La Gaceta Jurídica

Constitución Política: ¿Se abre o se cierra?

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez Gantier

00:00 / 17 de octubre de 2014

Hace poco tiempo, el Vicepresidente del Estado afirmó en forma rotunda que no existen motivos para la apertura del texto de la Constitución Política del Estado (cpe). Es decir, desechaba la posibilidad, bastante insinuada, de que pudiera plantearse la modificación parcial de aquel texto.

El hecho nace de los comentarios que se mantienen en sentido de que una de las tareas principales que habrá de encarar el actual partido de Gobierno, tras la reelección de los actuales gobernantes, será la de modificar el esquema referido a la reelección precisamente de los primeros mandatarios, a fin de que la misma se consigne en adelante como INDEFINIDA.

¿Cuál es el esquema que contempla la Constitución vigente ahora, en relación el tema de la reforma parcial?

El artículo 411.II dice que “la La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio”.

Veinte por ciento del electorado supone, aproximadamente, 1.200.000 votos que el partido en Gobierno los podría lograr en forma incluso holgada. El camino a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional tampoco le será imposible. Lo que al final  quizás tendría una complicación es el referéndum constitucional.

Lo decimos porque, habida cuenta del tema de reelección indefinida, en la figura uno creemos que el partido de gobierno pudiera conseguir con cierta facilidad el apoyo del ciudadano. Empero, no descartamos que en última instancia también pudiera darse una figura de ese tipo.

El artículo 87 de la Constitución derogada, preveía que la reelección del primer mandatario solo fuese posible después de haber transcurrido un periodo presidencial (cuatro años). En la nueva Constitución actualmente vigente, el artículo 168 modificó el esquema, permitiendo que exista la figura de la reelección inmediata aunque fuera por una sola vez.

Peor todavía, la disposición transitoria primera de la misma cpe decía que “los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución, serán tomados en cuenta a efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”. En una interpretación caprichosa antojadiza, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto el primer periodo del Gobierno actual con el argumento de que el país “se acababa de refundar” y permitió lo que en la práctica vino a ser no sólo una reelección (primera), sino una “rereelección” (segunda) fuera del marco constitucional.

Tememos, por lo tanto, que tengan bastante asidero los rumores que han venido circulando en forma insistente de que habría una intención ni siquiera tan a “futuro” para reformar el texto constitucional y, de una vez, dejar en claro que no se trata solamente de reelecciones temporales, sino más bien indefinidas.

Por otra parte, no vemos la forma estrictamente legal en que aquella figura pudiera pasar a formar parte de nuestra normativa básica.

En la mayoría de los países sudamericanos, las constituciones han optado por permitir la reelección temporal. Generalmente por una sola vez o después de pasado un periodo constitucional (como fue en nuestro país) e, incluso, existen dos países que prohíben totalmente la posibilidad de reelección.

En Bolivia acabamos de salir de una experiencia muy mala. Se ha permitido la existencia “legal” de la figura que ha llegado a denominarse el “candidato-presidente”. Obviamente, mu- chísimo más lo segundo que lo primero. Esta figura no ha hecho otra cosa que distorsionar totalmente el panorama electoral, convirtiendo a aquél en un candidato de privilegio.

En cuanto a nuestro país, por lo tanto, entendemos que solo quedaría la opción de descartar la reelección en forma terminante o, en el mejor de los casos, establecerla solo cuando haya transcurrido, al menos, un periodo constitucional de cuatro años.

El otro tema, que además fue introducido en forma forzada en el texto constitucional, es el referido a la elección de magistrados del Órgano Judicial. Los respectivos textos constitucionales, corresponden a los artículos 182, 188, 194 y 197.

No tan solo por el sistema general de elección popular utilizado en el caso de más de 50 magistrados, sino también por la forma de detalle en que se aplicó al final dicho sistema, este último resultó un fracaso que, incluso fuera del país, ha sido admitido por el propio Presidente del Estado.

Desde luego que aquél no es el único factor relacionado con la grave crisis actual del Órgano Judicial, pero es uno de los que tiene indudable importancia.

¿Qué hacer? Reconocido el fracaso de la norma constitucional sería un desatino mantenerla. Debe ser cambiada por otra.

Pero, ¿en este caso hay dificultades? La primera es decidir qué se hace con los magistrados elegidos por periodos concretos de funciones. Por ejemplo, en el caso del Tribunal Supremo de Justicia se trata de un tiempo de seis años.

El extremo que se ha estado manejando de una especie de renuncia colectiva o de “echar a todos”, no es aceptable. Además, definamos previamente cuál será el sistema de designación que regirá en adelante, aunque el mismo deje de ser parte del texto constitucional y vaya a donde debería estar, que es la Ley Orgánica Judicial.

Es abogado analista de la constitucionalidad, ensayista y periodista.

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