La Gaceta Jurídica

Cooperativismo y Constitución

…la actividad cooperativista no sólo afecta a sus propios trabajadores, sino que destruye el medio ambiente y se reduce a una modalidad extractivista de los recursos sin beneficios de impuestos para el Estado, sin empeños de industrialización y sin aportar al vivir bien que manda la carta magna.

Editorial

00:00 / 04 de abril de 2014

Hasta el cierre de esta nota de comentario, Gobierno y cooperativistas no lograban entablar una mesa de diálogo para dar solución a las diferencias provocadas por la revisión y modificaciones en el proyecto de la Ley Minera que fue aprobado en sus dos estaciones el último fin de semana en la Cámara de Diputados. El principal desacuerdo surgió por los cambios en el artículo 151 de la norma en tratamiento, que, antes de ser rectificada, violaba la Constitución Política del Estado, pues la ley fundamental observa la firma de contratos con terceros sin la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Al respecto, los mineros cooperativistas esperan acordar y firmar contratos por su cuenta, por lo cual han puesto en práctica la medida del bloqueo de caminos que en su primer día ha dejado el saldo lamentable de dos muertos y de alrededor de un centenar de heridos, además de grandes perjuicios para la economía en cuanto se refiere a la circulación de productos perecederos, mercadería de importación y exportación y actividades particulares de miles de viajeros en, por lo menos, seis departamentos.

Si bien todas estas consecuencias son lamentables, peor si los cooperativistas mantienen la medida por casi cuatro días, lo más preocupante es el argumento movilizador que esgrime un sector por demás acomodado en beneficios otorgados por la actividad misma de la explotación de recursos mineros de diverso orden, en especial los que corresponden al oro y la plata.

Con esta actitud, es claro que se pretende sobrepasar en pos de los intereses personales las determinaciones de la carta magna aprobada por voluntad del pueblo mediante un referéndum realizado el 25 de enero de 2009, que dio paso a la promulgación del 7 de febrero de ese mismo año. Es decir, el documento regidor del Estado Plurinacional, además consultado ante el pueblo, no fue definido sólo por algunos sectores. Por otra parte, en este texto constitucional el artículo 349.I. señala que “los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo”, es decir que no pertenecen a sectores.

En otro aspecto, es claro que la disposición transitoria octava de la Constitución en su inciso IV señala que “el Estado reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social”, las cuales no cumplen una función social como también manda la ley fundamental, sino que se han convertido prácticamente en empresas unipersonales y de pequeños grupos que cuentan con trabajadores que no reciben beneficios sociales, no tienen materiales adecuados para el trabajo y no pueden tampoco cuidar su salud.

Asimismo, la forma en que se desenvuelve la actividad cooperativista no sólo afecta a sus propios trabajadores, sino que destruye el medio ambiente y se reduce a una modalidad extractivista de los recursos sin beneficios de impuestos para el Estado, sin empeños de industrialización y sin aportar al vivir bien que manda la Constitución. De esta manera, es fundamental que la administración estatal y los trabajadores que constituyen verdaderas cooperativas se pongan al lado de otros sectores para definir una ley minera adecuada y constitucional.

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