La Gaceta Jurídica

Contribución al estudio del Derecho Constitucional latinoamericano y boliviano

Apunte legal

Alan E. Vargas Lima

00:00 / 18 de noviembre de 2015

Otro de los ejes temáticos importantes que aborda el libro Derecho Constitucional La- tinoamericano y Boliviano. Memoria de las Jornadas de Derecho Constitucional de América del Sud (Cochabamba, Bolivia, Editorial Kipus, 2015) de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales está referido al proceso de judicialización de los derechos económicos, sociales y culturales (desc).

Entre los trabajos referidos a esta interesante temática, destaca, por ejemplo, el extenso texto del profesor Humberto Nogueira Alcalá (presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional), quien analiza los derechos económicos, sociales y culturales a la luz de la Constitución chilena vigente, a cuyo efecto, utiliza el concepto de derechos fundamentales como derechos reconocidos y asegurados jurídicamente a nivel nacional o internacional y que vincula a los Estados y a las personas.

Es así que –luego de afirmar que el fundamento y base de todos los derechos se encuentra en la dignidad de la persona humana, como lo reconoce esa Constitución y los instrumentos internacionales en el ámbito de las Naciones Unidas y el Sistema Regional Americano– considera que los derechos sociales constituyen presupuestos y complementos indivisibles del goce de los derechos individuales, al constituir condiciones materiales que posibilitan un mejor y más efectivo ejercicio de todas las libertades para todos los seres humanos.

Asimismo, el autor conceptualiza que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos o fundamentales que implican no solo prestaciones positivas estatales, sino también la ausencia de interferencia arbitraria de terceros, siendo aseguradas y garantizadas por normas constitucionales o del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al igual que los derechos civiles y políticos, todos los cuales posibilitan una mejor concreción y realización de la dignidad humana.

Por su parte, el profesor Eloy Espinosa-Saldaña Barrera (actual ma- gistrado del Tribunal Constitucional de Perú) realiza algunas anotaciones sobre la evolución de los derechos sociales, económicos y culturales en Perú y, luego de trazar algunos apuntes acerca de la evolución en el caso peruano, hasta la aprobación del texto constitucional de 1993, así como detallar algunos aportes jurisprudenciales del Tribunal Constitucional peruano en la protección de los desc, concluye señalando en líneas generales que la jurisprudencia constitucional peruana ha apuntalado un escenario más amplio y tuitivo para los desc, reconociendo que la exigibilidad de los mismos debe entenderse en similares términos previstos para los derechos civiles y políticos.

Asimismo, el autor advierte que el Tribunal Constitucional peruano ha buscado revertir los fenómenos de incumplimiento de sus pronunciamientos, deficiente cumplimiento de éstos o la desnaturalización de los mismos en fase de ejecución, para lo cual instauró el denominado “recurso de agravio a favor del cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional” y, asimismo, amplió la posibilidad de presentar dicho recurso de agravio a favor de la ejecución de sentencias del Poder Judicial emitidas en grado de apelación, y, finalmente, indica también que el pleno del Tribunal creó el “recurso de apelación por salto” para intentar mejorar la ejecución de sus propias decisiones.

Dentro de la misma temática, la autora Carmen Sandoval Hurtado realiza un análisis extenso y muy detallado acerca del proceso de judicialización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dicho trabajo, básicamente, trata de la justiciabilidad de los desc con la finalidad de determinar si los mecanismos de protección internacionales de los derechos humanos, a nivel interamericano, brindan una tutela eficaz e integral de tales derechos y cuál es el grado de exigibilidad de los fallos jurisdiccionales en los Estados parte sancionados, a tiempo de valorar si los Estados parte latinoamericanos cumplen con la obligación de ejecutar medidas de prevención, protección y sanción en torno a los desc y de informar sobre la situación de aquellos derechos en sus países.

Asimismo, este interesante trabajo de la doctora Sandoval, indaga sobre el desempeño de los tribunales nacionales en la tutela jurisdiccional de los derechos humanos y el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Intera- mericana de Derechos Humanos a partir de la línea jurisprudencial sentada en materia de derechos humanos y las es- trategias que pueden utilizarse para exigir su tutela judicial en casos concretos.

Por último, hace referencia al impacto del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Cul- turales y al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de desc y su incidencia en los derechos humanos de los pueblos indígenas y de las mujeres, a la luz de la jurisprudencia.

A su turno, los autores bolivianos Oscar G. Barrientos Jiménez y Rober D. Espinal Jiménez presentan un trabajo muy interesante sobre “Piso de protección social: doctrina contemporánea desarrollada por la Organización Internacional de Trabajo, herramienta clave para promover condiciones favorables en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales”.

En el análisis pretenden, en primera instancia, demostrar que la doctrina del piso de protección social desarrollada por la Organización Inter- nacional de Trabajo se convierte en herramienta clave para encarar la lucha contra la pobreza y la exclusión social, permitiendo a los países en desarrollo promover condiciones favorables para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y, en segunda instancia, procura reflejar el piso de protección social establecido en Bolivia, señalando los desafíos de la protección social en la lucha contra la pobreza y la exclusión.

Asimismo, luego de analizar la conformación del piso de protección social establecido en Bolivia, remitiéndose al sistema de seguridad social implementado, los autores concluyen que en el boliviano no se cuenta con los recursos suficientes, la infraestructura adecuada ni el personal necesario para el monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales laborales.

Por esto, en su criterio, no resulta útil tener una legislación laboral adecuada si ésta no se cumple. En consecuencia, consideran importante fortalecer el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social como entidad garante de los derechos laborales en la vía administrativa, en especial en sus funciones de inspección.

De igual forma, otros análisis adicionales sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales que se encuentran en esta publicación son realizados por los siguientes autores: Eugenio Luis Palazzo: “Las Acciones Colectivas en la Defensa de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales en Perú”; Carmen Fontán: “La Judicialización de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales”; Martha Altabe: “El Proceso de Judicialización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la República Argentina”; Eliana Roca Se- rrano: “La exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Bolivia, en el área de las mujeres”.

*    Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

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