La Gaceta Jurídica

Construcción jurídica de los mecanismos

Los Estados deben aportar las medidas necesarias para modificar los patrones de comportamiento sociales y culturales de hombres y mujeres, y eliminar los perjuicios y las practicas consuetudinarias y de otra índole basada en la premisa de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y sobre los roles estereotipados que se imponen tanto a los hombres como a las mujeres.

“Las investigaciones deben ser de acuerdo con las normas internacionales”.

Las investigaciones deben ser de acuerdo con las normas internacionales Foto: compartidosensoledad.blogspot.com

La Gaceta Jurídica

00:00 / 01 de febrero de 2013

Prevención, investigación y reparación

Si nos abocamos a un estudio, al menos somero, del tratamiento en el Derecho Comparado de esta materia, percibiremos una proliferación de leyes concretas que denota marcado interés por la regulación específica y especial de las cuestiones relativas a la violencia de género. Son disímiles las legislaciones actuales que regulan en leyes separadas e independientes de sus Códigos de Familia y Penal, disposiciones específicamente dedicados a la violencia, ya sea de género, doméstica, intrafamiliar, o cualquier otra denominación que se le atribuya en el cuerpo legal.

Entre estos países figuran como ejemplos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos, España y Venezuela. Muchos, o la gran mayoría de los códigos de familia no regulan expresamente los supuestos de violencia de género con su correlativa referencia a lo penal, sino que sólo lo limitan a este último. Y otros países como los ya mencionados, asumen constituir leyes especiales para tratar el tema.

Una investigación de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina da cuenta del acelerado trámite y posterior archivo que reciben las denuncias por casos de violencia; el estudio señala que los casos de violencia extrema fueron precedidos por episodios de violencia menores que la justicia penal no atendió.

En dichos menesteres, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, el Estado debe “iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha sido categórica al señalar que “la búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado y no depende de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de su aportación de elementos probatorios”.

En este sentido, el sistema interamericano de derechos humanos ha afirmado que no es la existencia formal de los recursos o normas legales lo que demuestra la debida diligencia, sino que estén disponibles y que sean efectivos. La CoIDH ha observado que los recursos internos, de acuerdo con los principios generalmente reconocidos del derecho internacional deben ser adecuados, en el sentido de que deben permitir la restauración del derecho violado, y efectivos en el sentido de ser capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos, el objeto perseguido es que no existan retardos injustificados, no se deniegue la justicia o no se suscite algún otro suceso que impida el debido acceso a un recurso judicial.

De forma reciente, en el caso Jessica Lenahan (Gonzales), la Comisión reiteró que el principio de la capacidad de las víctimas de violencia contra la mujer de acceder a la protección y judiciales incluye el garantizar la clarificación de la verdad de lo sucedido, las investigaciones deben ser serias, rápidas y exhaustivas e imparciales, y deben llevarse a cabo de acuerdo con las normas internacionales en este campo.

Para la CoIDH, “la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extra patrimoniales, incluyendo el daño moral”.

Por tanto, los Estados deben aportar las medidas necesarias para modificar los patrones de comportamiento sociales y culturales de hombres y mujeres, y eliminar los perjuicios y las practicas consuetudinarias y de otra índole basada en la premisa de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y sobre los roles estereotipados que se imponen tanto a los hombres como a las mujeres.

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