La Gaceta Jurídica

Control en el órgano de justicia

…es importante que una norma alcance a quienes podría calificarse de “cabezas del sistema judicial”, nacional departamental y local, para que como un régimen disciplinario incluya a todos los funcionarios y se ejerza de “arriba hacia abajo”. Tal vez esto lleve rápidamente a un mejoramiento real del Órgano Judicial…

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 13 de noviembre de 2012

La pasada semana, la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp) aprobó un proyecto de Ley Sobre la Residencia y Declaratoria en Comisión de Autoridades del Órgano Judicial, instrumento que tiene entre sus objetivos fundamentales controlar el trabajo efectivo y asistencia a sus puestos de funciones de los magistrados, vocales, consejeros y jueces del Órgano Judicial, para que sus inasistencias y falta de cumplimiento en sus deberes sean sancionadas.

Podría señalarse que este mecanismo es uno de los más esperados para que un ente estatal como el judicial desempeñe una labor efectiva y de beneficio para el Estado y la población, debido a que, desde el pasado, algunas de las mayores fallas de la administración de justicia han sido la retardación de justicia y la ausencia de magistrados y jueces en las audiencias y los actos preparatorios de los casos a su cargo. Todo esto ha llevado a la gran desconfianza existente en el sistema judicial, situación que ha formado un permanente trauma en la población litigante, que, además, se siente acosada por la corrupción, gastos y cobros indebidos y otros factores que han sido repetitivos en denuncias.

Si bien estos errores, negligencia e irregularidades se hacen particularmente constantes en las instancias judiciales departamentales y en los niveles de menor jerarquía de los juzgados, es importante que una norma alcance a quienes podría calificarse de “cabezas del sistema judicial”, nacional departamental y local, para que como un régimen disciplinario incluya a todos los funcionarios y se ejerza de “arriba hacia abajo”. Tal vez esto lleve rápidamente a un mejoramiento real del Órgano Judicial, consideración que aún no se ha logrado de manera visible con la elección universal de miembros del órgano, ni con la aplicación de las leyes de funcionamiento de este poder estatal.

Lo interesante del proyecto de ley es que las autoridades del sistema judicial podrían ser destituidas por inasistencia a sus puestos de servicio y ser procesadas por incumplimiento de deberes. Según el artículo 5 del proyecto, el abandono injustificado de la sede de funciones de los magistrados, consejeros, vocales y jueces ordinarios y agroambientales durante seis días hábiles continuos u 11 discontinuos en un año, será motivo de responsabilidad disciplinaria como falta gravísima o responsabilidad penal.

El parámetro para aplicar la destitución o someter a un proceso por incumplimiento de funciones está dado por el artículo 157 de la Constitución, que señala que el mandato de asambleísta se pierde por fallecimiento, renuncia, revocatoria de mandato, sentencia condenatoria ejecutoriada en causas penales o abandono injustificado de sus funciones por más de seis días de trabajo continuos y 11 discontinuos en el año; también del artículo 16 de la Ley General del Trabajo, que establece ese periodo para sanciones de despido o destitución. Además, esta determinación de la nueva norma se ampara en el artículo 154 del Código Penal y en la Ley 044, del 8 de octubre de 2010, para el juzgamiento de los primeros mandatarios o mandatarias del Estado y de altas autoridades del Órgano Judicial.

De hecho, el control de asistencia y buen cumplimiento de funciones dará mucho que hablar a favor del sistema judicial en un futuro a corto plazo, por supuesto, si la aplicación es efectiva.

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