La Gaceta Jurídica

Consulta sobre la constitucionalidad de proyectos de ley

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 02 de mayo de 2014

La discusión y debate, seguida, cuando no, de marchas y paros en torno al texto de la Ley de Minería y Metalurgia ha reactualizado otro debate, esta vez relativo a la constitucionalidad o no respecto, justamente, a los PROYECTOS DE LEY.

Lo que en esta ocasión fue planteado en concreto fue la supuesta inconstitucionalidad de varios artículos del texto correspondiente al proyecto de la ya referida Ley de Minería y Metalurgia.

El planteamiento del tema no sólo enfureció a los cooperativistas mineros, sino que acabó originando un serio conflicto con víctimas por los enfrentamientos, además de posturas terminantes e intransigentes entre esas cooperativas y el Gobierno.

Tratemos de ubicar el tema donde realmente debería haber estado de comienzo, si es que nos atenemos en forma estricta a nuestra legislación vigente.

Comencemos por reiterar que se estaba discutiendo un proyecto de ley, por lo tanto, el escenario era la Asamblea Legislativa nacional.

El artículo 158, inciso 3, de la Constitución Política del Estado (cpe) dice que es atribución de aquella “dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas”. Por lo tanto, queda claro que se trata de leyes que la Asamblea ha aprobado y que han sido promulgadas por el Presidente del Estado (atribución contenida en el inciso 7 del artículo 172 de la cpe.

¿Qué ocurrirá en el caso de que durante el trámite que se realiza o “Procedimiento Legislativo”, como lo denomina la propia Constitución Política, se observa o se hace referencia a que uno o varios artículos del que todavía es PROYECTO DE LEY son contrarios a la Constitución Política del Estado?

Acabamos de ver que la Constitución confiere la atribución, incluso, de INTERPRETAR LAS LEYES a la propia Asamblea Legislativa nacional, pero no abarca esta atribución al caso de los PROYECTOS DE LEY. ¿Qué debería, por lo tanto, ocurrir en un caso parecido? Esto es lo que precisamente sucedió durante el tratamiento de la ley ya mencionada.

El artículo 196 de la cpe dice: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, EJERCE EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD”, ETC. Por lo tanto, queda dicho que ese Tribunal es el único que está habilitado o que tiene competencia para ejercer la función del control de la constitucionalidad.

Pero, más en concreto aún, la misma Constitución Política, en su artículo 202, inciso 7, dice que entre las atribuciones de aquel Tribunal está la de conocer las CONSULTAS de (…) nombra a varias autoridades SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY y añade que la “decisión del Tribunal, es de cumplimiento obligatorio”.

Por su parte, a mayor abundamiento, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional del 6 de julio de 2010 ratifica quiénes son competentes para plantear la consulta (artículo 134), entre los cuales está el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El artículo 135 añade que la “Consulta deberá formularse SOBRE EL PROYECTO DE LEY” y que su sola formulación “suspenderá el trámite de aprobación del proyecto de ley”. A su vez, el artículo 136 ratifica lo señalado por la Constitución, al decir que “la declaración constitucional emitida por el Tribunal VINCULA AL ÓRGANO QUE EFECTUÓ LA CONSULTA”.

Por todo lo que se ha indicado anteriormente, queda claro de inicio que en el país existe actualmente un esquema completo y muy claro sobre la figura de la consulta y la forma del procedimiento a seguirse cuando se trata de utilizar esa figura en un caso concreto.

Lamentablemente, aquellos detalles contenidos en la normativa correspondiente que nos hemos permitido citar no han sido cumplidos en el caso del tratamiento del estudio de la futura Ley de Minería y Metalurgia. Incluso, como veremos, se ha creado en forma por demás ilegítima y artificial una nueva figura que podríamos denominar “presunción de inconstitucionalidad”, utilizada de comienzo por altos funcionarios del Órgano Ejecutivo, sin competencia alguna en el tema.

Y, peor todavía, al frente se situaron quienes supuestamente defendían la postura contraria (o sea la constitucionalidad) de parte de dirigentes de cooperativas mineras (¿?).

Aquí, en concreto, se ha desconocido otro principio elemental de nuestra normativa en el caso específico. El artículo 5 de la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, ya citada, indica: “Se PRESUME LA CONSTITUCIONALIDAD de toda ley, decreto, resolución y actos de los ÓRGANOS DEL ESTADO, en TODOS SUS NIVELES, hasta tanto el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL resuelva y DECLARE SU INCONSTITUCIONALIDAD”.

Nos preguntamos nuevamente, ¿qué competencia tenían para DECIDIR (?) sobre si un proyecto de ley, que constituye un acto de un órgano del Estado, como es el Legislativo, era o no contrario al texto de la Constitución Política?

Peor todavía, ¿por qué motivo el presidente de la Asamblea Legislativa, como lo señala el artículo 202, inciso 7, ya citado, de la Carta Magna, no pretendió siquiera, formalizar la figura de la Consulta, prevista hasta el cansancio en nuestra abundante normativa jurídica?

Para enredar más el tema, se ha creado “comisiones” que “definirán” el tema, o sea, más enredo imposible. ¿Qué competencias tienen esas singulares comisiones? ¿Cuál ha de ser el valor jurídico real de sus futuras conclusiones? Pues, ningún valor. Simplemente se ha perdido miserablemente el tiempo, además de incumplir la Constitución y las leyes.   

Es abogado, ensayista y analista de la constitucionalidad.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia