La Gaceta Jurídica

Control carcelario

El confinamiento que sufren miles de ciudadanos bolivianos y extranjeros en nuestras cárceles está bajo el objetivo de la rehabilitación y reinserción social, por lo que debe ser considerada seriamente y de manera adecuada la participación de civiles en mayor grado…

Editorial

00:00 / 31 de enero de 2014

Por determinación del director nacional de Régimen Penitenciario, Javier Aramayo, se descartó que algún tipo de personal civil participe en el control de seguridad interna en las cárceles del país, lo cual significa que la Policía nacional es ratificada para cumplir esta tarea establecida en la vigente Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, de 20 de diciembre de 2001, cuyo artículo 67 señala que “la seguridad interior se ejercerá por funcionarios especializados de la Policía Nacional, designados conforme a su Ley orgánica. Funcionalmente, dependerán del Director del establecimiento. Prestarán sus servicios en los patios y pabellones del establecimiento. La seguridad interior de los centros penitenciarios de mujeres, se ejercerá exclusivamente por personal femenino”.

Recientemente, mediante la Resolución Administrativa 184/2013 de 23 de octubre y con el objetivo de reducir la corrupción existente en el interior de los centros penitenciarios, el exdirector de esta repartición Ramiro Llanos promovió un proyecto para la participación de civiles en el manejo carcelario, lo cual se implementaba gradualmente y no tuvo tiempo de ser evaluado en su funcionamiento.

En todo caso, para la intervención y colaboración de partes civiles se puede apalear al artículo 11 de “Participación Ciudadana” de la misma norma, que instituye que “la administración penitenciaria y de supervisión promoverá que la sociedad y las instituciones participen en forma activa, tanto en el tratamiento del interno así como en los programas y acciones de asistencia post-penitenciaria, en las condiciones establecidas por esta Ley y su Reglamento. La administración penitenciaria fomentará, especialmente, la colaboración de instituciones y asociaciones públicas y privadas dedicadas a la asistencia de los internos”.

Si bien ambas determinaciones tienen sus razones y su justificación legal, se debe puntualizar que las cárceles del país podrían ser controladas bajo ciertos parámetros diferenciales de acuerdo a los casos, con esta afirmación se toma en cuenta la realidad de que los uniformados policiales están capacitados para hacer frente a actos potencial o evidentemente peligrosos, por lo que es necesaria su presencia en secciones de reos peligrosos.

Sin embargo, como esta clasificación no es muy exacta en los penales nacionales, donde los reclusos en muchos casos se encuentran mezclados, el tratamiento debe ser otro. Asimismo, se debe considerar que el confinamiento que sufren miles de ciudadanos bolivianos y extranjeros en nuestras cárceles está bajo el objetivo de la rehabilitación y reinserción social, por lo que debe ser considerada seriamente y de manera adecuada la participación de civiles en mayor grado, incluso es probable que pueda ser en la vigilancia y control de secciones que tienen internos menos peligrosos o de edades avanzadas.

De hecho, otro factor que incide en el tema de la seguridad carcelaria es el de la corrupción de algunos uniformados, quienes hallan los modos para actuar ilegalmente en varios aspectos como cobros indebidos y tráfico de sustancias o artículos diversos, lo cual también debe ser encarado de manera urgente por la nueva dirección de Régimen Penitenciario, que debe apelar a colaboraciones institucionales y participaciones civiles varias.

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