La Gaceta Jurídica

Corrupción: más de lo mismo

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 29 de noviembre de 2015

Las imágenes divulgadas por la televisión, que captaron un acto de extorsión cometido na- da menos que por un juez “anticorrupción”, todavía nos asombran, no obstante que, en el campo de la corrupción y las irregularidades, ya no debería haber nada que nos asombre.

El problema, sin embargo, no deja de ser cada vez más preocupante. En efecto, la corrupción ha acabado por convertirse en algo absolutamente cotidiano y no solo en el campo del Órgano Judicial, sino en todo el Estado.

El tema se torna aún más alarmante porque no tiene miras de terminar, además que, por el contrario, la tendencia es más bien a agravarse.

Volviendo al campo específico del Órgano Judicial, el tema preocupa más todavía porque se trata de la justicia y sus valores. Lo que sucede coloca al ciudadano en un total estado de indefensión.

Y aquí surge, pero ya no solo como un decir, sino como algo real, aquello de que, para obtener justicia, hay que tener plata.

Si a todo ese panorama añadimos otra serie de hechos negativos que han ocurrido en la Policía Nacional y en el Ministerio Público, el panorama que se ha formado hasta hoy no puede ser peor y más preocupante.

El ciudadano común, pero más todavía el que obligadamente debe acudir a aquellos órganos del Estado, se pregunta: “Y ahora, ¿qué hago? Dinero, no me sobra, influencias no tengo. ¿Me animaré a convertirme en denunciante sin tener ningún respaldo? ¿A quién recurro?”

Pareciera que hemos ingresado a un callejón tenebroso y sin salida. El propio Estado –y esto es lo más grave– ha perdido su capacidad de actuar eficazmente o, simplemente, sus organismos de control y fiscalización se sienten rebajados.

Respecto de esa capacidad, en la lucha contra el fenómeno de la corrupción, un funcionario del Gobier- no de Italia decía en una entrevista televisiva que en su país se ha comprobado que, si el organismo o el esquema que encabece aquella, no tiene la necesaria INDEPENDENCIA no hay forma de hacerlo. Todo será un fracaso.

El inciso 20 del artículo 158 de la Constitución Política del Estado (cpe) cita entre las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional la de “controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas”.

Nos preguntamos si esa competencia de la Asamblea Legislativa se puede cumplir en forma práctica y eficaz en nuestro país cuando el propio Órgano Legislativo no tiene la necesaria independencia.

Si, por el contrario, los diferentes órganos del Estado acaban supeditados a uno solo, el Órgano Ejecutivo que, además, es claramente centralista y presidencialista. Entonces, ¿de qué fiscalización puede hablarse?

A su vez, el artículo 225 de la misma Constitución concede al Ministerio Público la función de “defender la legalidad y los intereses de la sociedad y ejercerá la acción penal pública”. También anota que aquel organismo gozará de “autonomía funcional…”

En muchos casos, el propio Ministerio Público se olvida de su autonomía y de la función de ejercer la acción penal. Este panorama, por lo tanto, no hace otra cosa que favorecer a las actuaciones ilícitas.

Las autoridades de Gobierno cometen otro error anunciando, primeramente, que una “cumbre judicial” encontrará las soluciones a la problemática de la administración de justicia. Después, se habla en plural con referencia a un “conjunto de cumbres”, dizque respetando las peculiaridades de cada departamento.

Aquí se está olvidando que, en lo fundamental la justicia, como función del Estado, es de interés nacional y que, asimismo, la función judicial es única (artículo 179 de la cpe).

No se trata de planificación para el desarrollo socio-económico de las regiones. El tema de la administración de justicia –y aquí queremos insistir en lo que hemos afirmado en trabajos similares– requiere, dada su complejidad y características, un primer enfoque genérico donde se haga una especie de “presentación del tema” en sus diversas facetas.

El realizar una o nueve cumbres (una por departamento) solo nos va a llevar a añadir mayor confusión en el tema. Una vez aprobado lo que podría llamarse plano “general” del problema, es necesario ingresar al análisis pormenorizado de cada “sector” para plantear las soluciones diversas que se van a requerir.

El sistema de corrupción que ha acabado por formar parte de la práctica de la administración de justicia, hay que destacar, es solamente uno de los temas del panorama general del que hablamos.

Por lo tanto, la solución del conflicto actual del Órgano Judicial no pasa por despedir a uno o diez jueces y reemplazarlos por otro o por diez, porque no habrá garantía alguna de que los reemplazantes sean mejores y menos o más corruptos que los anteriores.

Hay que analizar desde los temas que hacen a la estructura institucional del Órgano Judicial, incluso aquellos referidos a las leyes adjetivas que aplicarán los jueces. Pero, en todos los casos, deberá contarse con el concurso de los colegios de Abogados y también de las facultades de Derecho. Estas últimas están obligadas a cambiar su actual esquema de enseñanza, incidiendo más en la formación de futuros jueces y no simplemente de futuros abogados “causídicos”.

Se trata, por lo tanto, de una tarea no solo vasta, sino de largo plazo, pero que, ante los hechos, hay que iniciarla YA.

*    Es abogado analista de la constitucionalidad, ensayista e investigador.

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