La Gaceta Jurídica

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Constitución e Instrumentos de Derecho Internacional

Este trabajo es un aporte en el avance y comprensión del derecho en Bolivia en cuanto permite aclarar la validez de sus normas, su alcance, su eficacia y sobre todo su interpretación en un sentido sistémico, es decir, en un sentido ordenado y estructurado, donde el derecho interno se vincula con el derecho internacional.

La amplia bibliografía sobre el tema merece el tratamiento sistemático.

La amplia bibliografía sobre el tema merece el tratamiento sistemático. Foto: mensnudum.wordpress.com

La Gaceta Jurídica / IDEI - Bolivia

05:05 / 06 de diciembre de 2011

Lo siguiente busca relacionar la Constitución con las fuentes del Derecho Internacional (Convenciones, jurisprudencia y doctrina) a las que se encuentra vinculada por intermedio de sus artículos 256 y 410, donde, en un caso, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho comunitario se ubican en el bloque de constitucionalidad y, en otro, el resto de los tratados internacionales en un nivel intermedio entre la norma suprema y las leyes. Constitución Política del Estado Plurinacional de BoliviaTítulo IIDerechos fundamentales y garantíasCapítulo primeroDisposiciones generalesArtículo 13. I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.

Concordante con el Art. 1 y Art. 2 num. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.Declaración Universal de los Derechos Humanos (1)Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2. 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.Concordante con el Art. 1, num. 1, Art. 2 y Art. 26 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (2)Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Artículo 26. Desarrollo Progresivo

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.Jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional Bolivia

“Los derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos por su status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica, en ese entendido, una de las notas caracterizadoras de todo derecho fundamental es el de ser un derecho subjetivo, lo que implica que su titular tiene la facultad de exigir su respeto y observancia, pudiendo acudir al órgano jurisdiccional competente para reclamar, a través de los recursos que establece el respectivo orden jurídico, la protección de tales derechos y la reparación del menoscabo sufrido. (…)” (Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, fragmento de la Sentencia Constitucional 0400/2006-R de 25 de abril de 2006).

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

“El artículo 1 de la Convención Americana establece la obligación primaria de los Estados Partes de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, y de garantizar su libre y pleno ejercicio. Esta obligación de garantía incluye el deber de investigar y de sancionar al responsable, en caso de que se viole algún derecho tutelado. Para ello, la víctima y/o sus familiares cuentan con el amparo que les proporciona un recurso judicial efectivo (artículo 25 de la convención citada). Numerosas decisiones de la Corte han sostenido lo que se acaba de decir” (3) (Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh), fragmento de la sentencia de 18 de septiembre de 2003 (Fondo, Reparaciones y Costas). Caso Bulacio vs. Argentina).

“La Corte considera, con fundamento en el artículo 1.1 de la Convención Americana, que el Estado está obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Lo anterior se impone independientemente de que los responsables de las violaciones de estos derechos sean agentes del poder público, particulares, o grupos de ellos, ya que según las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la acción u omisión de cualquier autoridad pública constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención” (cidh, fragmento de la sentencia de 7 de junio de 2003. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras).

“Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales y a la correlativa prohibición de discriminación. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. (…)” ( cidh, Opinión Consultiva (OC-16/99).

Doctrina internacional

“…El reconocimiento y la protección de los derechos humanos están en la base de las Constituciones democráticas modernas. La paz es, a su vez, el presupuesto necesario para el reconocimiento y la efectiva protección de los derechos humanos, tanto en los Estados como en el sistema internacional. Al mismo tiempo, el proceso de democratización del sistema internacional, que es el camino obligado para la realización del ideal de la ‘paz perpetua’, en el sentido kantiano de la palabra, no puede avanzar sin una extensión gradual del reconocimiento y protección de los derechos humanos por encima de los Estados.

Derechos humanos, democracia y paz son tres elementos necesarios del mismo movimiento histórico: sin derechos humanos reconocidos y protegidos no hay democracia; sin democracia no existen las condiciones mínimas para la solución pacífica de los conflictos. Con otras palabras, la democracia es la sociedad de los ciudadanos, y los súbditos se convierten en ciudadanos cuando se les reconoce algunos derechos fundamentales; habrá una paz estable, una paz que no tenga la guerra como alternativa, sólo cuando seamos ciudadanos no ya solamente de este o aquel Estado, sino del mundo…” (Fragmento de la obra de Norberto Bobbio: El tiempo de los Derechos. Ed. Sistema. España. 1991. Pág. 14).

“…Los derechos fundamentales son derechos indisponibles, inalienables, inviolables, intransigibles, personalísimos. En cambio, los derechos patrimoniales -de la propiedad privada a los derechos de crédito- son derechos disponibles por su naturaleza, negociables y alienables. Éstos se acumulan, aquéllos permanecen invariables. No cabe llegar a ser jurídicamente más libres, mientras que sí es posible hacerse jurídicamente más ricos. Los derechos patrimoniales, al tener un objeto consistente en un bien patrimonial, se adquieren, se cambian, se venden. Las libertades, por el contrario, no se cambian ni se acumulan. Aquéllos sufren alteraciones y hasta podrían extinguirse por su ejercicio; éstas no varían por la forma en que se las ejerza.

Se consume, se vende, se permuta o se da en arrendamiento un bien de propiedad. En cambio, no se consumen y tampoco pueden venderse el derecho a la vida, los derechos a la integridad personal o los derechos civiles y políticos. Que los derechos fundamentales son indisponibles quiere decir que están sustraídos tanto a las decisiones de la política como al mercado. En virtud de su indisponibilidad activa, no son alienables por el sujeto que es su titular: no puedo vender mi libertad personal o mi derecho de sufragio y menos aun mi propia autonomía contractual.

Debido a su indisponibilidad pasiva, no son expropiables o limitables por otros sujetos, comenzando por el Estado: ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede privarme de la vida, de la libertad o de mis derechos de autonomía. (…)” (Fragmento de la obra de Luigi Ferrajoli: Derechos y Garantía. La ley del más débil. Ed. Trotta. Madrid. Pág. 47-48).

NOTAS:

1. Firmada por Bolivia y adoptada por la AGNU el 10 de diciembre de 1948.

2. Bolivia se adhiere mediante D.S. Nº 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 promulgada el 11 de febrero de 1993. Depósito del instrumento de adhesión el 19 de julio de 1979.

3. Entre muchas, Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 142; Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 210; Caso Caballero Delgado y Santana. Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C No. 22, párrs. 55 y 56; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, párr. 161; Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párrs. 174 a 176; y Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrs. 165 a 167.

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