La Gaceta Jurídica

La Constitución y los tratados, fuentes de protección de los derechos

Apunte legal

Alan Vargas Lima

00:00 / 01 de abril de 2014

Recientemente, se ha dado a conocer una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana que pretende cambiar la forma de entender e interpretar el derecho mexicano, es la Sentencia que resuelve la contradicción de tesis 293/2011 determinada por el Pleno de esa Corte en diciembre del año pasado.

De acuerdo a la opinión del reconocido constitucionalista Miguel Carbonell, en esa Sentencia se señala dos cosas de enorme relevancia: que en México las personas tienen los derechos que les reconoce la Constitución y los que están previstos por los tratados internacionales, pero, además, se establece que entre esas dos “fuentes” de los derechos no hay una relación de jerarquía, sino que entre ambas constituyen una especie de “bloque de regularidad constitucional” dentro del cual los jueces podrán tomar la norma que resulte más protectora al momento de resolver un caso concreto.

En otras palabras –dice Carbonell–, la Corte deja atrás un viejo concepto con el que nos formamos la mayor parte de los abogados mexicanos, el de jerarquía normativa. A partir de la citada Sentencia de la Corte, esa jerarquía no existe entre la Constitución y los tratados internacionales.

Finalmente, Carbonell agrega que la segunda cuestión relevante que resuelve la Sentencia 293/2011 es el valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es que hace algunos años la Corte mexicana había dicho que solamente eran obligatorias las sentencias interamericanas que se zhubieran dictado en casos en los que México hubiera sido la parte demandada.

Ahora, ese criterio cambia y se señala que todas las sentencias interamericanas son obligatorias para los jueces mexicanos, de modo que éstos deben aplicar los criterios en ellas contenidos a menos que encuentren un criterio jurisprudencial de carácter nacional que resulte más protector.

Indudablemente, ello permitirá contar en México con una protección de derechos humanos basada en estándares internacionales, dado que la sentencia del Caso 293/2011 se encuentra entre las más importantes que ha dictado esa Corte en las últimas décadas.

¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Bolivia?

En el caso de Bolivia el tema ha sido resuelto por vía constitucional, fue la voluntad del constituyente la que primó a la hora de señalar la posición jerárquica de los tratados internacionales de derechos humanos respecto a la Constitución.

Es así que la Constitución boliviana (en su artículo 410, parágrafo II), además de proclamarse como la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano –gozando de primacía frente a cualquier otra disposición normativa–, establece el Principio de Jerarquía Normativa, por el cual, la Constitución ocupa el primer lugar dentro de la estructura jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia; es decir, se sitúa en la cúspide de nuestra pirámide jurídica como principio y fundamento de todas las demás normas.

En segundo lugar se encuentran los tratados internacionales, que pueden ser suscritos en cualquier materia por las autoridades legitimadas al efecto, respondiendo a los fines del Estado “en función de la soberanía y de los intereses del pueblo” (artículo 255 parágrafo I constitucional), dado que, una vez ratificados, también llegan a formar parte del ordenamiento jurídico con rango de leyes (artículo 257, parágrafo I constitucional).

En cambio, es muy diferente la situación de los tratados internacionales sobre derechos humanos, porque, una vez ratificados, éstos prevalecen en el orden interno, dado que los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse conforme a ellos (artículo 13, parágrafo iv constitucional); cuando dichos tratados “declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta”, vale decir que los derechos reconocidos en la Constitución “serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables” (artículo 256 constitucional, que consagra el Principio pro homine).

Entonces, es por demás evidente el tratamiento diferenciado que la misma Constitución otorga a los tratados internacionales de acuerdo a la materia que pretenden regular, más aún si se considera que el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Constitución, ha decidido seguir la tendencia de otorgar una jerarquía constitucional con aplicación preferencial a los tratados y/o convenciones internacionales que consagran derechos humanos en términos más favorables a los(as) ciudadanos(as).

Esto se halla respaldado por la misma Ley Fundamental cuando dispone que “el bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país (…)” (artículo 410, parágrafo II constitucional).

Sin embargo, esta disposición tiene una indudable fuente jurisprudencial, dado que constituye una reivindicación de los criterios jurisprudenciales sobre el “Bloque de Constitucionalidad” (un conjunto de normas, no sólo constitucionales, que complementan y desarrollan los derechos, principios y valores de la Constitución), expresados con bastante anticipación por el ahora extinto Tribunal Constitucional de Bolivia (me refiero al que fue creado por la reforma constitucional de 1994), cuya labor jurisprudencial ha sido determinante para entender cuál la posición jerárquica que debieran tener los tratados internacionales en materia de derechos humanos y su tratamiento especializado en nuestro país.

Es así que, en 2001, el Tribunal Constitucional, asumiendo una posición de activismo judicial respecto a la protección de los derechos humanos, ha definido que los tratados, convenciones o pactos internacionales sobre derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad, por lo que, los derechos humanos consagrados en dichos instrumentos forman parte del catálogo de derechos fundamentales previsto por la Constitución; de manera que en ese contexto pueden ser invocados por las personas y tutelados por las autoridades (Cfr. Sentencias Constitucionales: SC 95/01, SC 1662/2003-R17 y SC 0102/2003).

Asimismo, hace más de diez años, el mismo Tribunal Constitucional, en la Sentencia Constitucional Nº0491/2003-R, de 15 de abril, a tiempo de resolver una problemática referida a la vulneración del derecho al juez natural, dejó establecido que la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene fuerza vinculante para el Estado boliviano y sus autoridades.

Dicho entendimiento jurisprudencial ha sido actualmente reforzado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, al establecer que las sentencias pronunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos también forman parte del Bloque de Constitucionalidad (Cfr. Sentencia Constitucional Nº110/2010-R de fecha 10 de mayo de 2010).

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com

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