La Gaceta Jurídica

Una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada para Bolivia

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 10 de septiembre de 2013

"Bolivia podría ser el segundo país de Latinoamérica (después de Perú) en tener una Ley de Consulta Previa”. Así lo ha asegurado recientemente el representante de la Organización Internacional del Trabajo (oit), el peruano Iván Lanegra, quien informó que Perú aprobó el 2011 una Ley de Consulta Previa, habiéndose convertido en el primer país con una ley de esas características, lo cual podría suceder en Bolivia, en caso de que el Anteproyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada, aprobado en agosto por las organizaciones sociales que conforman el“Pacto de Unidad” en Cochabamba, sea sancionado por la Asamblea Legislativa.

En todo caso, los nuestros no serían los únicos países que están trabajando en el tema, sino también Colombia y Chile elaboran una normativa especializada para regular esta materia, lo que demuestra el enorme interés y esfuerzo legislativo que se está manifestando en países de la región.

De acuerdo a su contenido, el Anteproyecto tiene por objeto normar el  derecho a la consulta previa, libre e informada de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y pueblo afroboliviano, llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones propias a los directamente afectados varones y mujeres, cuando se prevea la adopción de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar en sus derechos colectivos de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, Convenio 169 de la oit y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En el anteproyecto se ha definido el Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas Originarios en Bolivia como “un derecho colectivo y fundamental de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y pueblo afroboliviano, tiene carácter obligatorio cuando el Estado prevea la adopción de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente sus derechos colectivos. Es un mecanismo democrático para el ejercicio de los derechos colectivos y en particular la libre determinación así como para profundizar la democracia directa, participativa y comunitaria”.

Aquí se define este derecho como uno de naturaleza colectiva, lo que significa que, además de su carácter fundamental por estar consagrado por la Constitución Política del Estado (cpe), corresponde al hombre/mujer en relación con su entorno (hábitat), con el territorio, su cultura, sus costumbres y tradiciones; vale decir, que este tipo de derechos, son inherentes a las colectividades humanas, como las minorías étnicas o políticas o los grupos religiosos, considerando al ser humano como sujeto universal de derechos.

De ahí que el derecho a la consulta se ha constituido en fundamental para la defensa de las tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas en Latinoamérica, frente a proyectos de extracción de minerales, construcción de presas o carreteras y declaratorias de áreas de reserva, entre otros.

Este derecho se inscribe dentro de aquellos derechos humanos denominados “de tercera generación” (lo que no implica inferioridad ni desventaja alguna) y se basan en la premisa de conceder o aceptar que todos los pueblos del mundo deben tener las condiciones mínimas para su desarrollo a través del derecho a la paz, a un medio ambiente sano y equilibrado, al desarrollo sostenible, entre otros, lo que significa que el sujeto de estos derechos, más que el individuo mismo, es la colectividad, el pueblo y la humanidad entera (1).

El derecho a la consulta previa fue reconocido a los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la oit, cuyo artículo 6.1 estableció que, al aplicar las disposiciones del Convenio, los gobiernos deberán: “a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instancias representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Asimismo, el artículo 6.2 del Convenio señaló que: “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

La Declaración de la onu sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas constituye uno de los instrumentos internacionales más completos sobre estos derechos y, en 11 de sus 46 artículos, se hace mención explícita al  derecho a la consulta. Específicamen-te, el artículo 19, que se considera uno de los principios rectores de toda la Declaración, señala el deber de los Estados de “celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados (…) antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

Por su parte, la cpe reconoce en el artículo 30.15 el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos “a ser consultados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”, añadiendo que “se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.

De lo referido, se debe resaltar que el contenido esencial de este derecho se expresa en tres dimensiones: a) Previa, porque el Estado debe realizar la consulta con la suficiente anticipación a cualquier autorización o comienzo de actividades dentro del área objeto de la consulta; b) Libre, porque tanto la consulta como los acuerdos que se obtengan de la misma, deben estar libres de coerción, intimidación, manipulación o amedrentamiento entre partes; c) Informada, porque el objeto y los alcances de la consulta, así como los documentos e información referente a la misma no deben quedar exentos de ser difundidos ampliamente a toda la comunidad que participará de la misma. Esas tres son las premisas sobre las cuales debe edificarse cualquier proyecto legislativo que pretenda regular el ejercicio del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Bolivia.

Sin embargo, uno de los aspectos resaltantes del nuevo anteproyecto es que los indígenas sólo tendrán derecho a veto en tres casos, cuando se prevea el traslado o la reubicación de comunidades, la instalación de bases militares y de depósito de residuos nucleares y desechos tóxicos en sus territorios; no obstante, la última palabra sobre la ejecución de proyectos extractivos y de desarrollo en sus regiones la tendrá el gobierno central en caso de que no se logre el consentimiento de los indígenas en el proceso.

Entonces, es fácil deducir que el denominado “derecho a veto” no pasará de ser una norma declarativa si no se asegura su cumplimiento, ya que al no tener ningún efecto como para impedir una decisión gubernamental afectaría negativamente la eficacia del derecho a la consulta previa.

Nota

1. Entre los derechos humanos colectivos o de los pueblos, con carácter enunciativo se puede nombrar el derecho a un medio ambiente sano, derecho a un orden ecológico equilibrado, derecho a la identidad cultural, derecho al uso y respeto de la lengua materna o de origen, derecho a la libre determinación de los pueblos, derecho a la paz, derecho al desarrollo humano sostenible y sustentable, derecho de acceso a la propiedad de la tierra, derecho al espacio público, entre muchos otros.

Es abogado responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano y maestrante en Derecho Constitucional (UMSA).

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