La Gaceta Jurídica

Contratación pública: foco de corrupción

Entre líneas

William Herrera Áñez

00:00 / 15 de mayo de 2016

La compra-venta de bienes y servicios del y para el Estado, las gobernaciones y los gobiernos municipales siempre fue una fuente directa de tráfico de influencias y enriquecimiento ilegítimo de los principales jerarcas de turno.

Y este Gobierno no ha sido la excepción, pese a enarbolar la “tolerancia cero a la corrupción”, crear el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, sancionar la Ley Marcelo Santa Cruz y proclamarse “la reserva moral” de la sociedad.

En lo específico, el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, buscaba la transparencia y la participación social en la compra-venta de bienes y servicios.

Esta normativa define al Sistema de Administración de Bienes y Servicios como el conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y servicios, el manejo y la disposición de bienes de las entidades públicas.

La normativa pregona que los recursos públicos deben favorecer a los bolivianos y bolivianas y vela por su correcta ejecución. Los interesados pueden participar –dice la norma– en igualdad de condiciones, restricciones y de acuerdo a su capacidad de producir bienes y ofertar servicios. También se debe permitir la publicidad con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad.

En la contratación pública existían (los megaproyectos tienen sus propios decretos supremos) las siguientes modalidades y cuantías: a) Contratación Menor. De 1 Boliviano a 20.000 bolivianos; b) Apoyo Nacional a la Producción y Empleo: De 20.001 bolivianos a 1.000.000 de bolivianos); c) Licitación Pública: De 1.000.001 bolivianos adelante; d) Contratación por Excepción: Sin límite de monto; e) Contratación por Emergencia: Sin límite de monto; f) Contratación Directa de Bienes y Servicios: Sin límite de monto.

Esta normativa tenía que reproducirse en las entidades del sector público; por ejemplo, mediante el DS N° 29506, de 9 de abril de 2008, se aprobó el Reglamento de Contrataciones Directas en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (ypfb). La máxima autoridad ejecutiva de cada entidad pública es responsable de los procesos de contratación desde su inicio hasta su conclusión.

En cualquier caso, la autorizada “contratación directa de obras, bienes, servicios generales…” contrasta con la libre competencia, la transparencia e integridad en los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios que debe existir para el sector público, situación que motiva a los proveedores y contratistas a presentar mejores ofertas y esto conduce, incluso, a un mejor proceso de contratación.

Sin embargo, en la realidad se impone la histórica discrecionalidad con que se maneja los procesos de contratación de bienes y servicios del Estado y esta ha sido una fuente sistemática de corrupción. Nunca faltan los burócratas “expertos” en buscar la forma de cómo descalificar o declarar desierta una licitación pública para proceder con cualquiera de las modalidades de contratación directa y sin límite de monto.

Este cuadro se distorsiona mucho más cuando el Estado se convierte en un comparador compulsivo y adquiere desde productos propios de la canasta familiar hasta aviones, satélites, bancos, armas, acciones, etc. En efecto, nadie podría negar la necesidad de realizar compras directas y sin límite de monto cuando existen, por ejemplo, desastres naturales o alguna emergencia nacional o departamental; pero, cuando la contratación por excepción deja de ser excepcional –valga la redundancia– para convertirse en la regla, constituye un indicio de corrupción generalizada.

Las prácticas corruptas comienzan manipulando las condiciones generales y especiales de la contratación y terminan dirigiéndolas a determinadas personas o empresas conocidas que pueden “acomodar” su oferta al pliego de especificaciones y demás condiciones técnicas a cambio de un porcentaje en calidad de “comisión” para el contratante y que se hace efectivo en cada cheque.

Otras modalidades de corrupción ocurren con la contratación de “obras fantasmas”, sobreprecio en las obras y reajustes de valores (que muchas veces resultan mayores que el valor original de los trabajos contratados), la mala calidad de los materiales empleados, así como la falta de control y seguimiento a los bienes del Estado.

La ausencia de transparencia en las licitaciones y contrataciones e independencia de las instituciones encargadas de luchar contra la corrupción (el Gobierno hace de juez y parte) y la impunidad, entre otras causas, constituyen el escenario ideal para que se generalice la corrupción estatal. En fin, toda contratación discrecional, excepcional, directa y sin límite de monto, constituye una fuente directa de corrupción.

Es jurista, autor de varios libros y presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucio- nales (ABEC).

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