La Gaceta Jurídica

¿Consulta a la OEA?

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Paláez G.

00:00 / 01 de junio de 2012

En un trabajo anterior, y al abordar el tema referido al último conflicto con el sector salud, habíamos destacado que surgieron algunas figuras curiosas, por decir lo menos, en el campo jurídico.

Finalmente, al “solucionarse” (así entre comillas) ese conflicto se impuso el criterio que manejaron personeros del Gobierno, en sentido de dejar en “suspenso” la vigencia del Decreto Supremo (ds) 1126. Suponemos que esa singular “suspensión”, no prevista en nuestro ordenamiento jurídico, tiene, por llamarle así, un término que es el relativo a la fecha para la realización de la llamada “cumbre” para la salud.

Esto último implica que la mencionada suspensión terminará su vigencia para entonces, lo que a su vez podría determinar nuevamente la vigencia del ds 1126. ¿Se imaginan semejante enredo? En resumen, primero se dicta un decreto supremo disponiendo la vigencia de un régimen de ocho horas de trabajo en lugar de seis para el sector salud, lo que determina, por otra parte, desconocer la vigencia de un sistema anterior, considerado como una “conquista social”.

Después, y ante las fuertes protestas del sector afectado y de otros que se le suman, se dicta otro decreto disponiendo la “suspensión” del anterior, lo que equivale, según se explicó, a dejar ese decreto como “inaplicable”. Pero ojo, ¿su inaplicabilidad o falta de vigencia, es sólo por un tiempo determinado?, porque está abierta la posibilidad de que, luego de vencidos unos meses, el Decreto Supremo por llamarle “original”, mediante otro Decreto Supremo vea repuesta su vigencia. ¿Quién lo entiende?

Todo este embrollo porque el Gobierno, seguramente ante el temor de una derrota política, no quiso admitir nunca que el único camino correcto ante el error cometido era derogar o más bien abrogar el famoso ds 1126.

Pero ha existido una nueva figura en ese largo intento de más de 50 días de duración del conflicto para salir del paso sin que, supuestamente, las partes conflictuadas salgan demasiado maltrechas, sin pensar en que el único que, como siempre, resultó realmente maltratado fue el país en su conjunto.

El llamado “Convenio Interinstitu- cional”, como se denominó lo que después acabó siendo una especia de preacuerdo con el Gobierno, llegó a destacar en el punto 1 lo siguiente: “La Comisión Nacional de Salud deja constancia de su oposición al ds 1126 y podrá ejercer su derecho de acudir ante cualquier instancia reconocida por ley para obtener un dictamen (sic) de autoridad jurisdiccional nacional o internacional, debiendo el Gobierno Nacional informar acerca de las vías legales en la identificación de los mecanismos correspondientes, particularmente en lo relativo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la oea (Organización de Estados Americanos)”.

Analicemos esa posibilidad de obtener resoluciones jurisdiccionales nacionales e internacionales.

En el primer caso, nos preguntamos, ¿cuál el motivo para que el sector salud simplemente “podría” haberse limitado a decir que PODRÁ EJERCER SU DERECHO de acudir ante los tribunales? ¿Acaso no se trata de un derecho que hubiera podido ejercer en cualquier momento, antes o durante la huelga? ¿Acaso quien tiene la legitimidad procesal respectiva no podría haber iniciado una acción abstracta de inconstitucionalidad contra el ds 1126? ¿No era suficiente citar para el efecto como argumento básico la vulneración del artículo 48 III) de la Constitución Política del Estado (cpe) y/o del artículo 49 (III) de la misma?

Aquello hubiera resultado “normal” de una acción jurídica plenamente consagrada en nuestra normativa. O es que, ¿no se confiaba en la actuación del Tribunal Constitucional?Pero, era obvio que se volvió a otorgar preferencia a las acciones de hecho, a las posiciones extremas. Y lo grave es que éstas se han convertido en las únicas que aparecen visibles. Las únicas, por otra parte, que acaban apareciendo como las más idóneas en la “solución” de los conflictos.

De nuevo subrayamos al decir “solución” entre comillas, porque lo único que al final sucede es que se salva la coyuntura. Las llamadas soluciones no son tales, son formas de salvar el momento, de desactivar el conflicto cuando al Gobierno (como era el caso que analizamos), comienza a incomodarle más de la cuenta, más de lo tolerable.

Es sólo para destacar lo que adelantábamos respecto a la existencia como figura jurídica de la llamada “suspensión”, pues pudo haber sido otro tema de análisis para el Tribunal Constitucional.

Aclaremos, empero, que la figura de la consulta sólo existe ante el Tribunal para el caso de las LEYES, en cambio no en el caso de los decretos supremos (artículo 202.7 de la cpe (consulta sobre proyectos de ley). Es concordante con ese artículo el que corresponde al texto del artículo 134 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) de 6 de julio del 2010.En cuanto a la posibilidad de una eventual consulta ante la Comisión de Derechos Humanos de la oea, en la edición del 18 de mayo, el periódico Correo del Sur de Sucre destaca que una vocera de aquél organismo aclaró que no existe la figura de la Consulta Vinculante.

Nos preguntamos entonces, ¿para qué se pensaba formular la respectiva consulta? ¿Para conocer una mera opinión? Se ha apuntado muy mal en todos los casos y todo por el capricho gubernamental que hasta el último instante ha seguido confundiendo “suspensión” con abrogación. Las consecuencias han quedado a la vista, pero será necesario haber aprendido semejante lección para que no vuelva a repetirse.

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