La Gaceta Jurídica

Control de constitucionalidad y de la legalidad

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 26 de julio de 2013

La Ministra de Autonomías publicó un trabajo en el semanario Animal Político del diario La Razón de La Paz, en él se refiere a los primeros fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) en torno al pronunciamiento que aquél deberá aprobar respecto de la “constitucionalidad” del proyecto de estatuto orgánico departamental, en el caso de las gobernaciones, o de las cartas orgánicas, en el caso de las autonomías municipales.

Destaca aquel trabajo que el Tribunal Constitucional ya ha puesto en vigencia un determinado esquema. Este consiste en que en todos los casos en que los correspondientes proyectos de estatutos o de cartas orgánicas de entes autónomos departamentales o municipales, la revisión que se efectivice de su texto no sólo comprenderá el estudio de la compatibilidad y adecuación de aquél al articulado respectivo de la Constitución Política del Estado (cpe), sino también su adecuación y concordancia con diversos textos legales.

A manera de comentario, el primer detalle que merece tal postulado es que, con una forma así de evaluar los textos de estatutos y cartas orgánicas (además, en este último caso con más de trescientos), lo único que se conseguirá es demorar en forma alarmante el tiempo de su aprobación.

Téngase en cuenta que asambleas departamentales y concejos municipales, hasta la aprobación de los respectivos proyectos, ya han tenido una tremenda demora y son contados los que acabaron el estudio del caso.

Pero, a su vez, tenemos que recordar que tras que culmine (cada vez más tarde) el proceso de aprobación del respectivo proyecto y la aprobación del mismo por el Tribunal Constitucional, el artículo 54 de la Ley de aquél dispone la realización de un Referéndum a convocarse por el Órgano Electoral Pluri- nacional (oep). Esto último supone, por lo tanto, al menos otro medio año más, siendo optimistas, de nueva espera.

Lo único que al final ha de ocasionar todo este complejo esquema es otra “postergación” de la vigencia plena, efectiva y práctica de los regímenes automáticos en el país, que siguen bastante venidos a menos y llenos de varias limitaciones.

Pero, frente a ese panorama que parece haberse armado para que la vigencia de las autonomías se postergue cada vez más y sea cada vez más enredada, existe una interrogante fundamental respecto al esquema establecido a través de recientes fallos de Tribunal Constitucional Plurinacional.

En efecto, el artículo 196.I de la actual cpe indica: “El Tribunal Constitucional vela por la SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCION, EJERCE EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”.

Esa es su COMPETENCIA FUNDAMENTAL. Por relación lógica, el artículo 2 de la Ley de Tribunal Constitucional Plurinacional reitera lo mismo que la cpe.

A su vez, el artículo 145 de aquella misma Ley dice: “El Órgano deliberante de las entidades Territoriales Autónomas debe remitir ante el Tribunal Constitucional Plurinacional el proyecto de Estatuto o Carta Orgánica, para sujetarlo a CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD, previa aprobación del Órgano Deliberante por dos tercios del total de sus miembros”

¿Qué alcances y significación tiene aquella normativa? Pues, la misma que ya vimos que establece el texto de la cpe, o sea, la única competencia que le corresponde al Tribunal Constitucional es ejercer el control de constitucionalidad.

Esto supone que, en su caso, el mencionado Tribunal tendrá obligadamente que observar cualquier texto del proyecto de estatuto o carta orgánica que no esté de acuerdo con los textos constitucionales. En caso contrario, aprobará el texto, lo que, a su vez, abrirá el camino para la convocatoria al respectivo referéndum (artículo 148 de la Ley).

Caso contrario, si el Tribunal declarase la inconstitucionalidad del proyecto o de alguna de sus cláusulas lo devolverá al Órgano Deliberante para que éste adecue el proyecto a la cpe (artículo 148 de la Ley, primera parte).

En ningún caso, la cpe ni la Ley Marco de Autonomías y Descentralización hablan de alguna “competencia” que pudiera entenderse como “adicional” o “complementaria” a aquella BÁSICA Y DISTINTA del Tribunal, que es la referida AL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD.

A mayor abundamiento, el artículo 50 de la Ley del Tribunal indica: “Se PRESUME LA CONSTITUCIONALIDAD de toda Ley, Decreto, resolución y actos de los órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional RESUELVA Y DECLARE SU INCONSTITUCIONALIDAD”.

Y así deberá ser en relación a todas las competencias del Tribunal Constitucional detalladas en el artículo 202 de la cpe y las que, a su vez, señala el respectivo articulado de la Ley especial del propio Tribunal Constitucional.

Y es que, finalmente tenemos que hacer la distinción que resulta inevitable entre la función del control de constitucionalidad y la otra distinta del control de la legalidad. Obviamente, ambas son totalmente distintas.

Recordemos, además, que hasta la Ley de 1988 las dos funciones las cumplía, aunque en forma separada, la Corte Suprema de Justicia. La “justicia constitucional” fue establecida siguiendo el esquema que adoptaron o comenzaron a adoptar otros países del mundo, pero con la gran diferencia de que la misma se ejercería adelante por un tribunal nuevo que, en los hechos, ni siquiera debería estar considerado, como sucede en nuestra Constitución, formando parte de la estructura organizativa del ahora Órgano Judicial.

Es abogado, analista constitucional y ensayista.

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