La Gaceta Jurídica

La Corte Interamericana y los derechos humanos de las mujeres

Sonia Eliana Roca

00:00 / 03 de diciembre de 2013

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (coidh) ha elaborado una relevante e interesante doctrina en la que se definen y afirman aspectos concernientes a la tutela de los derechos humanos. El trabajo que se presenta está relacionado a la jurisprudencia de la coidh en relación a la vulneración de los derechos de la mujeres, para tal cometido analizaremos tres sentencias que nos parecen emblemáticas para demostrar la violencia hacia la mujeres, por su condición de tales.

La violencia contra la mujer es un drama con varias dimensiones y expresiones. Es, sin duda, una de las manifestaciones persistentes de discriminación más extendidas, que se refleja en un abanico que va desde expresiones sutiles y veladas hasta situaciones cruentas y violentas. Dentro de esta última categoría se encuentra la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, México, de la que fueron víctimas Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez y a la que se refiere la Sentencia emitida en el caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México (en adelante “la Sentencia”). El caso María Da Penha y Valentina Rosendo Centu, entre otros.

Estos casos tienen en común la cultura de violencia y discriminación contra las mujeres. Esta cultura “ha incidido tanto en los motivos como en la modalidad de los crímenes, así como en la respuesta de las autoridades. En el contexto local, estos casos ponen de manifiesto el panorama en que vive la mayoría de las mujeres respecto a las dificultades y posibilidades de acceder a la justicia en casos de violencia, en especial en el ámbito doméstico y familiar.

Caso algodonero-feminicidio

La niña Esmeralda Herrera Monreal, 15 años, pobre, migrante interna, desapareció el 29 de octubre de 2001 en Ciudad Juárez cuando se trasladaba de su hogar a una casa en que trabajaba como empleada doméstica. El 7 de noviembre fue hallada asesinada en “Campo Algodonero”. La misma suerte corrieron Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17 años, y Claudia Ivette Gonzales de 20. La investigación durante su desaparición y después de conocida su muerte está plagada de irregularidades e inconsistencias en el contexto del feminicidio en México, con numerosos asesinatos y desapariciones forzadas de mujeres en Ciudad Juárez seguidas de impunidad por razones imputables a las autoridades.

Entre otras irregularidades, no se asumió la pronta búsqueda ante la desaparición y se negó informaciones mandando a la madre a comprar el periódico para enterarse de las noticias; no se la notificó del hallazgo de los primeros cadáveres; no existe información sobre el resultado de las evidencias ni se desprende del expediente donde quedaron resguardadas; el cuerpo de la menor, con 8 días de desaparecida, no tenía rostro ni cabello; las autoridades judiciales informan que los animales, el viento y la tierra lo habían destrozado, pero el resto de su cuerpo estaba desnudo e intacto.

No entregaron a los familiares ningún documento de la autopsia; no les permitieron estar presentes cuando se pasó el cuerpo al ataúd; no entregaron resultados del adn pese la toma de pruebas de sangre y cabello a la madre y padre de Esmeralda; intentaron convencerlos de que los responsables estaban en la cárcel; los presuntos asesinos alegan que su confesión fue obtenida bajo tortura; al entregar el cuerpo de la menor, cerraron el caso y los familiares han sido víctimas de maltrato, hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades.

Caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

El 6 de marzo de 2002, Irma Monreal, madre de la víctima, y la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana presentaron denuncia ante la cidh de la oea, alegando la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a la Convención de Belém do Pará, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Declaración Americana. En 25 de febrero de 2005 la Comisión declara la admisibilidad del caso.

Mediante informe Nº 28/07 (reservado), la cidh decidió acumular los casos de Laura Berenice, Claudia Ivette y Esmeralda, asesinatos que ocurrieron en la misma ciudad, conocidos como los casos del “Campo Algodonero”, emitiendo su decisión de fondo y otorgando al Estado dos meses para informar sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones. El Estado solicitó la prórroga de 18 meses para dar cumplimiento a una de las recomendaciones y que se reconozca y acepte el cumplimiento de las demás. El 3 de julio la Comisión informó que ha concedido al Estado una prórroga de 4 meses, quedando suspendido el establecido en el art. 51.1 de la Convención Americana para elevar el caso a la coidh, que debía vencer el 4 de noviembre de 2007.

Caso en la CoIDH

Esa fecha, la Comisión interpuso ante la coidh una demanda contra México en los casos 12.496, 12.497 y 12.498, “Campo Algodonero”: Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, por denegación de justicia en relación con la desaparición y homicidio de las víctimas en Ciudad Juárez; falta de políticas de prevención en estos casos pese al conocimiento por parte de las autoridades estatales de la existencia en Chihuahua de un patrón de violencia contra mujeres y niñas; falta de respuesta de las autoridades frente a estas desapariciones; falta de la debida diligencia en la investigación de los homicidios y falta de reparación adecuada a favor de sus familiares.

El 26 de diciembre de 2007 la coidh notificó la aceptación del caso y en febrero de 2008 se presentó la demanda por medio del escrito de “argumentos, solicitudes y pruebas” formulado por las madres de las víctimas, Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana, Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer ac (cedimac), anad y cladem. Entre el 27 y 30 de abril de 2009 la coidh realizó un período extraordinario de sesiones en Santiago, Chile, donde tuvo lugar la audiencia del caso “Campo Algodonero” para escuchar, entre otros, a testigos y peritos.

Lacoidh, el 16 de noviembre de 2009 emitió sentencia contra México, señalando, entre otras cosas, que el Estado incumplió con su deber de investigar –y con ello su deber de garantizar– los derechos a la vida (art. 4), integridad personal y libertad personal (art. 7) en perjuicio de Claudia Ivette, Laura Berenice y Esmeralda.La sentencia en su partes sobresalientes señala: El Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contemplada en el artículo 2 de la misma, así como con las obligaciones contempladas en el art. 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará en perjuicio de Claudia Ivette, Laura Berenice y Esmeralda, en los términos de los párrafos 243 a 286 de la Sentencia. El Estado incumplió con su deber de investigar –y con ello su deber de garantizar– los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y con el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette, Laura Berenice y Esmeralda. Por los mismos motivos, el Estado violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Irma Monreal Jaime, Benigno Herrera y otras. El Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana, en relación con el deber de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de dicho tratado, en perjuicio de Laura Berenice, Esmeralda y Claudia Ivette; así como en relación con el acceso a la justicia consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la mencionada Convención en perjuicio de Irma Monreal Jaime, Benigno Herrera, Adrián Herrera, Juan Antonio Herrera, Cecilia Herrera, Zulema Montijo y otras.

Por último, la sentencia señala que el Estado violó los derechos del niño consagrados en el artículo 19 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma. El caso algodonero es la primera sentencia en que la Corte interpreta detalladamente su competencia para declarar violaciones al art. 7 de la Convención de Belem do Pará. Asimismo es de las pocas sentencias que le atribuye responsabilidad al Estado por violación del derecho a la vida e integridad al incumplir su deber de prevenir hechos causados por personas que no se identifican como funcionarios públicos.

La Corte analizó por primera vez su competencia para conocer violaciones al art. 7 de Convención Belem do Pará al resolver la excepción preliminar interpuestas por Estado mexicano. La sentencia utilizo métodos internos y métodos del derecho internacional para tal fin. La coidh concluyó que el propósito del art. 12 de la Convención Belem do Pará no es otro que otorgarle competencia contenciosa a la coidh para la protección de los derechos humanos.

En la sentencia del caso algodonero, la coidh enfatizó los deberes positivos de los Estados estipulados en la Convención Americana y allí encontramos el deber de garantías y dentro de éste específicamente el deber de prevención hechos ilícitos cometidos por particulares y, fundamentalmente, cuando se viole el derecho a la vida e integridad. En esta sentencia desarrolló los estándares de debida diligencia en la prevención que deben realizar los Estados, es decir, la debida diligencia estricta que responsabiliza a un Estado por incumplir dicho deber, establecido en base al estándar.

Caso María da Penha, perseverancia y estrategia exitosa

En 1983, María da Penha Maia Fernandes, brasileña, biofarmacéutica, fue víctima de un doble intento de homicidio dentro de su propia casa, situada en Fortaleza, Brasil, por parte de su entonces marido y padre de sus tres hijas. El 29 de mayo el agresor, Marco Antonio Heredia Viveiros, colombiano naturalizado brasileño, economista y profesor universitario, le disparó por la espalda mientras ella dormía. Como resultado de esta agresión, la señora Fernandes sufrió una paraplejia irreversible y otros traumas físicos y psicológicos.

El marido trato de disimular el hecho reportándolo como resultado de un intento de robo y agresiones de ladrones que huyeron. En una ocasión posterior, intentó electrocutarla mientras se bañaba.

Primer juicio nacional

El caso demoró 8 años en llegar a una decisión del jurado, que el 4 de mayo de 1991 dictó sentencia condenatoria de 15 años en prisión contra Heredia Viveiros, reducidos a 10 por no haber sido previamente condenado. La defensa presentó un recurso de apelación contra la decisión del jurado.

Segundo juicio nacional

Hasta 1998 –más de 15 años después del crimen–, a pesar de haber sido condenado dos veces por el Tribunal de Jurados de Ceará (1991 y 1996), aún no había una decisión definitiva en el proceso y el agresor permanecía en libertad. Por esta razón María da Penha, junto cejil y cladem enviaron el caso a la cidh de la oea. El estado Brasileño no contestó la petición y permaneció en silencio durante el procedimiento.

El envío del caso a la CIDH

En 2001, la cidh responsabilizó al Estado por omisión, negligencia y tolerancia en relación con la violencia doméstica contra las mujeres brasileñas. Consideró que en este caso se daban las condiciones de violencia doméstica y de tolerancia por el Estado definidas en la Convención de Belém do Pará y que existía responsabilidad por la falta de cumplimiento a los deberes del art. 7.b, d, e, f y g, en relación con los derechos por ella protegidos, entre ellos a una vida libre de violencia (art. 3), a que se respete su vida, integridad física, psíquica y moral y seguridad personal; dignidad personal, igual protección ante la ley y de la ley; y a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la amparara contra actos que violaran sus derechos (art. 4.a, b, c, d, e, f y g).

Consideró que el caso María Da Penha no representaba una situación aislada en Brasil. Por el contrario, era un ejemplo del patrón sistemático que seguían los casos de violencia doméstica y de la impunidad. Además, señaló que se había violado los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de los arts. 8 y 25 de la Convención Americana en conexión con la obligación de respetar y garantizar los derechos, prevista en su art. 1.1, debido a la dilación injustificada y tramitación negligente del caso.

Estableció recomendaciones de naturaleza individual para el caso y también de políticas públicas para el país. Las de completar el procesamiento penal del responsable; proceder a una investigación y responsabilizarían en relación con las irregularidades y retrasos injustificados en el proceso; proveer una reparación simbólica y material a la víctima; promover la capacitación de funcionarios judiciales y policiales especializados; simplificar procedimientos judiciales penales; promover formas alternativas de solución de conflictos intrafamiliares; multiplicar el número de Comisarías de la Mujer con recursos especiales y brindar apoyo al Ministerio Público en sus informes judiciales; incluir en los planes pedagógicos unidades curriculares sobre el respeto a la mujer, sus derechos, la Convención de Belém do Pará y el manejo de conflictos intrafamiliares.

Se trata del primer caso en que se aplicó la Convención de Belém do Pará en el sistema interamericano, con decisión en que se responsabiliza un país en materia de violencia doméstica contra las mujeres. Sólo debido al uso efectivo del sistema internacional en acciones de litigio y de monitoreo y por la presión política internacional y nacional, es que en marzo de 2002 el proceso penal fue concluido en ámbito interno y, en octubre del mismo año, el agresor fue arrestado. El caso fue también reportado al cedaw en 2003, el cual recomendó al Estado adoptar “sin demora una legislación sobre violencia doméstica”. El 7 de agosto de 2006, como resultado de una acción conjunta de la sociedad civil y del Estado, se aprobó la Ley 11.340 (Ley Maria Da Penha), que crea mecanismos para refrenar la violencia doméstica y familiar contra la mujer.

Caso Valentina Rosendo, violencia sexual y discriminación étnica

Valentina Rosendo Centu tenía 17 años cuando en febrero de 2002 fue violada por dos soldados que la abordaron cuando lavaba ropa cerca de su casa en la aldea de Barranca Bejuco, en el municipio Ayutla del estado de Guerrero, a unos 600 kilómetros al sur de Ciudad de México. Un mes después, tres soldados agredieron sexualmente a Inés Fernández en su casa de la vecina comunidad Barranca Tecuani, en el mismo municipio.

Por ambos casos, la coidh halló culpable al Estado por violar los derechos de las dos indígenas a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, a no ser torturada, a una vida libre de violencia, a las garantías judiciales y a la protección judicial. “Son dos sentencias muy similares. Constatan la presencia militar, la discriminación y la violencia contra la mujer. Califica la violación de acto de tortura en un hecho sin precedentes en el caso de México”, explicó Alejandra Nuño, directora para Mesoamérica del no gubernamental Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Ante la CIDH

Ante la imposibilidad de obtener justicia en México, Rosendo presentó su caso en noviembre de 2003 ante la cidh con el apoyo del Cejil y el autónomo Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, de Guerrero. Posteriormente se llevó el caso a la corte.

Ante la CoIDH

La coidh, presidida por el juez peruano Diego García-Sayán, concluyó que el Estado violó dos convenciones americanas, la de Derechos Humanos de 1969, la destinada a Prevenir y Sancionar la Tortura, de 1987, y la establecida para Erradicar la Violencia contra la Mujer, de 1998. En sus sentencias del 30 de agosto, la Corte condenó al Estado a investigar eficazmente las agresiones contra Rosendo y Fernández en el fuero civil, efectuar un acto público de disculpa en español y a publicar las sentencias en el Diario Oficial de la Federación y abrir un centro de atención para la mujer en la zona de los abusos.

Partes salientes de la sentencia

El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, respectivamente, en los artículos 5.1 y 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 de la misma y 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como por el incumplimiento del deber establecido en el art. 7 de la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en perjuicio de la señora Rosendo Cantú, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 89 a 121 y 127 a 131 de la Sentencia.

El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de la señora Rosendo: a) en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en los términos de los párrafos 159 a 167 de la presente Sentencia, y b) en relación con el art. 1.1 de la Convención Americana e incumplió el deber establecido en el art. 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en los términos de los párrafos 174 a 182 de la Sentencia. Asimismo, México incumplió la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia, establecido en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de la señora Rosendo, en los términos de los párrafos 183 a 185 de la Sentencia.

El Estado es responsable por la violación de los derechos del niño, consagrados en el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el art. 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora.

El Estado deberá conducir en el fuero ordinario, eficazmente y dentro de un plazo razonable la investigación y, en su caso, el proceso penal que tramite en relación con la violación sexual de la señora Rosendo, con el fin de determinar las responsabilidades penales y aplicar las sanciones y demás consecuencias que la ley prevea, de conformidad con lo establecido en los párrafos 211 a 213 de la Sentencia. El Estado deberá, de acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente, examinar el hecho y la conducta del agente del Ministerio Público que dificultaron la recepción de la denuncia presentada por la señora Rosendo, así como del médico que no dio aviso legal a las autoridades, de conformidad con lo establecido en el párrafo 214 de la Sentencia.

La sentencia señala que el Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en el párrafo 222 de la Sentencia. Dicha reforma debe ser enfocada a que sean los juzgados civiles los que procesen a los uniformados cuando cometan delitos durante el ejercicio de sus labores

El Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso, de conformidad con lo establecido en el párrafo 226 de la Sentencia. Todo esto debido a que el aparato gubernamental falló al no propiciar un ambiente seguro; además de que en lugar de apoyar a la víctima y encaminar sus esfuerzos al esclarecimiento y sanción de los hechos, inmersos en una visión poco garantista y totalmente despreocupada de las mujeres indígenas, volvió tortuosa, dilatoria e ineficaz a la justicia, ya que las investigaciones, además de ineficientes, pasaron del fuero civil al militar, sin que ninguno de ellos haya enjuiciado a los culpables. La Corte determinó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada y los derechos del niño de Valentina.

Asimismo, contiene medidas de prevención como que el Estado deberá continuar con el proceso de estandarización de un protocolo de actuación, para el ámbito federal y del estado de Guerrero, respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales considerando, en lo pertinente, los parámetros establecidos en el Protocolo de Estambul y en las Directrices de la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con lo establecido en el párrafo 242 de la Sentencia.

El Estado deberá continuar implementando programas y cursos permanentes de capacitación sobre investigación diligente en casos de violencia sexual contra las mujeres, que incluyan una perspectiva de género y etnicidad, los cuales deberán impartirse a los funcionarios federales y del estado de Guerrero.

El Estado deberá continuar con las acciones en materia de capacitación en derechos humanos de integrantes de las Fuerzas Armadas y deberá implementar un programa o curso permanente y obligatorio de capacitación y formación en derechos humanos, dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas.

La Corte castiga al Estado con un pago de unos 87.000 dólares en resarcimiento e indemnización para Fernández, su esposo Prisciliano Sierra y sus hijos hijas, y de unos 75.000 para Rosendo y su hija Yenis Bernardino. Además, deberá saldar 48.000 dólares a Tlachinollan y Cejil como costas del proceso. “No fue fácil buscar justicia. Dejé mi pueblo, me dejó mi esposo. El gobierno me dijo mujer mentirosa”, relató Rosendo con lágrimas en los ojos. Tras la violación se vio forzada a aprender español, vive en un lugar no especificado del país, trabaja en una tienda de alimentos y ha vuelto a la escuela para terminar su educación secundaria.

No es la primera vez que la coidh exige la reforma del fuero castrense y este tema se ha convertido en uno de los más candentes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Bibliografía

CEPAL.: Buenas prácticas para erradicar la violencia doméstica en América Latina. Serie población y desarrollo. Santiago de Chile, 2005.

SANDOVAL ADELAIDA.: Violencia de genero visión desde ordenamiento jurídico español y boliviano. Ed. El País. 2012

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96571

http://www.cladem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=405%3Acasomaria-da-penha-brasil-violencia-domestica-contra-las-mujeres&catid=46&Itemid=132

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf

http://scielo.unam.mx/pdf/rius/v5n28/v5n28a8.pdf

Es docente de Derecho Internacional Público en la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno de Santa Cruz.

Tomado de: Revista de Estudios Internacionales IDEI Bolivia, año 3, Nº 72, noviembre de 2013.

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