La Gaceta Jurídica

Corte Penal Internacional y jurisdicción internacional

En este nuevo milenio, como juristas enfrentamos a una visión cosmogónica e integradora de la cual no podemos separarnos ante un mundo más fluctuante y correlacionado en las relaciones políticas y sociales que, con un vertiginoso avance, obligan a contemporizar y armonizar esquemas de acceso a la justicia.

Es fundamental el castigo de los crímenes internacionales para mantener la paz y la seguridad.

Es fundamental el castigo de los crímenes internacionales para mantener la paz y la seguridad. FOTO: periodicocorreo.com.mx

La Razón (Edición Impresa) / José Gerardo Arrache Murguía*

00:00 / 02 de enero de 2015

Como deuda histórica, algunas estructuras jurídicas evolucionan ante la caída de un mundo antiguo y han sido remplazados sistemas políticos considerados “estables”, y ha habido un reacomodo en las dimensiones políticas, económicas y sociales.

La jurisdicción internacional y la creación de la Corte Penal Internacional han sido verdaderos paradigmas en la búsqueda para erradicar los excesos de la legalidad injusta y evitar persecuciones en contra de minorías raciales o persecuciones políticas que volverían impunes a los perseguidores y convalidarían la opresión de aquellos regímenes considerados así por el Derecho Internacional Humanitario.

Jurisdicción internacional no debe tomarse como un concepto ortodoxo, sino que, como se verá más adelante, previo a la utilización de esta jurisdicción debe permitirse que la jurisdicción penal nacional competente ejerza sus funciones previamente a su intervención y sólo intervendría –en forma complementaria–en ausencia de tal jurisdicción o bien si ésta es incapaz de evitar la impunidad, esto es restringir dicha jurisdicción a un estado de excepción sin que la misma sea considerada violatoria de la soberanía jurídica de los Estados soberanos.

La evolución de estos conceptos innovadores por la extensa dinámica política e histórica perfila un reto al concierto internacional a debate respecto el hecho de atribuir responsabilidad penal a individuos que, por su intervención en actos de lesa humanidad, son sujetos a juicio.

Génesis y dimensión de la jurisdicción internacional

Previo a cualquier consideración a priori, resulta necesario analizar el desarrollo de la noción de jurisdicción complementaria, propuesta en su momento por la Comisión de Derecho Internacional y adoptada en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, dada la necesidad de reforzar el sistema de justicia penal a fin de evitar la impunidad.

Variadas son las discusiones de fondo y ópticas que tuvieron en guante las sesiones de la Comisión de Derecho Internacional en el Comité ad hoc establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para revisar el proyecto propuesto por la Comisión y en el Comité preparatorio de las Naciones Unidas para la institución de una corte penal internacional.

El resultado alcanzado en la Convención de Roma se obtuvo, ante todo, gracias al consenso entre los Estados que comprobaron que la comunidad internacional necesita disponer de un organismo de jurisdicción internacional permanente, encargado de decidir sobre la responsabilidad individual por los crímenes de índole internacional derivados de la nueva recomposición política.

Limitado a que este organismo solo debe permitir que la jurisdicción penal nacional competente ejerza sus funciones previamente a su intervención y solo intervendría en ausencia de tal jurisdicción o si ésta es incapaz de evitar la impunidad, esto es restringir dicha jurisdicción a un estado de excepción, sin que la misma, sea violatoria de la soberanía jurídica de los Estados soberanos.

En los últimos años, la noción de jurisdicción ha sido una cuestión clave en numerosos debates sobre el derecho internacional humanitario. La razón es simple: en un mundo en el que el castigo de los crímenes internacionales es fundamental para el mantenimiento de la paz y la seguridad, dos aspectos ejercen un punto nodal en relación a este sistema.

Uno, por razón de una elemental justicia que propugne por los más básicos derechos como el derecho a ser respetada la condición humana, la asistencia legal de abogados patronos y litigantes; certeza procesal, equidad entre las partes entre otras.

Dos, para evitar y prevenir el uso de tácticas atentatorias en contra de la dignidad humana como lo son la tortura y los malos tratos, la detención arbitraria y la “desaparición” o exilio obligado de minorías raciales.

Prudente al caso resulta, como lo señala el documento publicado por la Revista Internacional de la Cruz Roja N° 845, analizar como planteamiento fundamental en ¿cómo conciliar las jurisdicciones penales internacionales con la jurisdicción de los tribunales nacionales en situaciones en las que ambos tienen competencia para tratar el mismo asunto?

Esta cuestión no se trató en profundidad hasta finales de los años 80. Hasta entonces, los Estados aplicaban principios generales de jurisdicción penal para determinar qué tribunal nacional tenía competencia para procesar a una persona acusada de actos que constituían crímenes internacionalmente reconocidos.

Pero, en 1989 la delegación de Trinidad y Tobago propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas la creación de una corte penal internacional para combatir lo que consideraba uno de los crímenes internacionales más recientemente reconocidos: el tráfico de drogas.

La propuesta, que no era nueva para las Naciones Unidas, se hacía eco del trabajo que habían realizado dos comités especiales, constituidos por la Asamblea General en 1951 y en 1953, a fin de elaborar proyectos de estatutos de tribunales penales internacionales.

Aunado a lo anterior, y como acertadamente lo señaló Javier Jiménez Fortea de la Universidad de Valencia, “por último, su carácter permanente lo hace diferente a otros tribunales como los creados recientemente para juzgar los crímenes cometidos en Ruanda o la ex Yugoslavia. Se acaba así con la tendencia iniciada con el Tribunal de Nüremberg después de la Segunda Guerra Mundial de creación de órganos jurisdiccionales penales internacionales ad hoc y ex post, y que encajaban mal en el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley”. Esto es que se institucionaliza de manera formal la creación de dichos tribunales.

La noción de jurisdicción complementaria es bastante nueva en relación a la concepción clásica, ella deriva de la importancia creciente que ha cobrado la relación entre los Estados y las organizaciones internacionales, puesto que la función que desempeñan esas entidades internacionales, diferentes de los Estados, ha forjado una nueva concepción del sistema internacional y de la distribución de derechos, responsabilidades y tareas.

No es fácil anticipar cómo evolucionará la noción de jurisdicción complementaria en las legislaciones nacionales. Por lo general, los sistemas jurídicos internos poseen unas estructuras jerárquicas dentro de las cuales los órganos judiciales tienen un ámbito de acción más o menos definido; es difícil imaginar un órgano judicial que no cumpla sus funciones y que resuelva el asunto por una jurisdicción sustituta. A nivel interestatal, la tendencia predominante parece favorecer la jurisdicción concurrente, en vez que la complementaria, por razón de praxis.

Es cierto que, al tiempo que se toma cada vez más conciencia de la gravedad de ciertas conductas, no solo en los foros nacionales, sino también en la comunidad internacional, los Estados se han percatado de que, en ciertas circunstancias, sus aparatos nacionales o su legislación interna son insuficientes para juzgar crímenes que socavan los principios más elementales de humanidad.

A fin de preservar el ideal de justicia, pero sobre todo de evitar la impunidad, los Estados han acabado, en consecuencia, por aceptar el hecho de que sus sistemas necesitan nuevos mecanismos para remediar sus imperfecciones.

Así pues, la idea de una jurisdicción internacional es considerada una manera de reforzar los esfuerzos contra la impunidad, tratando siempre de preservar el ideal de justicia e imponerse el reto de, sin el menoscabo de como ya se dijo, la soberanía jurisdiccional de las naciones.

*    Es licenciado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, México.

Tomado de: revistajuridicaonline.com

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