La Gaceta Jurídica

Cooperativas y función

…se han convertido en consorcios de acumulación de capitales mediante operaciones irresponsables con el medio ambiente y la salud y que, además, se benefician con el no pago de impuestos, mientras que en muchos casos, se sospecha, están ligadas al tráfico de minerales al extranjero, en especial el oro.

Editorial

00:00 / 04 de noviembre de 2015

La anterior semana fue particularmente complicada para el Ministerio de Gobierno y la Policía debido a los enfrentamientos entre pobladores de la comunidad Trinidad Pampa y mineros cooperativistas de la mina Cruz del Sur, ubicada en la región de El Choro Grande en Nor Yungas de La Paz.

La reyerta armada se originó, aún presuntamente, por el control de esa concesión, aunque se conoció versiones de los comunarios sobre presuntas afectaciones que producen los obreros auríferos.

De hecho, el problema dejó el saldo de, por lo menos, tres muertos, ocho heridos y varios detenidos.

Uno de los aspectos preocupantes del suceso es que ambas partes se encuentran en posesión de armas de fuego, algunas de grueso calibre, según las versiones policiales, lo que hace que persista el estado de tensión en la zona, por eso la cartera de Gobierno mantiene un contingente de unos 300 uniformados con la misión que custodiar el orden.

Si bien el caso fue denunciado por los cooperativistas como avasallamiento, porque ellos consideran tener el derecho propietario de la mina, y que existe normativa vigente para sancionar estas acciones como un delito, el viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, señalo que existe intención de las autoridades para lograr una solución estructural debido a que el conflicto lleva larga data.

En versiones de prensa, el funcionario gubernamental señaló que “la denuncia oficial que tenemos es de los cooperativas mineros que, presumiblemente, habrían sido avasallados por la comunidad, pero, hablando con la comunidad, ellos dicen que los cooperativistas les ponen permanentemente en zozobra”.

En todo caso, contingencias como ésta deberán llevar al análisis la situación en las que se encuentran este tipo de actividades, es decir las de carácter “cooperativo”, desarrolladas por grupos de asociados en torno a concesiones recibidas del Estado.

En este sentido, la Constitución Política del Estado, promulgada en febrero de 2009, establece en el artículo 306.II que “la economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa”, aspecto aclarado en un acápite anterior, pues el artículo 55 de la misma ley fundamental determina que “el sistema cooperativo se sustenta en los principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en la distribución, finalidad social, y no lucro de sus asociados. El Estado fomentará y regulará la organización de cooperativas mediante la ley”.

En este entendido, la preocupación de varios sectores económicos y sociales del país confluye en el papel que cumplen las cooperativas mineras, que, a diferencia de las otras, se han convertido en consorcios de acumulación de capitales mediante operaciones irresponsables con el medio ambiente y la salud y que, además, se benefician con el no pago de impuestos, mientras que en muchos casos, se sospecha, están ligadas al tráfico de minerales al extranjero, en especial el oro.

En este panorama, muchas comunidades han puesto el ojo y pretenden participar de las ganancias, aspiración también que no necesariamente podría estar bien encaminada en los resultados, por lo que el Estado debe analizar legalmente sobre la continuación de estas asociaciones o el beneficio de la minería para las arcas nacionales y la sociedad.

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