La Gaceta Jurídica

La Corte Internacional de Justicia

(Parte final)

Foto: prensa07.blogspot.com

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La Gaceta Jurídica / Luis Peraza Parga

00:00 / 27 de abril de 2012

En este caso el acusado de crímenes contra la Humanidad y tortura es el Ministro del Interior del Congo, Pierre Oba. El Congo alega que al “atribuirse Francia la jurisdicción universal en materia criminal y al irrogarse el poder de enjuiciar al Ministro del Interior de un estado extranjero por crímenes supuesta o presuntamente cometidos en conexión con el ejercicio de sus poderes para el mantenimiento del orden público en su nación, Francia viola el principio de que un Estado no puede, violando asimismo el principio de igualdad de soberanía entre todos los miembros de las Naciones Unidas, ejercer su autoridad en el territorio de otro estado”.

Aquí el país africano no puede apelar a la sentencia analizada en la primera parte (La Gaceta Jurídica, 24-04-12) porque en aquella ocasión la Corte delimitó muy bien los cargos que podrían ser considerados inmunes: Ministro de Exteriores, Primer Ministro y Jefes de Estado. Sin embargo, pelea jurídicamente y, esta vez, basándose plenamente en la jurisprudencia de la propia Corte, el mandato expedido por un tribunal doméstico francés para que se le tome declaración como testigo al actual Presidente del Congo, Sassou Nguesso.

Francia “viola la inmunidad criminal de un Jefe de Estado extranjero, una regla de la costumbre internacional reconocida por la jurisprudencia de la Corte”. No obstante, no existe caso como tal hasta que Francia consienta la jurisdicción de la Corte para este caso concreto, tal y como establece y ha sido alegado por el Congo basándose en el artículo 38.5 de las reglas de la Corte.

Francia siempre puede negarse pero sería desperdiciar una oportunidad única para que el alto tribunal rectifique o ratifique su flamante jurisprudencia.

La Corte ha rendido 24 sentencias sobre el derecho del mar desde 1946 siendo éste su principal campo de acción utilizando el instrumento más importante a su alcance: la Convención del Derecho del Mar de 1982, mejor conocida como Montego Bay, lugar donde se abrió a la firma hace exactamente 30 años.

Aunque ha tardado casi el mismo tiempo en aplicarla directamente en una sentencia, la utilizó como costumbre internacional en cuatro ocasiones anteriores y se refirió a ella en otros tres casos en los que las partes ni siquiera la invocaron con el objetivo de ampliar y otorgarle más fundamento a sus propias conclusiones.

Disputas conocidas

Durante 2001 y 2002 el alto tribunal ha conocido cuatro casos sobre disputas territoriales y fronterizas, tanto marítimas como terrenales. Éstos abarcan tres continentes e implican a tres países latinoamericanos (Nicaragua frente a Honduras por un lado y frente a Colombia por otro)dos africanos (Benin y Niger) y dos asiáticos (Indonesia y Malasia).

Precisamente el último caso referido ha finalizado mediante sentencia de 17 de diciembre del 2002. En nuestra opinión, reproduce y sistematiza las decisiones tradicionales de la Corte sobre delimitación de fronteras terrestres y soberanía sobre territorios e islas equidistantes. La delimitación de fronteras marítimas y aguas territoriales puede ser considerada en la actualidad un sistema unificado de ley aplicable gracias a la encomiable labor de la Corte. Para ella cualquier delimitación legal debe llevar a resultados equitativos para las partes en disputa. Siempre sigue el mismo procedimiento: primero señala provisionalmente la línea equidistante y, posteriormente, se demanda si existe alguna circunstancia especial o algún factor de relieve que requiera que ese inicial señalamiento sea ajustado para lograr resultados equitativos.

Volviendo a la sentencia que nos ocupa, se trata del diferendo jurídico presentado por Malasia e Indonesia al respecto de la soberanía sobre las islas Pulau Ligitan y Pulau Sipadan.

El caso es muy interesante por los diferentes argumentos presentados por las partes que son analizados, rechazados y aceptados parcialmente por la Corte para sustentar su derecho a ejercer soberanía sobre las islas. También puede ser la solución lógica al conflicto “armado” pero incruento sobre la isla Perejil o Leila entre Marruecos y España en el verano del 2002.

Estos dos países pueden extraer la posible sentencia en el caso de que aceptaran llevar sus diferencias jurídicas ante la Corte. Las sentencias de la misma son inapelables y obligatorias pero solo para las partes. Sin embargo, la fuerza expansiva de sus resoluciones, como cosa interpretada que no juzgada, pueden llevar a que países con una divergencia similar adopten la misma solución.

En esta sentencia, la Corte resume décadas y decenas de criterios jurídicos vertidos en otras resoluciones emanadas de ella misma. No nos resistimos a reproducirlas.

La Corte empieza recordando la compleja historia de la disputa como suele ser norma en todos los conflictos territoriales. Seguidamente, analiza los títulos de soberanía invocados por los contendientes.

Los argumentos

Indonesia reclama la soberanía basándose principalmente en un título convencional: el Tratado Internacional entre Gran Bretaña y Holanda de 1891. De él deduce que por su situación las islas pertenecían a Holanda y ella, como su legítima sucesora, recibe la propiedad de las mismas. Malasia contradice estos argumentos alegando una interpretación omnicomprensiva del Tratado que lleva a la consideración que el único propósito del mismo era establecer las respectivas posesiones de tierra de Gran Bretaña y Holanda sobre la isla de Borneo y Sebatik.

Después de examinar e interpretar la Convención en el contexto y a la luz de su objeto y finalidad llega a la conclusión, apoyada también por los trabajos preparatorios de la Convención y la conducta que observaron las partes, de que no establece una línea de alocación que determine su soberanía y que la misma, por lo tanto, no constituye un título en el que Indonesia pueda fundamentar su soberanía. Además, el material cartográfico presentado por las partes, que son casi las únicas proveedoras de pruebas, no contradice su conclusión.

Después examina los supuestos títulos por sucesión alegados por las partes sobre estas tierras que no son terraenullius. La Corte rechaza los argumentos indonesios de que es el verdadero titular como legítimo sucesor de los Países Bajos (su antigua metrópoli) quien, supuestamente, las adquirió a través de contratos firmados con el Sultán de Bulungan, original titular. Tampoco acepta los argumentos presentados por Malasia sobre la adquisición de soberanía de las islas merced a una serie de transferencias consecutivas del título originalmente ostentando por su soberano, el Sultán de Sulu.

Acto seguido, valora lo que va a ser fundamental en la resolución del caso: la llamada efectividad de la posesión. El término que utiliza el alto Tribunal es la acepción francesa “effectivités”. Analiza si las actividades sobre las islas desplegadas por los dos países que reclaman la soberanía evidencian un continuo y actual ejercicio de autoridad sobre las mismas, es decir, la intención y el deseo de actuar como soberano. En este sentido, el alto Tribunal despliega una serie de conclusiones que pueden ser tomadas en cuenta a la hora de arreglar los estados por la vía diplomática sus diferencias territoriales sobre islas marítimas y fluviales.

Indonesia alega a favor de su mejor derecho sobre las islas la continua presencia de la armada holandesa primero y de la suya propia después y el tradicional uso pesquero de nacionales indonesios en las aguas que rodean las islas. Sin embargo, los dos argumentos son rechazados. Respecto al primero, la Corte alega que no se puede deducir de los hechos del procedimiento que las autoridades navales concernidas consideren las islas y sus aguas territoriales como bajo soberanía de Holanda o Indonesia.

Respecto al argumento de los pescadores, aduce que las actividades de personas privadas o particulares no pueden ser consideradas como “effectivités” si no son realizadas amparándose en regulaciones oficiales o bajo la autoridad gubernamental. Por otra parte, los argumentos presentados por Malasia sí son, aunque parcialmente, aceptados.

Los resultados

Para probar la efectiva administración de las islas, Malasia alega las medidas adoptadas (20) por las autoridades de la antigua colonia de Borneo del Norte para regular y controlar la recogida de los huevos de tortuga en las islas, actividad de cierta importancia económica en el área en aquella época. Otra prueba argumental es la construcción por las mismas autoridades y el mantenimiento por Malasia hasta la actualidad de sendos faros marítimos construidos en 1963 y 1964 en las respectivas islas.

La Corte responde positivamente a estas alegaciones probatorias diciendo que estas actividades aunque escasas en número son diversas en su naturaleza e incluyen actos legislativos, administrativos y cuasi judiciales. Abarcan un considerable espacio temporal y muestran pautas que revelan la intención de ejercer funciones estatales sobre las dos islas en un contexto de administración de muchas otras islas. Por otra parte, no existió desacuerdo o protesta manifestada por Holanda o Indonesia en la época en que se llevaron a cabo estas actividades, por lo que hubo una aceptación tácita de estos actos. Basándose en todos estos argumentos sobre la efectividad de la posesión en ese ejercicio de autoridad sobre las islas, la Corte Internacional de Justicia (cij) resuelve y dice en derecho que la soberanía de Pulau Ligitan y Pulau Sipadan pertenece a Malasia.

La expectación

Esperemos que la recuperación de la cij en estas últimas décadas en lo que respecta al número de casos ante ella que manifiesta una evidente mayor confianza en el Tribunal por parte de la Comunidad Internacional, las reglas imperativas introducidas para reducir la insoportable extensión de los procedimientos escritos y orales a lo estrictamente eficiente, la decisión de simplificar sus propias deliberaciones reduciendo el uso de notas escritas entre los mismos magistrados, la necesaria reforma del Fondo Fiduciario Especial que desde 1989 solo ha traído a cuatro estados para ser asistidos en el pago de los gastos que se generan en el litigio y el reclamo atendido de todos los tribunales internacionales de un aumento en su presupuesto, la consoliden como la principal institución de justicia mundial con jurisdicción universal junto a la Corte Penal Internacional.

El también llamado Tribunal de Justicia Internacional, máximo órgano de justicia del Sistema de Naciones Unidas, sigue su frenética actividad a pesar de contar con 15 magistrados no permanentes sino  “part time judges”. El repunte de casos en los últimos años la convierte en una institución francamente “popular” en donde las naciones que componen la Comunidad Internacional convergen para solucionar sus divergencias jurídicas sobre los más variopintos temas.

Otros casos

Las dos últimas semanas de febrero y la primera de marzo de 2003, fueron las audiencias públicas entre dos enemigos irreconciliables: la República Islámica de Irán y Estados Unidos de Norteamérica (eeuu). El exilio forzoso y el vergonzoso peregrinaje del último Shah de Persia, fiel aliado de eeuu, que incluso recaló en México y fue diplomáticamente expulsado del territorio de eeuu hasta que fue acogido, moribundo ya, por el presidente egipcio Anwar El Sadat por un lado y la llegada del supremo sacerdote de la revolución islámica (Ayatollah) Jomeini de su exilio parisino por otro, marcó el inicio de una nueva y fatal etapa de desencuentros entre los dos países.El punto álgido consistió en la más humillante postración de la imagen norteamericana hasta ese momento. Nos estamos refiriendo a la toma de la embajada estadounidense en Teherán y, lo que es más grave, de los 52 funcionarios como rehenes durante casi un año y medio por parte de los estudiantes de la revolución, pero con un total apoyo del régimen recientemente instaurado y de las autoridades religiosas que lo apoyaban y protagonizaban.

Decisiones

El asunto fue llevado ante la “Corte Mundial” por eeuu el 29 de noviembre de 1979, la cual otorgó, en menos de un mes, medidas provisionales “ordenando” a Irán la devolución a eeuu de las premisas de la embajada y que pusiera en libertad a todos los rehenes, restaurándoles las inmunidades a las que tenían derecho y permitiéndoles la salida del país.

La sentencia de fondo utiliza, como derecho internacional aplicable al caso y por el que condena a Irán por sucesivas violaciones al mismo, el Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares firmado en la capital iraní el 15 de agosto de 1955 y en vigor el 16 de junio de 1957.

Estas reiteradas y, hasta el momento de dictar sentencia, continuadas violaciones convierten a Irán en responsable hacia eeuu con la obligación de reparar los daños causados una vez que las violaciones cesen y pueda ser cuantificado el daño que tendrá un efecto cumulativo. Enfatiza extremadamente la importancia suprema de la violación de las reglas de la diplomacia, fundamentales en su respeto para que la humanidad haya construido, durante siglos, la convivencia y cooperación internacional entre las naciones.

Otras determinaciones

Con el fin de ser ecuánime, la Corte critica, entendiéndolo, la fracasada operación de rescate aprobada por el Presidente Carter en una noche de abril de 1980. Por los tiempos en los que se ejecutó la operación, la Corte determina que fue calculada para debilitar el debido respeto a un proceso judicial internacional y pugnaba contra uno de los mandatos de la medida provisional que solicitaba que ninguna de las partes tomara medidas que pudieran agravar la tensión entre los dos países.

La Corte decide por 13 votos contra dos que Irán ha violado y viola, siendo responsable internacionalmente, varios aspectos de obligaciones para con eeuu derivadas de convenciones internacionales en vigor entre ambos y de reglas largamente establecidas en derecho internacional.

Unánimemente decide que Irán debe, inmediatamente, realizar todos los pasos para neutralizar la situación desencadenada el 4 de noviembre de 1978, detallando que debe terminar inmediatamente la detención ilegal de todo el personal de la embajada y cualquier otro ciudadano norteamericano, la puesta en libertad y confiarlos, así como las premisas de la embajada, a la Potencia protectora señalada en el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, facilitando medios de transporte para abandonar el país.

Por 12 votos contra tres, Irán deberá otorgar reparaciones a decidir por la misma Corte en caso de no llegarse a un acuerdo entre las partes. Finalmente, el 12 de mayo de 1981, la Corte, a petición conjunta de las partes y tras llegar a un acuerdo de compromiso, teniendo como valedor al gobierno de Argelia, que da fe de que los rehenes fueron efectivamente liberados y sacados del país el 19 de enero de 1981, dicta un auto en el que el asunto queda fuera de la lista de casos pendientes ante el Tribunal.

Turno de parte

Ahora, bueno más bien 13 años después (1994) llegó el turno de Irán de llevar a su “enemigo” ante la Corte de las Naciones Unidas basándose en el mismo Tratado de Amistad señalado más arriba, fundando la jurisdicción del Alto Tribunal en el artículo 21.II del tan comentado Tratado. Irán alega que la destrucción de tres plataformas petrolíferas, propiedad de la Compañía de Petróleos Iraní, por barcos de guerra estadounidenses en octubre de 1987 y abril de 1988 constituyen violaciones fundamentales de varios artículos del Tratado que se refieren a la paz perdurable, sincera amistad, libertad de navegación y comercio que deben darse entre ambos países.

Solicita a la Corte que asuma y declare que esos actos de ataque y destrucción supusieron una violación de las obligaciones de eeuu para con Irán y que al adoptar una patente actitud hostil y amenazadora que culminó en esos actos de destrucción, eeuu violó el objeto y fin del Tratado y del derecho internacional y, por lo tanto, estará obligados a repararlos en un monto a determinar por la Corte en un estadio posterior del procedimiento.

EEUU no se queda atrás y, a la hora de contestar a la demanda, establece una nueva y novedosa reclamación en la que piden que la Corte asuma y declare que al atacar navíos, colocar minas en el Golfo y realizar peligrosas acciones militares en 1987 y 1988 en detrimento del comercio marítimo, Irán violó las obligaciones con eeuu establecidas en el Tratado de Amistad por las que se derivarán reparaciones.

Aunque Irán atacó la validez de estas nuevas reclamaciones basándose en que no entraban en el ámbito de jurisdicción de la Corte y carecían de conexión directa con su propio reclamo, ésta, mediante un auto de 10 de marzo de 1998, las admitió plenamente con lo que pasaron a formar parte del procedimiento, no sin antes otorgar a Irán la posibilidad de realizar peticiones adicionales solo sobre las mismas. Finalmente, Irán estableció una réplica, contestada oportunamente por eeuu mediante una dúplica.

Entre estos dos asuntos se “cuela” un tercero llevado ante el Tribunal por Irán y en contra de eeuu el 17 de mayo de 1989 sobre la interpretación y aplicación de dos convenciones aéreas surgidas por el terrible suceso de la destrucción de una aeronave civil iraní y la subsiguiente muerte de 290 personas el 3 de julio de 1988.

EEUU alegó que ese día, en medio de una “balacera” entre barcos de guerra iraníes y estadounidenses, la aeronave se acercó peligrosamente y sin identificarse a barcos de guerra estadounidenses que, ante el inminente peligro, procedieron a derribarla. Admite el derribo de un avión comercial, investiga e intenta compensar a los familiares de las víctimas mientras Irán trata de lograr la condena política internacional de su “enemigo”.

Ventilación del caso

Después de la presentación de memorias y contra memorias, de numerosos autos del presidente de la Corte aumentando el tiempo límite de respuesta de las partes y antes de la apertura de la etapa oral de audiencias públicas, se llega a un resultado que a estas alturas ya nos parece familiar: los agentes estatales o los abogados de estado de ambas naciones solicitan a la Corte conjuntamente el final del procedimiento porque han alcanzado un acuerdo satisfactorio para ambos.

De tal modo, la Corte Mundial aparece en ocasiones como una “arena” para medir fuerzas antes de que las partes desistan del procedimiento y alcancen una solución parcialmente satisfactoria para ambas. Algunos pueden ver en ello una absoluta pérdida de recursos que se ponen a disposición de unos estados que luego pactan al margen de una gran y onerosa maquinaria judicial, otros creemos que el debate, pulso y acercamiento que supone precisamente el procedimiento ante la Corte Mundial es lo que hace posible que finalmente se produzcan estos pactos.

*    Es profesor de Derecho Comunitario Europeo y Derechos Humanos de la Universidad Panamericana de la ciudad de México.     Tomado de: lainsignia.org

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