La Gaceta Jurídica

Control disciplinario: El juzgamiento de jueces por jueces

Puerta opuesta

La Gaceta Jurídica / Orlando Rojas Baspineiro

00:00 / 27 de marzo de 2012

*Los procedimientos disciplinarios dentro de la judicatura siempre merecieron poca importancia para las autoridades, los usuarios de los servicios judiciales y la sociedad en general. Esta indiferencia con dichos procedimientos puede haber sido provocada por la incredulidad de los usuarios, por desconocimiento o porque, en su mayoría, son asuntos relevantes sólo de manera individual, es decir, son inexistentes para el interés colectivo; no obstante, se puede decir que, con la reciente incorporación de los jueces y tribunales disciplinarios en la Ley del Órgano Judicial, puede cobrar verdadera magnitud, no solo como método de control de la corrupción, sino también como un vehículo de permanente mejora en las rutinas de las entidades que conforman el Órgano Judicial.El tema no deja de ser importante, pues el régimen disciplinario del Órgano Judicial intenta garantizar que los servidores judiciales enmarquen su comportamiento a las leyes y, por lo tanto, cumplan los plazos y términos establecidos en las mismas, pero no solamente eso, sino también que el usuario del servicio judicial reciba una atención con calidad y calidez, aspecto que, lamentablemente, tiende a no ser tomado en cuenta. Las consecuencias de un procedimiento disciplinario van desde la simple llamada de atención hasta una medida de destitución, lo que automáticamente implica para el servidor judicial ser inhabilitado para poder trabajar en cualquier entidad del Estado Plurinacional.Como se puede ver, las implicancias de uno de estos procedimientos pueden constituir la muerte civil de un servidor público, pues, en la constatación de que bajo este régimen todo depende del Estado, ese servidor judicial sancionado está destinado a ser considerado como un leproso que no será tomado en cuenta nunca más para ningún cargo en la administración pública y tendrá que dedicarse solamente al emprendimiento privado.Idoneidad de los juecesPor ello, mención aparte requiere especificar que los jueces y tribunales disciplinarios, además de la Sala Disciplinaria que debe conformar el Consejo de la Magistratura tienen que actuar con absoluta profesionalidad, compromiso e idoneidad. No considero que sea congruente que, por ejemplo, los jueces disciplinarios sean designados solo por afinidad personal o por intereses políticos vía recomendación de los detentadores del poder (llámese autoridades u organizaciones sociales), pues, en lugar de tributar a una reforma judicial con tintes positivos, estaremos dando pasos agigantados en sentido contrario, es decir, retornando hacia ese aparato inquisitorial, retrógrado y convenenciero del pasado. No hay que olvidar que los jueces disciplinarios que actúen individualmente o como parte de los tribunales disciplinarios serán los jueces de los propios jueces, lo que significa que la responsabilidad es doble porque tienen el mandato de enjuiciar a sus pares, por lo que se les debe exigir la máxima inteligencia en el juicio. A los juzgadores en materia disciplinaria se les encomienda esa función suprema de actuar como árbitros de las desavenencias y los comportamientos de los propios estamentos judiciales en su actividad administrativa o jurisdiccional, lo que de por sí constituye una tarea altamente delicada y difícil de cumplir. Entonces, primero debemos convenir en que ser juez implica la máxima responsabilidad para juzgar con acierto sobre la verdad que se encuentra en las normas y, por ello, el magistrado intentará superar todos los prejuicios personales con los que esté influido. Ese preeminente encargo debe ser doblemente tomado en cuenta por el Juez Disciplinario en su actividad individual o como parte del Tribunal (junto a dos jueces ciudadanos), pues, como ya se dijo, el cometido que le encarga la Ley 025 del Órgano Judicial es el de procesar a los jueces ordinarios, a los vocales de los tribunales departamentales de justicia y a los servidores de apoyo judicial.Haciendo aquí un paréntesis, no se entiende por qué la mencionada Ley, en una clara actitud discriminatoria, determina que los servidores del Consejo de la Magistratura y de la Dirección Administrativa y Financiera –hoy dependiente del Tribunal Supremo de Justicia– se encuentran bajo el manto del Estatuto del Funcionario Público (artículo 184.II); pese a que, contradictoriamente, en el artículo 183.I la Ley 025 especifica que  “…todo el personal auxiliar y administrativo de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental, de las jurisdicciones especializadas y de la Dirección Administrativa y Financiera” son sujetos del control disciplinario del Consejo de la Magistratura.Luego de esa digresión y haciendo referencia, una vez más, al compromiso y seriedad que implica el control disciplinario diremos que un Juez no es elevado a tal responsabilidad en función de su moral personal como árbitro ejemplarizante de la doctrina social, sino en la confianza del compromiso ético para hacer respetar los derechos mutuos en el espacio de libertad que las normas consagran, es decir, el individuo está sometido únicamente a la servidumbre de la ley. Consiguientemente y a modo de conclusión, se debe hacer patente que, en apariencia, el juez disciplinario, además de contar con ciertos  talentos, debe ser también un ser humano con varios “aderezos morales”. O, para decirlo en palabras del notable constitucionalista mexicano Héctor Fix-Fierro, “todo sistema de selección y nombramiento de jueces debe estar basado en el equilibrio entre  aptitudes y actitudes”. Las aptitudes serían el conjunto de habilidades y destrezas profesionales que ha de reunir un candidato a juzgador y las actitudes el conjunto de valores y cualidades personales del candidato, las que se refieren a su comportamiento, a su compromiso e identificación con la institución, y a la capacidad de trato y mando necesaria para ocupar un cargo judicial.Concluyo señalando que el Consejo de la Magistratura tiene en sus manos la posibilidad de crear una justicia eficiente, entendida ésta como el hecho de llevar adelante los procesos de forma eficaz; crear procedimientos más sencillos para llegar a una sentencia en el menor tiempo posible, pero sobre todo incorporando estándares éticos en la difícil y noble labor de juzgar. El desarrollo de nuestro país depende en gran medida de la confianza que la población tenga en sus instituciones, particularmente en sus jueces, y ese atributo solo se genera a partir de actitudes que den certidumbre y seguridad.

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