La Gaceta Jurídica

Control Social vs Acceso a la Información

¿Cómo participar en la gestión ambiental y ser consultado sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente y la conservación de los ecosistemas sin acceso a los estudios de evaluación de impacto ambiental? La Ley No. 341 de Participación y Control Social, promulgada el 5 de febrero de 2013, describe y define a los principales actores en su artículo 7.

¿Cómo efectivizar la Participación y Control Social si no se tiene acceso a la información?

¿Cómo efectivizar la Participación y Control Social si no se tiene acceso a la información? Foto: aininoticias.org

La Gaceta Jurídica / Sonia Maldonado Poma

00:00 / 11 de octubre de 2013

Los actores orgánicos son aquellos que corresponden a sectores sociales, juntas vecinales y/o sindicales organizados y reconocidos legalmente.

Los comunitarios son aquellos que corresponden a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas y todas las reconocidas por la Constitución Política del Estado (cpe), que tienen su propia organización.

Los circunstanciales son los que se organizan para un fin determinado y que, cuando el objetivo ha sido alcanzado, dejan de existir.

Todos estos actores tienen 17 derechos descritos en el artículo 8. En lo que se refiere al MEDIO AMBIENTE, en el numeral 13, la Ley 341 indica textualmente: “Participar en la gestión ambiental, y ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente y la conservación de los ecosistemas”.

Por su parte, la propuesta de Ley de Transparencia y Acceso a la Información señala lo contrario en su artículo 42 (Excepciones al acceso de información): “I. La información será de público acceso excepto en los siguientes casos: Inciso j) Información respecto a estudios de impacto ambiental”.

A la sazón, ¿cómo podrán efectivizar la Participación y Control Social los actores de esta ley, si no será permitido acceder a la información?

¿Contradicción?

Por otra parte, la Ley 341 es contradictoria en sí misma, ya que en su artículo 11, Restricciones a la participación y control social, numeral 2, indica que no se podrá acceder a la información de carácter secreto, reservado y/o confidencial –definidos por Ley–. Lo anterior implica que con el proyecto de Ley de Transparencia y acceso a la información se estaría coartando también el derecho a la participación y control social, porque ahí ya se define por ley a qué información no se podrá acceder.

Asimismo, en el numeral 5 indica de manera textual: “El Control Social no retrasará, impedirá o suspenderá la ejecución o continuidad de planes, programas, proyectos y actos administrativos, salvo que se demuestre un evidente y potencial daño al Estado, a los intereses o derechos colectivos, específicos y concretos. El potencial daño será determinado por autoridad competente”.

¿Cómo saber si un proyecto, plan o programa está causando daños y contravenciones si no se puede conocer los impactos identificados, así como las obligaciones del ejecutor establecidas en los planes de  prevención, mitigación, aplicación y seguimiento ambiental que forman parte de los estudios de evaluación de impacto ambiental?

Los casos

Tampoco la población va a conocer si será afectada, reasentada, trasladada o va perder parte o el total de sus predios, todo lo cual forma parte también de los estudios de impacto ambiental que incluyen el Pripa (Programa de Reasentamientos e Indemnización a la población afectada) y el prp (Programa de Reposición de Pérdidas). 

Otro aspecto que no podrán conocer los actores de la ley, y menos la población afectada, es sobre lo que la empresa o el Estado deben compensar en caso de afectación, contaminación, reasentamientos u otras contingencias, tales como incendios e inundaciones, rupturas de diques u otras infraestructuras, etc.

Peor aún, no habrá forma de conocer los compromisos entre el estado y la empresa en relación a oferta laboral, las obligaciones de protección del patrimonio arqueológico, cultural o ecológico del proyecto en cuestión, todo lo cual también forma parte de los estudios de evaluación de  impacto ambiental.

En el Titulo III, Formas y Ejercicio de la Participación y Control Social, Capítulo II Espacios y Representación de la Participación y Control Social, el artículo 16, parágrafo II, señala que “cualquier persona podrá adscribirse voluntariamente de manera circunstancial a los espacios permanentes de Participación y Control Social”, mencionando los órganos donde pueden realizar esta actividad (Órgano Legislativo, Instituciones del Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, Órgano Electoral, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, Entidades Territoriales Autónomas).

Pero, así como pueden solicitar información o participación, estos órganos también pueden negar o no proporcionar dicha información si su reglamentación lo permite, o cuando exista una ley que restrinja la información.

La propuesta de Ley de Transparencia y Acceso a la información en su artículo 43 menciona el procedimiento de calificación para la restricción de la información a cargo de la Máxima Autoridad de la Entidad, la que, además, definirá el contenido de la ley detallando la fecha, la mención del documento o información a calificarse como reservada, el motivo y fundamento legal y el periodo de duración de la confidencialidad.

El plazo de restricción puede durar máximo 5 años, pero si la autoridad ve que este periodo no es suficiente, tramitará un decreto supremo o una ley.

Entonces, ¿dónde está la Transparencia y el Control Social? ¿Cómo ejercer el Control Social sin información? Así podemos concluir que la Ley de Participación y Control Social es un enunciado donde lo más llamativo es el nombre y no así el contenido.

Es abogada.

Tomado de: Boletín Sena Nº 176, octubre 8 de 2013.

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