La Gaceta Jurídica

Convenciones contra la discriminación e intolerancia

Apunte legal

Alan Vargas Lima

00:00 / 24 de marzo de 2015

El 10 de marzo el canciller boliviano firmó, en presencia del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (oea), la Convención In- teramericana contra el Racismo y la Discriminación Racial y la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

Una buena medida para consolidar los principios de  igualdad y no discriminación (1) establecidos por la Constitución Política del Estado (cpe) cuando dispone que el Estado boliviano “prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona” (artículo 14, parágrafo II).

Conviene recordar que el día 5 de junio de 2013 la Asamblea General de la oea adoptó la Convención Interame- ricana contra el Racismo, la Discrimi- nación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, y también la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Con la adopción de ambas convenciones concluyó la tarea iniciada el 2000 por los estados miembros de la oea, cuando la Asamblea General encomendó al Consejo Permanente que estudiase la necesidad de elaborar un proyecto de convención americana para prevenir, sancionar y erradicar el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia.

Se debe resaltar que Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Uruguay se convirtieron en los primeros firmantes de la Conven- ción Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia; en tanto que Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay firmaron también la Convención Intera- mericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (2). Ambas convenciones entrarán en vigencia cuando sean ratificadas por dos estados miembros.

La Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Ra- cial y Formas Conexas de Intolerancia (3) fue elaborada para reafirmar el compromiso determinado por los estados miembros de la oea para la erradicación total e incondicional del racismo, la discriminación racial y de toda forma de intolerancia, en la convicción de que tales actitudes discriminatorias representan la negación de valores universales como los derechos inalienables e inviolables de la persona humana.

Además de la negación de los propósitos y principios consagrados en la Carta de la oea, la Declaración Ame- ricana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta So- cial de las Américas, la Carta Demo- crática Interamericana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos.

De acuerdo a esta Convención, se entiende por discriminación racial a cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia en cualquier ámbito público o privado que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los estados parte.

En tanto que la intolerancia es el acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias.

Puede manifestarse como marginación y exclusión de la participación en cualquier ámbito de la vida pública o privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad o como violencia contra ellos.

Por otro lado, de acuerdo a esta Convención, los estados parte se comprometieron a adoptar la legislación que defina y prohíba claramente el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, aplicable a todas las autoridades públicas, así como a las personas naturales o físicas y jurídicas, tanto en el sector público como en el privado, en especial en las áreas de empleo, participación en organizaciones profesionales, educación, capacitación, vivienda, salud, protección social, ejercicio de la actividad económica, acceso a los servicios públicos, entre otros.

Asimismo, derogar o modificar toda legislación que constituya o dé lugar a racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Este as- pecto, se ha cumplido en Bolivia a través de la aprobación de la Ley Nº 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación, aunque con mínimos niveles de efectividad.

Ciertamente, los referidos tratados internacionales son instrumentos de derechos humanos que reconocen la dignidad inherente de las personas y la igualdad entre los seres humanos, buscando prevenir, eliminar, prohibir y sancionar los actos y las manifestaciones de racismo, discriminación e intolerancia, tanto del ámbito de la vida pública como privada, como lo ha explicado el mismo secretario de la oea (que hace unos días estuvo de visita en nuestro país).

Sin embargo, en Bolivia vivimos en tiempos de discriminación e intolerancia, cuando son las propias autoridades gubernamentales quienes, sin tomar plena conciencia de sus actos, promueven la discriminación contra personas que piensan diferente (cuando chantajean públicamente a quienes voten por una opción política diferente a la del oficialismo) e, inclusive, se muestran intolerantes contra personas que no comulgan con sus intereses políticos (cuando expresan públicamente los males de personas enjuiciadas que padecen una enfermedad terminal), llegando inclusive a fomentar el menosprecio por la vida y la dignidad de esas personas (cuando sin mayor escrúpulo aconsejan el fusilamiento).

Entonces, en un contexto como éste, es saludable que se suscriba instrumentos internacionales para luchar contra las prácticas discriminatorias e intolerantes, lo que supone la ampliación del bloque de constitucionalidad para optimizar la protección de nuestros derechos.

Pero esto no es suficiente, sino que también se debe concientizar a las propias autoridades gubernamentales de que, en pleno siglo XXI, no es posible que el aparato gubernamental de un Estado que se precia de ser “plurinacional” y que pretende alcanzar el “vivir bien” admita esta clase de conductas que menoscaban el ejercicio y goce efectivo de los derechos humanos, debiendo adoptarse de manera inmediata medidas correctivas contra estas actitudes arbitrarias.

Notas

1. De acuerdo a la noticia publicada en la página web del matutino Los Tiempos: http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20150311/bolivia-suscribe-dos-convenciones_294057_648850.html

2. De acuerdo a la información disponible en el siguiente enlace: http://www.oas.org/es/sla/ddi/racismo_discriminacion_intolerancia.asp

3. Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-68_racismo.asp

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

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