La Gaceta Jurídica

Constitución del principio de igualdad normativa

Los derechos de la mujer se han configurado en razón de problemáticas relacionadas con la violencia doméstica, la violencia sexual, la adopción de menores, el cambio de apellido y de identidad sexual en registros públicos, los beneficios de seguridad social y el acceso al servicio público por parte de ellas.

Una marcha recuerda a víctimas de feminicidio y violación de derechos.

Una marcha recuerda a víctimas de feminicidio y violación de derechos. Foto: Archivo La Razón

La Gaceta Jurídica / Mijhail Pardo Lafuente

00:00 / 09 de abril de 2013

La medida en que los mecanismos de protección internacional se acercaron o no a la guía interpretativa establecida por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw), determinó la medida de los avances en la incorporación del discurso y la política de género en la construcción normativa de derechos humanos bajo la estructura de un patrón de violencia, esta última materializada a través de la promulgación de la Ley 456 Integral de violencia contra la Mujer, ante la taxativa manifestación de un elevado índice de agresividad perpetrada con particular énfasis sobre la integridad femenina.

Por otra parte, debe evaluarse como parámetro antecesor al análisis de la normativa expuesta que la calidad de una vida en común dentro de la administración jurídica de un determinado Estado no sólo se mide por el grado de solidaridad y el nivel de bienestar (téngase por entendido en el ámbito de las formulación de políticas públicas de orden social con perspectiva de género, destinadas a fortalecer el accionar colectivo de las mujeres y su consiguiente régimen de resguardo y seguridad, y en consecuencia la institución punitiva sobre ilícitas de particular caracteres tales como la configuración de nuevas figuras penales de demandante inserción), sino también por el grado en que en el interés general se contempla por igual los intereses de cada individuo.

Si nos remontamos sobre la evolución histórico-sociológica (entendiendo que fue, sin lugar al equívoco, la propia sociología que a través de Weber determinó la hermenéutica científica de la ciencia jurídica como ciencia social y rectora de la principios comunales de igualdad en sociedad y por ende ante la ley positiva), el discurso de los derechos humanos (paralelismo misógino) se estableció bajo los principios de universalidad y autonomía del pensamiento humanista ilustrado del siglo xviii.

Dos autonomías

El principio de universalidad afirma que los seres humanos tienen determinados e iguales derechos en tanto seres racionales. El principio de autonomía opera en dos sentidos; mientras la autonomía privada se refiere a la elección individual de la realización de un concepto personal del bien, la autonomía pública se refiere a la elección común con otros de la realización de una concepción política de lo justo y lo bueno.

El proceso de formación discursiva en función a la voluntad colectiva de género da cuenta de la interna conexión de ambos aspectos: de la autonomía de individuos incanjeables (mujeres, adoles- centes, niños) y de su inserción en formas de vida intersubjetivamente compartidas.

Los iguales derechos de los individuos y el igual respeto por su dignidad personal vienen sostenidos por una red de relaciones interpersonales y de relaciones de reconocimiento recíproco por cuanto infiere la aplicabilidad inclusiva de prerrogativas de género, necesarias para entablar la correlación de fuerzas de signo reciproco en la consolidación del principio de igualdad y de no discriminación.

Así el lineamiento sociológico de género sobre el cual parte el antecedente evaluativo, no se vincula en  estricto sensu al trabajo de Jacques Lacan y Simone de Beauvoir, en lo que infiere a la adecuación del discurso de los derechos humanos como producto del discurso y la política de género, sino que revela sus antecedentes en el siglo xvii con el trabajo precursor de Olympe de Gouge y Mary Wollstonecraft.

Ambas –aunque no hablando de género como hoy– posibilitaron respuestas en tiempo real al pensamiento ilustrado sobre los derechos del hombre en relación a los derechos de las mujeres. Luego, en los siglos xix y primera mitad del Siglo xx, el surgimiento de la primera generación feminista marcó el inicio de transformaciones jurídicas en materia de derechos de las mujeres bajo una agenda política ciertamente emancipadora.

Ámbito de igualdad

Surge como advenimiento del proceso histórico de consolidación y vindicación de los derechos de la mujer desde la esfera de lo político-discursivo hacia la latitud de lo jurídico-normativo, la premisa siguiente: ¿igualdad en que? Toda teoría de la justicia busca defender la igualdad de algo, de rentas, libertades, bienes primarios, etc. Lo que está en juego es el ámbito social más importante dentro del cual exigir la igualdad.

Empero, cabe señalar que tal elección implica dejar de lado “algo que no resulte ciertamente importante” (en función de quien lo cede). Concretamente, cuál es la expresión unívoca del alcance de la norma en función a los principios de igualdad y no discriminación que precisamente deduce la materialidad jurídica como necesaria, pero que se abduce en  contrario sensu (razón primaria por la que fue construida el espectro legal), otro patrón discriminatorio de desigualdad en forma cíclica (varón-mujer-mujer-varón, etc.).

Aquí, en el propósito de constituir (por parte del Estado) un sistema jurídico de normas que no atente contra las prerrogativas de igualdad frente a la ley, infiere una dinámica jurídica de otorgamiento en cuanto al resguardo y apoyatura legal hacia el sector vulnerado, cuya medición lógica no evalúa nuevos enfoques de vulneración normativa y recrea nuevos parámetros de desigualdad institucionalizada, donde el “exceso” juega rol preponderante de discriminación.

Problema político

En 1965, Norberto Bobbio, en el ensayo “Fundamento de los Derechos Humanos”, posterior a la descripción histórica de los procesos de la ilustración como elementos primigenios de la constitución de los Derechos del Hombre, resaltó como premisa conclusiva que el problema de los derechos no es fundamentarlos, sino aplicarlos; es decir, no es un problema filosófico sino político, por lo que el objeto macro del accionar jurídico-legal consiste en determinar el perímetro jurídicamente permitido, lo cual refiere el ámbito de la realidad que protege cada derecho.

Es allí donde se yergue el fundamento normativista de las “acciones afirmativas”, en base a la construcción sobre el discurso de igualdad, no pudiendo éste último limitarse al parámetro de la no discriminación ni agotarse por consiguiente en ella al margen de la estudiada equivalencia entre igualdad-no discriminación, es decir, la igualdad presupone ejecutar medidas de corte positivo para remontar desigualdades históricamente dadas por medio de políticas públicas destinadas instrumentalizar el espectro normativo, garantizando el enclave de aplicabilidad en la proporción de recursos (económicos, sociales y políticos) idóneos que consoliden un paradigma de eficacia legal.

En consonancia, desde el marco del Derecho Internacional el Cedaw, en su Informe final C/SR.811 y 812 de 2008, respecto a las observaciones efectuadas sobre la discriminación contra la mujer en Bolivia, expresó enfáticamente la necesaria constitución de una reforma estructural contra el discrimen y la violencia de género (vigente en la legislación penal y familiar doméstica) a través de una Ley Integral (hoy promulgada), que, no obstante de dicha demanda, exhortó de igual forma al Estado reforzar sin demora el sistema de recopilación de datos en los ámbitos tratados en la Convención Interamericana de “Belem do Pará”.

Esto, en procura de evaluar con exactitud la situación real de la mujer y realizar un seguimiento adecuado de la evolución de las tendencias, utilizando indicadores cuantificables, impacto de las medidas adoptadas y progresos realizados en la consecución de la igualdad de facto entre la mujer y el hombre, situación no comprendida en los ámbitos de adecuación, diseño y ejecución normativa.

Como inscripción culminatoria, la formulación de leyes obedece a las transformaciones de toda sociedad desde el punto de vista civilizatorio, donde la frecuencia con la que se perpetra un ilícito impetra la constitución de un cuerpo de norma que no necesariamente posibilitará el aquilatamiento del creciente delito, dejando al margen por consiguiente otros elementos de evidente materialidad igualitaria entre los sujetos que conforman el entramado social.

Este raciocinio, que aun yace exiguo con gran frecuencia en la práctica, permanece aún en el ámbito de la evidencia intuitiva, pero, lógicamente analizado, ofrece una forma coligativa interesante que no puede de ninguna manera considerarse trivial sobre el alcance de los derechos de género u otro frente a una esquemática dual de prerrogativas en permanente dinámica.

Es estudiante asociado de Instituto de Estudios Internacionales (Idei).

Tomado de: Revista IDEI-Bolivia, año 3, Nº 58, marzo de 2013.

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