La Gaceta Jurídica

Consideraciones sobre el procedimiento abreviado

Foto: uca.edu.mx

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Mauro Arturo Rivera León

00:00 / 10 de abril de 2015

Es válido cuestionar si la privación de la libertad en un procedimiento abreviado ha sido consecuencia de juicio seguido ante los tribunales establecidos. Esto concierne al concepto de juicio que tengamos. En algunos modelos encontramos que existen ordenamientos como el de Argentina o Chile, así como las Federal Rules of Criminal Procedure en las que el tribunal puede rechazar el procedimiento abreviado por requisitos no procedimentales.

En una gran parte de los países estudiados el juez se reduce a escuchar la proposición del fiscal, cerciorarse de la libertad y conciencia en la manifestación del imputado y vigilar el cumplimiento de requisitos, ante los cuales se convierte en un simple juez de trámite.

En los países que desatan las manos al tribunal para entrar al estudio de cuestiones de fondo, podemos alegar que como el juez de cierta forma examina el ofrecimiento de procedimiento Abreviado, su aceptación es análoga a la aceptación de la pena propuesta por el fiscal en Juicio Oral, por ejemplo (1). Esto equivaldría a señalar que sigue siendo potestad del tribunal y es argumentable que la privación de libertad no fue simple producto del consentimiento del imputado, sino de un procedimiento judicial donde la participación del juez influyó en la determinación tomada por la fiscalía y el imputado (2).

A pesar de la posible justificación, ¿qué pasa con los países en los que la garantía se encuentra vigente y el juez no puede más que por motivos procedimentales negar el procedimiento abreviado?; la propia concepción de “juicio” hace pensar si se hace referencia al procedimiento formal o si puede el imputado utilizar una alternativa a juicio oral que le implique un menoscabo en su libertad, dadas las ventajas procesales que esto le implica (3).

Inclusive en Argentina el juicio abreviado fue debatido como inconstitucional (4), en tanto que sustrae al magistrado del caso y contraría el derecho a la defensa, pues en la base, el juicio abreviado se considera como una negociación, una especie de derecho penal transaccional  y se elimina el juicio oral como parte total del procedimiento. Ronald Salazar sostiene que en el derecho Costarricense “…el (Procedimiento) abreviado venía precedido de importantes críticas que señalaban su inconstitucionalidad por prescindir de la fase de juicio oral y público…” (5).

Autores como Chahuan Sarrás han señalado que el procedimiento abreviado solo implica la renuncia a juicio oral y no a juicio (6). Pero, este tipo de consideraciones no cubren del todo las deficiencias teóricas del procedimiento abreviado.

Esto ocurre el plea of bargaining; donde la acotada confesión del imputado –conditional plea– sustituye al juicio por jurados y se convierte en una verdadera sentencia. El procedimiento abreviado o plea of bargaining, en palabras de Bovino, es una verdadera renuncia a los derechos constitucionales y reemplaza al juicio oral (7).

No queda sino señalar que, por ejemplo, dependiendo de la concepción de juicio en el derecho positivo mexicano y la subsecuente definición de derecho a juicio previo y su probable posibilidad de renuncia, el procedimiento abreviado puede no mostrarse tan acorde a los principios constitucionales como pareciera.

Ex mea sententia

El procedimiento abreviado, como uno de los procedimientos especiales en el nuevo sistema, presenta ventajas y desventajas dentro del sistema penal. Por un lado, la fiscalía argumenta que trae como ventajas la reducción de la carga laboral al permitirle al imputado la aceptación de los hechos a cambio de una reducción de la pena.

La fiscalía, el ministerio público, el Estado, en fin, pueden atender los procesos penales relativamente más relevantes. En el mismo tenor, el imputado obtiene una reducción de la pena a cambio de la aceptación de los hechos imputados y se ahorra el desgaste del juicio oral o los mayores inconvenientes que éste pudiera producirle.

Debemos considerar si la confesión del imputado acerca de los hechos, concernientes al procedimiento abreviado, es válida y verdaderamente una confesión. Pues considero que es una confesión acotada, lo que la convierte en una verdad, en palabras de Ferrajoli, formal (8) en oposición a jurídica.

En los modelos observados encontramos que existe una serie de causales por las cuales puede el juez de Garantía rechazar la petición (9) de procedimiento abreviado. Así, cuando el procedimiento abreviado ha sido rechazado por falta de alguna de las formalidades, la confesión de los hechos por parte del imputado, ante autoridad judicial y de supuesta forma libre y espontánea, es borrada del archivo, y su confesión es considerada no vinculante para el juicio oral.

Esta particularidad es lógica y propia de la naturaleza del procedimiento abreviado; sin embargo, teóricamente no es tan sencillo. ¿Cómo es que una confesión libre, espontánea, ante autoridad judicial y con asesoría de un defensor entendido de las consecuencias que ésta acarrea no vincula ni al imputado?

La única respuesta posible es que estamos ante una confesión, pero una confesión que podríamos llamar condicional, es decir, una confesión acotada a un marco consecuencialista, que pierde valor fuera del contexto de emisión. La propia denominación del plea of bargaining, en Estados Unidos “conditional plea”, nos da razón acerca de lo condicionado del reconocimiento de los hechos.

En un marco teórico racional, debemos encontrar una explicación al por qué una confesión, una actuación ante una autoridad judicial pierde su valor fuera de su marco de emisión. ¿No podría ser porque quizás el propio Estado reconoce que esta confesión puede no ser tan libre? ¿Acaso esta confesión está afectada de algún tipo de nulidad?

Algunos autores han planteado la idea de que el procedimiento abreviado es un acto coactivo del Estado para inducir al imputado a la aceptación de los hechos. La inducción y no la facilitación es un punto importante a distinguir. Generalmente, el Fiscal o Ministerio Público, utilizará la pena como coacción para que éste acepte los hechos imputados (10).

Un método común sería el planteamiento de que si el imputado rehúsa la aceptación de los hechos, el Fiscal pedirá la pena máxima, lo cual es moralmente cuestionable. ¿Es coactiva la amenaza del fiscal o ministerio público de pedir la pena máxima? ¿Podríamos responder que no, en el caso de un imputado que se sabe culpable y observa el aparato probatorio?; sin embargo, ante un imputado inocente ¿No es ésta una presión coactiva? (11).

En esta materia es evidente la coacción. El aparato estatal vicia la voluntad del imputado, pues el fiscal empleará la solicitud de la pena máxima como forma de amedrentarle.

Debemos tomar en cuenta el argumento de Howe, refiriéndose al plea of bargaining que no es que el Estado ejerza coacción sobre la penalidad –pues es facultad del fiscal solicitarla–, sino que es un beneficio otorgado al imputado en la disminución de la pena (12).

Del argumento de Howe se infiere que, cuando un imputado ejerce su derecho a juicio, el fiscal puede pedir la pena máxima –que puede ser mucho más que la ofrecida por el plea–; esto jurídicamente no es incorrecto y es potestad de la fiscalía.

Howe acierta al sostener que el imputado –en caso de coimputados– que es sentenciado de manera más severa por ir a juicio, que el imputado que ha aceptado el plea of bargaining, está siendo castigado no por ejercer su derecho a juicio previo, sino por el delito cometido.

Cabe cuestionarse si el fiscal, que en un momento dado careciera de la figura del plea y efectivamente debiera llevar a todos los imputados a juicio, ¿habría pedido la penalidad máxima? (13), probablemente no.

Entonces, el plea of bargaining no constituye jurídicamente coacción, pero moralmente sí, en tanto el fiscal en ocasiones no tendrá reparos en comunicarle al imputado su intención de solicitar penas exorbitantes en juicio oral, en contraposición con penas mesuradas y en ocasiones mínimas en el procedimiento abreviado (14).

En otro aspecto, se ha alegado que el imputado está en su derecho de declararse culpable con la consecuente reducción de la pena. Pero, estamos en presencia de una declaración confesional acotada a cambio de una reducción de la pena.

Si el juez le dijese al imputado: “Digamos que yo le ofreciera una sentencia muy reducida a cambio de que se declare culpable ¿Aceptaría?”; lo que ocurre en el procedimiento abreviado es muy similar, solo se sustituye al juez que, en caso de ser facultado, despertaría indignación general por la figura del fiscal o ministerio público.

De igual forma podemos sostener que el procedimiento abreviado es una eliminación del nexo causal entre pena y delito, ya que la pena no dependerá del delito concretamente, sino de las habilidades de negociación de las partes. El propio reconocimiento estatal de una confesión acotada a ciertas transacciones es dudoso.

Coincidimos con Candia cuando sostiene que la conformidad o confesión del imputado no es un acto de prueba, sino “un medio de poner fin al proceso de manera acelerada” (15).

Este autor manifiesta que, por ejemplo, en el procedimiento abreviado cubano la no relación entre los hechos imputados, las probanzas y la confesión del imputado impide la aceptación del procedimiento abreviado a la sala y ésta deberá rechazar de plano la petición (16). La categorización de la presunta confesión acotada no es el único problema que acarrea esta institución.

¿Es posible que sobrevenga la nulidad de la confesión con motivo del procedimiento abreviado? A este tema, podemos referirnos que el propio estado y el propio proceso penal son los que le han dado a la confesión con motivo del procedimiento abreviado el carácter de acotada o contextualizada e inválida fuera de su contexto de emisión.

¿Qué pasa cuando cambia el contexto donde fue emitida la confesión acotada? Supongamos que un imputado se encuentra ante el dilema de ir a juicio oral o aceptar una pena reducida de parte del ministerio público. El ministerio público le comunica sus pruebas, testimoniales, documentos, etc. y decide el imputado aceptar los hechos.

Si se destruyera los documentos, si se retractaran los testigos, ¿sobrevendría la nulidad de la confesión? Es evidente que no, pero no podemos negar el hecho de que habrán cambiado las circunstancias y la confesión acotada no se repetiría en el nuevo marco contextual.

El dramático caso de la existencia de coimputados genera problemas en el procedimiento abreviado. Existen dos posturas al respecto: permitir que el juicio abreviado coexista indistintamente con varios coimputados, a la cual llamamos particularista, o impedir el procedimiento o juicio abreviado ante la simple inconformidad de uno de los coimputados, a la cual llamamos modelo consensual.

Nos decantamos por la opción de un modelo consensual, que consideramos más racional y que acoge Argentina, que junto con Chile han sido los países que más han regulado este proceso. Sin embargo, Chile se decanta por un modelo particularista, por lo cual sería interesante el estudiar la forma de resolución que han tenido sobre ciertos problemas prácticos.

Primeramente, el permitir un modelo particularista respecto al procedimiento abreviado en Chile y en Chihuahua, México, por ejemplo, trae como consecuencia una vulneración del principio de igualdad.

Al reconocer el Estado que la confesión es una confesión acotada y prácticamente desligarla de un carácter probatorio pleno que no sea contextualizado, esta confesión podría convertirse en prueba contra los coimputados quienes, intentando probar su inocencia, rechazan el procedimiento abreviado y van a juicio oral.

Aun cuando estuviese prohibido que el ministerio público o fiscal utilizasen la confesión acotada del procedimiento abreviado de uno de los coimputados como prueba, ¿acaso no será en el juez de la causa un medio de convicción que uno de los imputados haya aceptado los hechos que se le imputan a todos?

Este principio nos parece lógico, aun cuando se complique con la existencia de coimputados. Supongamos que a un grupo de personas (a, b, c) se le acusa falsamente de un delito cuya pena privativa de libertad es de cinco años. El Ministerio Público ofrece a los coimputados la pena mínima de un año y su reducción de 1/3 por la aceptación de los hechos.

El imputado “a” acepta ante la presión del Ministerio Público, mientras que “b” y “c” deciden ir a juicio oral, “a” es condenado en procedimiento abreviado a purgar una sentencia de ocho meses de prisión, mientras que “b” y “c” en juicio oral destruyen las pruebas del Ministerio Público y acreditan su inocencia y la imposibilidad de la participación de “a”, “b” y “c” en los hechos, probando que los hechos que se les imputan eran falsos, ¿sobreviene entonces la inocencia de “a”? o ¿la condena se mantiene firme en tanto el juicio por el cual se sentenció a “a” se mantiene relativamente apartado?

Tenemos un caso donde la comisión del ilícito por parte del aceptante de los cargos se vuelve imposible dada la cosa relativa a los demás coimputados. Parece probable que “a”, interponga un amparo, alegando que su derecho constitucional a juicio previo no es renunciable y que debe ir a juicio oral (que ante el precedente por supuesto ganará) y la defensa utilice a su favor este juego de interpretaciones constitucionales.

De igual forma, el procedimiento abreviado puede convertirse en un desfogue por parte de funcionarios públicos enjuiciados por delitos de servidores públicos que deseen ahorrarse la publicidad del juicio; delincuentes con los que la fiscalía no tendrá reparo en pactar por razones políticas, purgando penas relativamente menores y manteniéndose ajenos a la exposición pública.

La excesiva aceptación (17) y ofrecimiento del procedimiento abreviado es un vicio del sistema. La Fiscalía ofrecerá el procedimiento abreviado en juicios concisos ante la excesiva carga laboral; los defensores de oficio instigarán al imputado a que acepte acuerdos desfavorables, dependiendo del matiz de las probanzas, o acuerdos en casos inciertos que podrían ser litigados con relativa facilidad en juicio oral. Estas consideraciones fácticas parecen haber escapado del universo de legislaciones estudiadas, exceptuando Argentina y Chile (18).

Bibliografía

Binder, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal, Editorial Ad Hoc, Argentina, 1999.

Bovino, Alberto. “Procedimiento Abreviado y Juicio por Jurados”, en Baigún, David, “Estudios sobre justicia penal. Homenajke al profesor Julio B. J. Maier”, Editores del Puerto, Argentina, 2005.

Candia Ferreira, José. “La sentencia de conformidad en el procedimiento abreviado cubano”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, Volumen 89, 1997.

Chahuan Sarrás, Sabas. Manual del nuevo procedimiento penal, Lexis Nexis, Chile, 2004.

Carbonell, Miguel y Ochoa Reza, Enrique. La reforma al sistema de justicia penal en México, Algunas evidencias para la Discusión, Documento de Trabajo núm. 102, IIJ-UNAM, México, 2007.

–, ¿Qué son y para qué sirven los juicios orales?, Porrúa, UNAM, México, 2008.

Carocca Pérez, Alex. Manual del nuevo sistema procesal penal, Lexis Nexis, Santiago de Chile, Chile, 2005.

Cochran, Robert F. “How do you plead, guilty or not guilty?: does the plea inquiry violate the defendant’s right to silence?, Cardozo Law Review, USA, Vol. 24, Num. 4, 2005.

Dworkin, Ronald. The philosophy of Law, Ed. Oxford University Press, USA, 1977.

–, Tomando los Derechos en Serio, Barcelona Editorial, España, 1a Ed. 1984, 5ta reimpresión 2002.

Ferrajoli, Luigi. Epistemología Jurídica y Garantismo, México, 2006.

Howe, Scott. “The value of plea bargaining”, en Oklahoma Law Review, número 4, volúmen 58, Estados Unidos, 2005.

Marchisio, Adrián. El Principio de oportunidad y salidas alternativas a Juicio Oral en América Latina, Editorial Ad Hoc, Argentina, 2002.

Rawls, John. Teoría de la Justicia, Fondo de Cultura Económica, México, 1977.

Salazar Murillo, Ronald. “El Procedimiento Abreviado”, en Revista de Asociación de Ciencias Penales, año 18, núm.24, Costa Rica, 2006.

Códigos y reglas de los países citados.

Notas

1. Es válido sugerir que, si el fiscal solicita en juicio oral una pena de cinco años y el juez impone esa pena, no es que la opinión del fiscal haya sido vinculante, sino una solicitud, mientras que la imposición de la pena por parte del juez es el ejercicio potestativo de la jurisdicción penal. (…)

2. Sobre todo por el hecho de que existen países en que la sentencia puede ser absolutoria y las probanzas deben ser valoradas por el juez, dando lugar a argumentar en el sentido que la resolución es una verdadera sentencia ya que es producto de la consideración de las probanzas y pudo haber sido en cualquier sentido, (…)

3. Supongamos que un imputado dijese “renuncio a mi derecho a juicio previo, acepto que el fiscal y el juez pongan la pena que gusten”. ¿Sería esto constitucional? (…)

4. Marchisio, Adrian. Op. Cit, pp. 545. Nota 3.

5. Salazar Murillo, Ronald. “El Procedimiento Abreviado”, en Revista de Asociación de Ciencias Penales, año 18, número 24, Costa Rica, 2006.

6. Chahuan Sarrás, Sabas. Manual del nuevo procedimiento penal, Lexis Nexis, Chile, 2004, p. 286 (…).

7. Bovino, Alberto. “Procedimiento Abreviado y Juicio por Jurados”, en Baigún, David, Estudios sobre justicia penal. Homenaje al profesor Julio B. J. Maier, Editores del Puerto, Argentina, 2005.

8. Ferrajoli, Luigi. Epistemología Jurídica y Garantismo, México, 2006, p.24.

9. Generalmente se piensa en el rol como agente activo del fiscal en el procedimiento abreviado (…).

10. Supongamos que un delito “x” prevea una pena de 10 años, consecuentemente el fiscal ofrecerá al imputado que si éste acepta los cargos, solicitará una pena mínima de cuatro años, con oportunidad de que el juez la reduzca aún más (…), nos encontramos plenamente ante un derecho penal transaccional.

11. Osado y liberal pero dudoso, sería ciertamente el insertar un artículo que estipulare que habiendo solicitado el fiscal el procedimiento abreviado –y de esto debe quedar constancia en autos– no puede el fiscal aparejado al propio ofrecimiento el manifestar la pena máxima que solicitará para el imputado en caso de la negativa de aceptación. (…)

12. Howe, Scott, “The value of plea bargaining”, en Oklahoma Law Review, número 4, volúmen 58, Estados Unidos, 2005, pp. 618.

13. Sobre este punto, Cristián argumenta que no es que el estado negocie las penas, sino que establece una pena máxima para darle una mayor certeza al imputado en el proceso. La artificialidad de este argumento se prueba cuando se contrasta con la situación común del ofrecimiento de la pena mínima por la fiscalía (…). Véase Cristian, Riego, “El procedimiento abreviado”, en El nuevo proceso penal, Lexis Nexis, Chile, 2004.

14. Debemos tener cuidado con este punto. El artículo de Howe es excepcional pero tiene la “particularidad” de presentar una perspectiva utilitaria del plea of bargaining, tal concepción no es acorde con políticas liberales como las sostenidas por Dworkin (…).

15. Candia Ferreira, José. “La sentencia de conformidad en el procedimiento abreviado cubano”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, Volumen 89, 1997, pp. 430.

16. Ibídem. pp. 421.

17. Sobre todo tratándose de defensores de oficio.

18. No parece entonces tan descabellado suponer que esta institución podría ser mejorada si en la defensoría de oficio se previera una separación entre el defensor que asesorara la aceptación del procedimiento abreviado y el defensor que de hecho defendiera al imputado en juicio oral. Al hacer esto, se rompería la causalidad aceptación del procedimiento/carga laboral, que puede viciar la asesoría del defensor de oficio.

Es abogado mexicano.

Tomado de: revistajuridicaonline.com

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