La Gaceta Jurídica

Contraloría, antes y ahora

…en esas etapas la Constitución fue vulnerada cuando los contralores no actuaron contra la entrega de las empresas estratégicas a transnacionales, omisión más grave que la de mantener un interinato del cual no se conoce aún su efectividad y eficiencia; sin embargo, esta última gestión deberá también ser fiscalizada e investigada…

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 17 de abril de 2016

La Contraloría General del Estado (cge), antes Contraloría General de la República (cgr), es una de las más importantes instituciones técnicas nacionales debido a que “ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa”, según establece el artículo 213 de la Constitución Política del Estado (cpe) de 2009.

Precisamente por eso, en estos días se ha convertido en tema fundamental de tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp) debido a que se prepara el terreno para la designación del nuevo contralor o contralora, quien deberá reemplazar a Gabriel Herbas, funcionario que ocupa el cargo de manera interina desde 2008. Pero, para contextualizar este proceso, es interesante reseñar la aparición de la entidad en la historia institucional del país.

El antecedente es el Tribunal Nacional de Cuentas, que fue instalado en Sucre en 1883 para que controle los fondos públicos. Estaba administrado por cinco jueces elegidos por la Cámara de Diputados y emitía resoluciones inapelables, además que presentaba un informe anual al Congreso Nacional y respondía de sus actos ante la Corte Suprema de Justicia. La instancia tuvo vigencia hasta el 5 de mayo de 1928, cuando fue promulgada la ley de creación de la Contraloría General de la República por el presidente Hernando Siles como organismo cuyo titular era elegido por el primer mandatario de una terna presentada por el Senado y con un mandato de seis años sin reelección, lapso que luego fue cambiado a 10 años.

Con la nueva denominación de Contraloría General del Estado desde 2009, la entidad, según el artículo constitucional 217, está encargada de ser “responsable de la supervisión y del control externo posterior de las entidades públicas y de aquéllas en las que tenga participación o interés económico el Estado. La supervisión y el control se realizará asimismo sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo”.

Pero si bien las disposiciones legales están definidas, llaman la atención las críticas opositoras sobre el reglamento para la designación del Contralor o Contralora, pues, como sucede en el caso del Órgano Judicial, como si solo ahora sufriera la injerencia del Ejecutivo, la falta de memoria intencional hace creer que la institución fue inmaculada en sus años anteriores, sin tomar en cuenta los años 80 y 90 del siglo pasado, cuando el contralor Antonio Sánchez de Lozada (1882-1992), hermano de Gonzalo, dejó el cargo al primo de su esposa, Marcelo Zalles (1992-2002), y pasó a ser senador.

Los tres nombrados tenían gruesos intereses económicos en la minera Comsur. Por otra parte, es necesario recordar que en esas etapas la Constitución fue vulnerada cuando los contralores no actuaron contra la entrega de las empresas estratégicas a transnacionales, omisión más grave que la de mantener un interinato del cual no se conoce aún su efectividad y eficiencia; sin embargo, por otra parte, esta última gestión deberá también ser fiscalizada e investigada de manera seria y conveniente para la sanción o la crítica.

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