unos pocos.

De ahí que, para “democratizar la justicia” y salvarla de esta manipulación política la voluntad del constituyente fue nuclear en la adopción de un nuevo método de elección de magistrados durante la redacción del texto constitucional, que, por su propia fundamentación jurídico-filosófica, respondía a la lógica refundacional del Estado, lo cual conducía a la implementación de mecanismos objetivos que permitieran la descolonización de la justicia y la erradicación de todo vestigio de imperialismo, colonialismo y opresión excluyente de los pueblos.

Este hecho es evidente al sólo mirar el preámbulo que rige en la Constitución actual y la portentosa carga ideológica concentrada en Principios, Valores y Derechos que la caracterizan. Los ejemplos al respecto pueden ser de los más diversos, empero, lo importante es que late en el centro una idea fundamental, que el constituyente sabía que el fundamento de su validez partía del reconocimiento de las desigualdades y exclusiones vigentes en Bolivia.

Sin embargo, el problema radica, desde el punto de vista político, en la forma de dominio del poder político, es decir en la consolidación de una permanente revolución desde adentro, desde el aparato judicial o desde la labor de los jueces.

Por ejemplo, cuando se instituye un modelo de Estado determinado, éste necesitará la construcción paralela de una justicia que responda a ese constructo o nuevo modelo de Estado adoptado, por lo que reconocerá la necesidad de elegir miembros afines a las directrices, lineamientos y lógica de ese tipo de Estado; lo contrario sería permitir una lucha interna de desgaste dentro del aparato estatal, en la que finalmente el Poder Judicial se constituya en el enemigo principal de su gobernanza. Es bastante obvio que lo expresado viola toda pretensión de independencia e imparcialidad del Órgano Judicial.

Desde ya, la elección por voto popular de los magistrados de los máximos órganos de justicia del país padece de defectos insubsanables y este defecto –o candado– es que el método adoptado constitucionalmente para la elección de jueces somete a los futuros elegidos a un filtro político de preselección por los 2/3 de votación de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, consecuentemente, los preseleccionados o filtrados políticamente se someten a una votación popular posterior, a fin de alcanzar o afirmar su legitimación democrática.

Por eso digo que es cuestionable la legitimidad democrática de los jueces preseleccionados políticamente a través del método elegido en Bolivia, aunque después se pretenda su legitimación mediante voto popular, puesto que equivale a decir: “eliges, pero yo te doy que elegir”, hecho que a la vez cuestiona el planteamiento de la democratización de la justicia.

Crisis actualAsí, a estas alturas, ante la inminente crisis judicial por la que atraviesa Bolivia con una serie de problemas recurrentes y crónicos que afectan al Sistema de Administración de Justicia en su institucionalidad, a los administrados y a los bolivianos en su conjunto, los cuales  corren una suerte de inseguridad jurídica permanente, como sucede en los casos de manipulación de sentencias, extorsión, corrupción, compra de cargos, sobrecarga procesal pésimamente manejada por falta de competencia e idoneidad, tráfico de influencias y otros, se cuestiona y, debe cuestionarse, no sólo por los juristas sino por todo el pueblo boliviano, el eventual quiebre del funcionamiento del método de elección de jueces preceptuado constitucionalmente.

Al respecto, puede presentase invariables alternativas de solución, como las que se escucha actualmente, por ejemplo que la autoridades judiciales sean revocadas, que se sometan a un régimen de penas por incumplimiento o retardación de justicia, que se pretenda reformar la ley de Régimen Electoral para buscar alternativas de solución,  que se presente una renuncia colectiva y ética de todas las autoridades, que los magistrados trabajen sábados y domingos o que se opte por reformar la Constitución, aspectos que sumados evidencian un problema sustancial, que el modelo adoptado por la Constitución para la elección de jueces en Bolivia no ha funcionado.Solución: reformar La Constitución Si el constituyente optó por un método de elección de jueces por medio del sufragio universal a fin de que prevalezca la decisión del pueblo y no de determinado Presidente o de los representantes o poderes públicos, entonces debió regularse constitucionalmente este método sin el filtro político de la preselección de sus candidatos mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo cual deslegitima su elección misma, por el mismo componente partidario al que responden los preseleccionados y el matiz político del órgano del cual provienen, por lo que pretender legitimar democráticamente su elección mediante el voto ciudadano es un contrasentido, pues ya se contaminó con el poder político preelectivo de los representantes políticos de la Asamblea Legislativa.Si nos preguntamos, ¿quién entonces debe elegir a los jueces? La respuesta es simple, debe realizarse una reforma constitucional que incorpore la designación de jueces de las máximas instancias de justicia en Bolivia mediante el voto directo del pueblo por el sistema denominado elecciones “no partidarias”.

Esto significa que los partidos políticos no pueden proponer, apoyar ni preseleccionar a ningún candidato. Este sistema, fue incorporado en 19 estados de Estados Unidos en los últimos cien años.

De esta forma, lo que se pretende es que la justicia del Estado sea lo más posible ajena a los manejos políticos y se elija a los magistrados realmente por voto del pueblo, lo cual reivindica los conceptos de imparcialidad y meritocracia, puesto que los elegidos no responderán a intereses políticos del partido que los promovió y su presentación ante la sociedad será objetivamente proporcional a sus propios méritos y conocimientos alcanzados en materia judicial.

Concebir lo contrario es reconocer que los derechos no serán lo que la Constitución establece, sino los intereses político-partidarios de jueces que quieran o no así reconocerlo. La existencia de la misma Constitución pierde sentido.

Al decir de Hamilton,“derechos y privilegios serán letra muerta (…) La independencia judicial es un instrumento para obtener la imparcialidad... Ser equitativo no supone una absoluta neutralidad ni una perfecta objetividad, sino formar parte de un mismo grupo con las personas a las que se juzga, sin haber tomado partido previo por ninguna de ellas”.

Debemos introducir cambios en el sistema de designación de los jueces para dotar al sistema de independencia e imparcialidad respecto de los otros poderes, así garantizar el reconocimiento de los derechos constitucionales frente a los posibles abusos de esos poderes.

No debemos permitir que sean los órganos Ejecutivo o Legislativo que predesignen a los jueces, pues es justamente el accionar de estos poderes a los que el Órgano Judicial deberá controlar y limitar para que tengamos una Constitución y no mera letra muerta.

La designación de los jueces por los mismos poderes a los que pretendemos limitar equivale a consagrar la irracionalidad de permitir la elección del controlador por aquellos a los que queremos controlar. La idea de que los jueces sean predesignados por una Asamblea bajo la consideración de méritos y antecedentes de los postulantes sin ningún preconcepto y desprendidos de todo interés sectorial, es imposible.

Bolivia, actualmente, se ha convertido en un observatorio político, puesto que implementó en su reconocimiento constitucional una forma inédita de elección de magistrados judiciales, sin embargo, transcurrido el tiempo se evidencia una profunda crisis en el aparato de administración de justicia con notoria prevalencia del elemento político y el manejo del poder político.

Este hecho conduce a repensar sobre el eventual planteamiento de una Reforma Constitucional aprobada mediante Referéndum, a fin de que el pueblo decida si excluye o no el componente de preselección de la Asamblea Legislativa del método de elección de jueces por voto popular.

En caso de optar por el método de elección de jueces por voto popular no partidista, que se reivindique el reconocimiento de nuestro derecho como soberano a elegir, lo que inmediatamente contrastará e impactará en la independencia, imparcialidad e idoneidad de los futuros magistrados y el conjunto del Órgano Judicial.

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