La Gaceta Jurídica

Consideraciones generales e interrogantes

La profesión de abogado ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia, toda vez que representa el máximo exponente de la defensa de los derechos individuales y de las garantías que la constitución establece; por ello, es necesario y pertinente realizar algunas consideraciones generales, cuestionamientos e interrogantes respecto a la Ley del Ejercicio de la Abogacía Nº 387 (LEA) de 9 de julio de 2013.

El ejercicio profesional del jurista es una función social al servicio de la sociedad y  de la justicia.

El ejercicio profesional del jurista es una función social al servicio de la sociedad y de la justicia. Foto: caergchu.org

La Gaceta Jurídica / Ery Iván Castro Miranda

00:00 / 23 de agosto de 2013

La lea indica que este ejercicio es una función social al servicio de la sociedad, del derecho y la justicia (artículo (art.) 3), sin duda esta norma surge de la necesidad de regular el ejercicio de la abogacía, así como su registro y control.

Desde el contexto normativo, es necesario resaltar que, durante la presidencia del general David Padilla Arancibia, el 19 de julio de 1979 se aprobó la Ley de la Abogacía mediante Decreto Ley (dl) Nº 16793 (4 títulos y 89 artículos); esta disposición señalaba que era necesario regular el ejercicio de la abogacía y la vigencia de los colegios de abogados, toda vez que estos deberían estar dirigidos en beneficio de la comunidad, orientados hacia una conciencia jurídica que consolide la convivencia armónica y civilizada entre los pueblos.

Este DL estuvo vigente tres décadas, hasta el 29 de abril de 2009, cuando mediante Decreto Supremo (ds) Nº 100 fue abrogado. Esta norma tenía por objetivo promover el ejercicio libre de la actividad profesional del abogado mediante la creación de un registro público de abogados a cargo del Estado boliviano (Ministerio de Justicia). Como consecuencia de la aprobación del ds Nº 100, el 31 de julio de 2009, Máximo F. Rodríguez Calvo y L. Lourdes Millares Ríos (senador y diputada nacional, respectivamente) interpusieron la acción de inconstitucionalidad abstracta, cuestionando la constitucionalidad del referido decreto, amparando y fundamentando su acción bajo el argumento de que una norma de inferior jerarquía (ds) no puede abrogar una de rango superior (dl), lo contrario (según ellos) era desconocer los principios de supremacía constitucional y de jerarquía normativa.

Al respecto, el Tribunal Constitucional (tc) efectuó el control de constitucionalidad encomendado por la Constitución Política del Estado (cpe) y mediante Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0336/2012 de 18 de junio declaró la inconstitucionalidad por la forma del ds Nº 100 y por conexitud la inconstitucionalidad por la forma del dl Nº 16793.

Sin embargo, el tc consideró que al ser máximo intérprete de la Constitución debe adoptar previsiones (interpretación previsora) sobre los efectos y consecuencias de las declaraciones asumidas a partir de su interpretación, razón por la cual, pese a la comprobada inconstitucionalidad formal de ambas disposiciones legales, dispuso la vigencia temporal de ambas normas, es decir, difirió los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad por el plazo de un año, periodo en el cual obligó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp), mediante el procedimiento legislativo, a emitir una ley que regule el ejercicio profesional de los abogados y el funcionamiento de sus colegios.

La norma

A raíz de este contexto jurídico, el 9 de julio de 2013 se promulgó la lea Nº 387, que tiene dos títulos, siete capítulos, cinco secciones, seis disposiciones transitorias, dos disposiciones finales y una disposición abrogatoria y derogatoria.

En un análisis sucinto, la lea tiene por objeto regular el ejercicio de la abogacía, el registro y control de abogados y abogadas (art. 1); en el 2 señala que este ejercicio es una función social al servicio de la sociedad, del derecho y la justicia (copia del art. 1 del dl Nº 16793); entre los principios del ejercicio de la abogacía se encuentran la independencia, idoneidad, fidelidad, lealtad, libertad de defensa, confidencialidad, dignidad (principios ampliamente desarrollados por mi colega Alan E. Vargas Lima en La Gaceta Jurídica de 6 de agosto de 2013).

El art. 5 de la lea señala que las y los abogados son profesionales que prestan un servicio de interés público a la sociedad, mediante la aplicación de la ciencia y técnica jurídica; además, se someten al control del ejercicio profesional a través del Ministerio de Justicia o de los colegios de abogados (art. 6); se prohíbe al servidor público de profesión abogado patrocinar causas en casos particulares, salvo contadas excepciones como causa propia, ascendientes o descendientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad (art. 7.II).

Los arts. 8 y 9 de la lea regulan los derechos y deberes de las y los abogados; por un lado, el art. 12 indica que es función del Estado el registro de abogados, en consecuencia, la matriculación corresponde al Ministerio de Justicia (art. 13), esto difiere del dl Nº 16793 que en su art. 40 señalaba como atribución del colegio de abogados la matriculación en su distrito; por otro lado, se establece la libre asociación (art. 15), es decir, las y los abogados pueden afiliarse a un colegio profesional, pero también tienen el derecho a renunciar a dicha afiliación salvo proceso pendiente.

El art. 18 menciona que la finalidad de los colegios nacional y departamentales de abogados es la conformación de los mismos para el cumplimiento y control de la ética profesional; menciona que estos colegios tendrán fines académicos o investigativos y de defensa de sus afiliados; la lea regula lo relacionado a las sociedades civiles que deben registrarse obligatoriamente ante el Ministerio de Justicia (art. 27).

El art. 28 regula los aranceles y honorarios profesionales, para este cometido se encarga al Ministerio de Justicia, mediante resolución aprobar cada dos años el arancel de honorarios profesionales de las y los abogados en cada departamento.

El título II de la lea indica el procedimiento para el procesamiento de las infracciones a la ética, establece las autoridades que sustanciarán y resolverán las denuncias ante el Ministerio de Justicia cuando las y los abogados no se encuentren afiliados a ningún colegio, que en este caso son los tribunales departamentales de ética (en primera instancia) y el tribunal nacional de ética de la abogacía (en segunda instancia).Cuando las y los abogados se encuentren afiliados a los colegios, la norma establece que las autoridades que sustanciaran y resolverán las denuncias son los tribunales departamentales de honor de los colegios (en primera instancia) y el tribunal nacional de honor de la abogacía (en segunda instancia).

Sanciones

El capítulo II del título II regula las infracciones a la ética y sus sanciones, considera infracción a la ética toda acción u omisión prevista y sancionada en la lea, teniendo como parámetros infracciones clasificadas como leves, graves y gravísimas; al respecto las sanciones que establece la norma son: Por infracciones leves la llamada de atención y multa pecuniaria de un salario mínimo nacional (la prescripción opera en seis meses); por infracciones graves la suspensión temporal de uno a 12 meses y multa de 2 a 6 salarios mínimos nacionales (la prescripción opera en un año) y por infracciones gravísimas la suspensión temporal de un año a dos años y multa de seis salarios mínimos nacionales (la prescripción opera en dos años) (arts. 38 al 44).

Por su parte, el art. 45 menciona que cuando una denuncia por infracción ha sido abandonada por más de 6 meses se aplica la perención de la acción; sin embargo, la disposición transitoria sexta de la lea suspende el plazo de la prescripción hasta que se constituyan los tribunales de ética de la abogacía del Ministerio de Justicia.

El capítulo III del Título II regula el procedimiento a seguir por infracciones a la ética, tanto para el Ministerio de Justicia como para los colegios, desde su denuncia, conciliación,  sumario, recursos de apelaciones, resolución final, aclaración o enmienda, notificaciones, improcedencia de incidentes o excepciones, así como la ejecución de las sanciones.

Es abogado y responsable del blog jurídico: Metamorfosis Jurídica (http://metamorfosisjuridica.blogspot.com/)

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