La Gaceta Jurídica

Entre el Convenio de Washington y la deriva del Ciadi

Denuncia de tratados de protección de inversiones:

Hugo Ruiz Diaz Balbuena

00:00 / 31 de enero de 2014

Bolivia fue el primer Estado en denunciar el Convenio de Washington y los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones en 2007. El segundo fue Ecuador, en el Gobierno de Rafael Correa, y el tercero la República Bolivariana de Venezuela en el Gobierno de Hugo Chávez.

La manifiesta arbitrariedad por parte de los árbitros en la interpretación y en la aplicación del Derecho internacional, la evidencia de una verdadera inclinación hacia la defensa incondicional de los intereses privados ante los interese públicos y de los derechos soberanos de los Estados, la ausencia de transparencia de sus actos, el secretismo, la confidencialidad, en muchos casos, la incompetencia de los árbitros, son algunos de los elementos que condujeron a algunos Estados a denunciar el Convenio de Washington.

Además de ello, los Estados que lícita y legítimamente denunciaron el Convenio se encuentran en pleno proceso democrático de recuperación de las competencias plenas y enteras del Estado, de su soberanía misma, embarcados en un proceso de integración cuyo eje esencial es, justamente, el derecho soberano de disponer libremente de sus recursos naturales y otros.

Estos elementos fueron explícitamente confiscados, por medio de la ficción jurídica, a través de las políticas implementadas por el fmi y el Banco Mundial (bm). Estas políticas impusieron, como parte de sus fracasados programas, el sometimiento de los Estados al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) miembro del Grupo BM. Los efectos perversos de esta pérdida de soberanía y conculcación de los derechos democráticos, se siguen haciendo sentir hasta hoy.

La denuncia es uno de los modos de terminación de los tratados. Ella no se encuentra condicionada por ningún vicio del consentimiento o por resultar incompatible con las normas esenciales del Derecho internacional. Cuando el Estado decide, soberanamente, retirar su consentimiento al Convenio de Washington y, por tanto, no reconocer la jurisdicción del Ciadi, el efecto es de ejecución directa e inmediata, independientemente de la voluntad de los árbitros del Ciadi o de la interpretación que pueda hacer un tribunal ad hoc de ciertas disposiciones.

El Secretario General y los árbitros del Ciadi no ponen en duda el derecho del Estado de denunciar el Convenio. Sin embargo, en medio de un ardid jurídico interpretativo, pretenden abrogarse el derecho, sobre el derecho soberano del Estado, de someter a éste a su jurisdicción.

El tribunal arbitral Ciadi: institución de defensa de intereses privados

Para los árbitros del Ciadi y los bufetes de abogados norteamericanos y otros –y accesoriamente para los estudios nacionales– las demandas introducidas por los “inversores” contra los Estados, más que aplicación del Derecho internacional, es ante todo un gran negociado, una forma rápida y efectiva de lucrar.

Ello, sin contar con la interpretación interesada, parcial, arbitraria y errónea del Derecho internacional por parte de los árbitros de los tribunales ad hoc, llegando a situaciones de aberración jurídica como lo es el caso de Oxy (Occidental Petroleum Corporation) o el caso de Metalclad, por citar dos casos.

Los árbitros, en general, hacen caso omiso de las reglas elementales de interpretación de la norma en Derecho internacional, enunciadas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados. Van hasta “inventar” nuevas reglas de interpretación que rayan lo absurdo.

Parecería que para los árbitros del Ciadi la única matriz de interpretación es el interés particular y privado del “inversor”, el interés de la sociedad transnacional y que, en el fondo, determina la aplicación del Derecho, desafiando a veces a la razón misma.

La denuncia del Convenio de Washington

El primer Estado en denunciar el Convenio de Washington fue Bolivia en 2007. Bolivia ratificó el Convenio de Washington el 23 de junio de 1995, el cual entró en vigor el 23 de julio de 1995. El 2 de mayo de 2007 el gobierno de Evo Morales envió al Ciadi la notificación por escrito de la denuncia de Bolivia del Convenio, de conformidad con el artículo 71 del Convenio.

El segundo Estado a denunciar fue Ecuador bajo el Gobierno de Rafael Correa. El Estado ecuatoriano firmó el Convenio del Ciadi el 15 de enero de 1986 y depositó su instrumento de ratificación en la misma fecha. El Convenio entró en vigor para Ecuador el 14 de febrero de 1986. El 6 de julio de 2009, Correa transmitió al Ciadi la notificación por escrito de la denuncia del Convenio.

El tercer Estado fue Venezuela bajo el Gobierno de Hugo Chávez. Este Estado firmó el Convenio el 18 de agosto de 1993 y depositó su instrumento de ratificación el 2 de mayo de 1995. El Convenio entró en vigor el 1 de junio de 1995. El 24 de enero de 2012, el Gobierno de Chávez envió la notificación oficial escrita expresando la denuncia del Convenio.

La jurisdicción del CIADI y condiciones para su ejercicio

El Convenio de Washington de 1965 creó el Ciadi que es un sujeto derivado, creado por los Estados sobre la base de un tratado. Si fueron los Estados los que lo crearon, cada uno de los Estados Partes tiene el mismo derecho de “descrearlo”.

Como sujeto derivado, el Ciadi no está por sobre los Estados. No tiene derechos similares a los de Estados porque carece de los atributos esenciales, entre ellos los de la soberanía. Él es miembro del Grupo bm y depende del mismo. El bm es muy conocido por su política de desestructuración de las sociedades y de los Estados en el mundo. Sus políticas macroeconómicas conllevaron la violación masiva de los derechos humanos como consecuencia directa de la imposición de los programas de privatizaciones de los bienes públicos.

Es doctor en Derecho Internacional.

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