La Gaceta Jurídica

La Constitución de Bolivia y la protección de los derechos

Apunte legal

Alan Vargas Lima

00:00 / 18 de febrero de 2014

Se ha cumplido el quinto aniversario de la Constitución boliviana; tiempo suficiente para comenzar a delinear algunos de los ejes temáticos que requieren un análisis y evaluación objetiva y profunda. Así, se puede destacar Estado Plurinacional, Carta de Derechos, Régimen Autonómico, Constitución Económica, Sistema Político y Reforma Constitucional.

Conviene precisar que, según Riccardo Guastini, para la filosofía política el término “Constitución” es comúnmente utilizado, en su sentido originario, para denotar cualquier ordenamiento estatal de tipo liberal-garantista; un ordenamiento en el que la libertad de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado esté protegida mediante oportunas técnicas de división del poder político.

Es así que el originario concepto liberal de Constitución fue puesto en claro por el artículo 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) que estableció lo siguiente: “Una sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni reconocida la división de poderes, no tiene Constitución”. En este contexto, evidentemente, el término “Constitución” denota no ya una organización política cualquiera, sino una organización política liberal y garantista. La Constitución es concebida aquí como límite al poder político.

En este sentido, el ámbito de los derechos fundamentales se perfila como uno de gran interés, más aún si se considera el enorme catálogo que prevé la Constitución boliviana, cuya importancia radica en que constituye un parámetro para asegurar los límites al ejercicio del poder político para así lograr una pacífica convivencia en sociedad, es decir, en una sociedad donde se tenga seguridad y certeza sobre los derechos que debe respetar y proteger el Estado.

Entonces, un Estado puede llamarse constitucional, o provisto de Constitución, sólo si cumple dos condiciones (necesarias y suficientes): 1) que estén garantizados los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado (lo que se refleja en las distintas Acciones de Defensa que prevé la Constitución boliviana), y 2) que los “poderes” del Estado (en realidad, los órganos de Poder del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y, en nuestro caso, Electoral) estén divididos y separados, es decir que se ejerzan por órganos diversos (esto en relación al Principio de Separación de Funciones previsto en el artículo 12 constitucional).

En el caso de Bolivia, que ahora pretende distinguirse como un Estado Constitucional, los rasgos principales de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución Política del Estado (cpe) están contenidos en el artículo 109, que expresa la esencia del reconocimiento de los derechos fundamentales, es decir: a) Con igualdad jerárquica de todos los derechos constitucionalmente reconocidos; b) Con directa aplicabilidad de los mismos, es decir, todos, y c) Con directa justiciabilidad de todos ellos, a través de las acciones y mecanismos de defensa.

La igualdad jerárquica de los derechos supone básicamente que ninguno está por encima de otro, sino que todos son fundamentales y se encuentran tan estrechamente relacionados en un plano de igualdad que no pueden ser perjudicados en su libre ejercicio; así, en caso de conflicto, se deberá efectuar una ponderación suficientemente justa y equilibrada, de tal forma que no se llegue a desnaturalizar la esencia de ninguno de ellos. Actuar en sentido contrario sería consentir una injusticia y significaría una afrenta a la misma Constitución.

La directa aplicación de los derechos, significa que estos no requieren necesariamente de un desarrollo legislativo para su cumplimiento, dado que por su reconocimiento constitucional y la fuerza expansiva de las normas de la misma Constitución, éstos se sitúan en un plano preferente de aplicación, considerando que la Constitución es una norma jurídica cualitativamente distinta de las demás y situada por encima de ellas, por lo que, la observancia de la carta de derechos es ineludible para todos/as, gobernantes y gobernados, ello con el propósito de vivir libres de arbitrariedades.

La directa justiciabilidad de los derechos está vinculada a que estos no son simplemente postulados líricos sin mayor resonancia, sino que poseen mecanismos eficaces e idóneos de defensa que la misma Constitución prevé a fin de asegurar la protección integral e inmediata de los derechos de cualquier persona, en caso de amenaza o vulneración directa e ilegítima, lo que también supone una forma de defensa de la Constitución.

A este efecto, la misma Constitución establece las Acciones de Defensa que prácticamente constituyen las acciones procesales destinadas a tutelar en forma efectiva, pronta y oportuna la vulneración de los derechos en caso de amenaza, restricción o supresión directa e injustificada por parte de cualquier persona, se encuentre o no en situación de autoridad.

En este sentido, la Constitución aprobada en 2009 establece un mecanismo de control tutelar de los derechos fundamentales con la finalidad de resguardar y garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, operando como límites naturales al ejercicio del poder público del Estado.

De ahí que el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), según lo dispuesto por el artículo 202 numeral 6 constitucional, debe ejercer este control a través de la revisión de las resoluciones emitidas a la conclusión de los procesos constitucionales emergentes de las siguientes Acciones de Defensa: Acción de Libertad (artículos 125 al 127), Acción de Amparo Constitucional (artículos 128 al 129), Acción de Protección de Privacidad (artículos 130 al 131), Acción de Cumplimiento (artículo 134 constitucional) y Acción Popular (artículos 135 al 136 constitucionales).

El análisis, revisión y resolución de los conflictos tutelares, supone una evaluación integral del estado de situación del derecho vulnerado para analizar el grado de su afectación y las posibilidades de su restitución inmediata, que también debe ser oportuna en caso de que el derecho hubiese sido dañado por una acción de hecho ejecutada en forma ilegal, a cuyo efecto deberá analizarse también la conveniencia de aplicación de una medida cautelar en el caso concreto para salvaguardar a la persona.

En todo caso, la protección de los derechos no se agota con la utilización de las vías procesales que se encuentren previstas en nuestro sistema constitucional, sino que, además, las puertas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentran abiertas y accesibles para denunciar la vulneración de nuestros derechos.

Este no es un dato menor, sino más bien uno de mucha importancia en tiempos en que algunos países deciden privar a sus ciudadanos de este medio de defensa, cuando renuncian a la jurisdicción de esta Corte que, con sus bemoles y tropiezos, es una garantía de no impunidad frente al eventual ataque de los detentadores del poder.

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com

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