La Gaceta Jurídica

Cortes internacionales y juicios bélicos

(Parte I)

Foto: nuernberg.de

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La Gaceta Jurídica / Ditirambo

00:00 / 19 de julio de 2013

La idea del texto es ver desde una óptica jurídico penal los tribunales penales internacionales (tpi) que han juzgado crímenes cometidos con ocasión de conflictos bélicos, puesto que los aspectos históricos y políticos han sido bastante tratados y debatidos. En este artículo partimos por el de Nüremberg y luego se aborda el de Tokio, el de la ex Yugoeslavia y el de Rwanda.

Origen de los TPI

I) Al finalizar la Segunda Guerra Mundial fueron establecidos por primera vez en la historia de la humanidad los tribunales militares internacionales y fueron dos que funcionaron de manera casi paralela:

a) El de Nüremberg, al que le correspondió el enjuiciamiento de los más importantes criminales de guerra de Europa, y;

b) El del Extremo Oriente, al que le tocó juzgar a los criminales de guerra del continente asiático, a excepción de la inmunidad dada al emperador de Japón, Hirohito.

II) Una vez concluida la labor de estos tribunales especiales, la Organización de las Naciones Unidas (onu) recopiló los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Tribunal de Nüremberg, que fueron aprobados posteriormente por la Asamblea General, legitimándose así por parte de la comunidad internacional el primer juicio internacional penal de la historia.

III) Con posterioridad, a lo largo de las décadas que siguieron a este punto de partida, los principios rectores de los juicios de la postguerra han sido el punto de partida en la elaboración de los proyectos de códigos penales internacionales que les han seguido, aunque producto de la “Guerra Fría” y pese a que se registraron nuevos conflictos bélicos y nuevas violaciones a los derechos humanos –en la categoría de crímenes de guerra o contra la humanidad– no fueron establecidos nuevos tribunales internacionales sino hasta los años 90 (ex Yugoeslavia y Rwanda).

IV) Las realidades fácticas creadas por la “Guerra Fría” volvieron a la humanidad a la ausencia de normas imperativas –más propia de la preguerra– y durante las décadas desde 1948 (disolución de los tribunales especiales de Nüremberg y Tokio) hasta el colapso de la Unión Soviética (urss) sólo se crearon tribunales de carácter moral, entre los que destaca el Tribunal Russell para el enjuiciamiento de los crímenes en la guerra de Vietnam, conflicto donde no cabe duda que se cometieron crímenes que caerían en las tipificaciones a partir de Nüremberg y Tokio.

V) En la década de los 90 y al término de la “Guerra Fría”, la onu ha renovado con más ímpetu su compromiso con la paz mundial y la lucha por el respeto de la dignidad humana, vulnerada en el contexto de conflictos bélicos y, por primera vez desde su fundación, ha creado tribunales internacionales (Nüremberg y Tokio fueron instaurados previo a la existencia de la onu) constituyendo un gran hito en la consolidación del Derecho Internacional Penal; se trata de los Tribunales Internacionales para el juzgamiento de los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia y en Rwanda.

VI) La última estación de ese largo camino es el establecimiento de una Corte Penal Internacional o Tribunal Penal Internacional (tpi) que funcione con un carácter permanente para el juzgamiento de crímenes de guerra y de “lesa humanidad”, es decir que nos afectan como género humano, con la declaración de que éstos son imprescriptibles (no se extingue la responsabilidad penal por el paso del tiempo), no amnistíables (no puede extinguirse la responsabilidad penal por una ley nacional que así lo declare) y no indultables.

VII) Pero el tpi aún debe salvar un gran obstáculo, el de no haber sido ratificado por tres de las grandes potencias Estados Unidos (eeuu), Rusia y China; es más, eeuu ha planteado consecuencias negativas para los Estados que ratifiquen el tpi, sin las exclusiones que pretende respecto de sus tropas que operan en el mundo, es decir que los soldados de esa nación quedarían en general fuera de su jurisdicción por hechos sucedidos en lugares como Irak o Afganistán y junto con limitar la ayuda militar a los Estados que adhieran al tpi sin convenir un tratado de exclusión con eeuu; así promulgó una Ley para la protección del personal de los servicios exteriores norteamericanos aspa. Ésta prohíbe a los gobiernos y a los organismos federales, estatales y locales, estadounidenses incluidos, la asistencia a la Corte o Tribunal Penal Internacional.

Tribunal de Nüremberg

El Tribunal Militar Internacional de Nüremberg representa el primer ensayo de justicia penal internacional. Hasta antes sólo existieron intentos frustrados de establecer una corte internacional penal, pero, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial los aliados ya habían anticipado el deseo de castigar a los culpables de los crímenes de guerra y de las demás atrocidades cometidas.

El punto de partida es la Declaración de las Naciones Aliadas de 13 de enero de 1942, que postuló que “las Naciones Aliadas han clasificado entre sus principales fines de guerra el castigo, por medio de la justicia organizada, de los culpables o responsables de crímenes de guerra, que los hayan ordenado, perpetrado participado en ellos”.

Estas intenciones se irán afinando en declaraciones posteriores, cuando, además, ya se vislumbrada la derrota de las potencias del Eje y, entre ellas, de especial trascendencia es la Declaración de Moscú de noviembre de 1943 que fija los principios de la represión internacional.

La declaración distingue entre los “criminales de guerra” que deberán ser juzgados por los tribunales de las naciones donde se hayan perpetrado los delitos, de conformidad a sus leyes internas, y los “grandes criminales de guerra”, cuyos hechos delictivos afectan a varios países y no tienen ubicación geográfica particular, que han de enjuiciarse por una justicia internacional.

Allí principian las discusiones sobre qué Tribunal debía conocer y juzgar a los criminales. Se barajaron varias alternativas, adoptándose finalmente el régimen escogido por eeuu que, después de algunas discrepancias por parte de la Unión Soviética, fue aceptado en el acuerdo de agosto de 1945, con las consabidas críticas de no ser un tribunal verdaderamente internacional al estar integrado exclusivamente por los Estados vencedores en la guerra.

El llamado Acuerdo de Londres fue suscrito el 8 de agosto de 1945 por el Gobierno de los Estados Unidos, el Gobierno provisional de la República Francesa, el del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estableciendo un Tribunal Militar Internacional para el enjuiciamiento de los criminales de guerra cuyos crímenes no tuvieran localización geográfica particular. Además, se estableció el Estatuto del Tribunal Militar Internacional, según el cual el Tribunal se compuso de cuatro miembros, cada uno representante de una de las naciones que suscribieron el acuerdo, adoptando sus decisiones por mayoría de votos, decidiendo en caso de empate el voto del presidente del Tribunal.

En el artículo 6 del Estatuto se estableció que el Tribunal tenía competencia para juzgar a los individuos y organizaciones que hubiesen cometido crímenes contra la paz, de guerra, contra la humanidad y conspiración y complot, siendo estos últimos únicamente figuras de participación de los anteriores y una clara influencia del sistema criminal de los eeuu sobre el particular.

Crímenes contra la paz

Es decir, planeamiento, preparación, iniciación o ejecución de una guerra de agresión o de una guerra en violación de tratados internacionales, acuerdos y seguridades o la participación en un plan común o en una conspiración para ejecutar cualquiera de los actos precedentes.

Crímenes de guerra

Es decir, violaciones de las leyes (incluye las convenciones de Ginebra y Viena) y de las costumbres de la guerra. Estas violaciones incluyen, pero no están limitadas a ello, asesinatos, maltratamientos y deportaciones para trabajos forzados o para cualquier otro propósito sobre poblaciones civiles de territorios ocupados o que se encuentren en ellos; asesinatos o maltratamientos de prisioneros de guerra o de personas en los mares; ejecución de rehenes; despojo de la propiedad pública o privada; injustificable destrucción de ciudades, pueblos y aldeas; devastación no justificada por necesidades militares.

Crímenes contra la humanidad

Es decir, asesinatos, exterminación, sometimiento a esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes o durante la guerra, o persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución o en conexión con cualquier crimen de jurisdicción del Tribunal, sean o no una violación de la legislación interna del país donde hubieran sido perpetrados.

Al respecto, se agrega que “los dirigentes, organizadores, instigadores y cómplices participantes en la elaboración o en la ejecución de un plan común o de una conspiración para cometer cualquiera de los crímenes antedichos son responsables por todos los actos realizados por toda persona en ejecución de tales planes”.

El artículo 7 excluyó como eximente, y aun como atenuante de responsabilidad, el hecho de que el acusado fuera jefe de Estado o funcionario de responsabilidad de dependencias gubernamentales. Luego, el artículo 8 declaró inadmisible como eximente de responsabilidad el cumplimiento de órdenes de gobierno o de superior jerárquico.

Acusación e inicio del juicio

Para formarse una idea de la magnitud del proceso principal de Nüremberg basta decir que duró 218 días (sólo superado por el de Tokio, que duró 417 días); los sumarios (investigación previa) de Nüremberg comprendieron 4.000.000 de palabras y ocuparon 16.000 páginas; el Ministerio Público o Fiscal presentó 2.630 pruebas; las defensas presentaron 2.700 pruebas; el Tribunal escuchó las declaraciones de 240 testigos y comprobó unas 300.000 declaraciones juradas. Además que los acusados contaban con 27 defensores, 54 ayudantes legales y 67 secretarias.

A su vez, en los laboratorios fotográficos del Palacio de Justicia se reveló 780.000 fotografías y 13.000 rollos; se usó 27.000 metros de cinta magnetofónica y 7.000 discos grabaron las palabras pronunciadas; 550 oficinas, secretariados y departamentos consumieron 22.000 lápices. Los teletipos trasmitieron 14.000.000 de palabras a los rincones del mundo. Para comprobar esto se puede revisar la prensa de esos días en cada uno de los países.

El Tribunal Militar Internacional de Nüremberg se constituyó el 20 de noviembre de 1945 y sesionó hasta el 1 de octubre de 1946.

¡Attention! ¡The court! (Atención, la Corte)

Con esa frase del coronel estadounidense Charles Mays, secretario del Tribunal, se dio inicio al proceso, se tradujo mediante intérpretes y todos se levantaron ante la entrada de los jueces.

El Tribunal estaba compuesto por la urss, General Iola Nikitschenco, Juez (su juez adjunto era el Teniente Coronel Alexander Wolchkov); Gran Bretaña, sir Geoffrey Lawrence, Juez Presidente del Tribunal (su adjunto era sir Norman Birkett); por eeuu, Francis Biddle, Juez (su adjunto era John Parker), y Francia, Henri Donnedieu de Vabres, Juez (su adjunto fue Robert Falco).

La labor de los jueces adjuntos consiste en presenciar todo el juicio de manera ininterrumpida para reemplazar en caso de muerte, enfermedad o impedimento grave al Juez integrante del Tribunal, no tiene derecho a voto, salvo que pase a reemplazar al titular, todo sin perjuicio de que, además, pueda apoyar en sus análisis y ponderaciones al juez principal.

La acusación fiscal fue formulada por el Fiscal General Robert Jackson en contra de las personas naturales que tenían en común haber sido altos funcionarios del Estado durante el régimen nacionalsocialista, Hermann Wilhelm Goering, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Robert Ley (jefe del Frente del Trabajo, quien se suicidó durante la prisión preventiva y por ello fue excluido del acta de acusación), Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Julius Streicher, Walter Funk y Hjalmar Schacht.

Además, Gustav Krupp, Von Bohlen und Halbach (también excluido del acta de acusación por haberse desglosado su caso a fin de ser sometido a los tribunales locales), Karl Döenitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel, Alfred Jold, Martin Bormann (en rebeldía), Franz von Papen, Arthur Seyss-Inquart, Albert Speer, Constantin von Neuralth y Hans Fritsche.

No sólo se acusó a personas naturales, sino a organizaciones y grupos que deberían ser declarados criminales por razón de sus propósitos y aspiraciones y por los métodos utilizados para realizarlos. Esto despertó intensa crítica, pues no hoy es pacífico, menos en aquella época, la tesis de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Muchos hubiesen preferido y creen que habría bastado con la declaración de asociación ilícita de las entidades.

Las organizaciones acusadas fueron “die Reichsregierung (Gabinete del Reich); das Korps der politischen Leiter der nationalsozialistischen deutschen Abeiterpartei (Cuerpo directivo del partido nazi); die Schutzstaffeln der nationalsozialistichen deutschen beiíerpartei (comúnmente conocida como la Milicia Negra o ss) e incluyendo die Sicherheitsdienst (comúnmente conocida como la sd); die geheime Sttatspolizei (Policía secreta del Estado, conocida como la Gestapo); die Sturmabteilungen del nsdap (conocida como la Milicia Parda o sa); el Estado Mayor General y el Alto Comando de las Fuerzas Armadas Alemanas”.

Esto causó revuelo en orden a señalar que, de alguna forma, se juzgaba prácticamente a todo el pueblo alemán, al punto de que el Fiscal General estadounidense Robert H. Jackson señaló en su alegato de apertura del proceso:

“Queremos hacer patente que no tenemos la intención de inculpar al pueblo alemán. Si la amplia masa del pueblo alemán hubiera aceptado voluntariamente el programa del partido nacionalsocialista no habrían sido necesarias las sa ni los campos de concentración ni la Gestapo”.

Cargos o imputaciones

El primer cargo apoyado en el artículo 6 del Estatuto se refiere al plan común o conspiración que comprende la comisión de crímenes contra la paz, por cuanto los acusados o reos planearon, prepararon, iniciaron y realizaron guerras de agresión, las cuales fueron también de violación de tratados internacionales, acuerdos y seguridades.

Es aquí donde los críticos del juicio formularon sus primeras objeciones, pues, como lo señala el tratadista español Luis Jiménez de Asúa, “... se extravía la acusación imputando a los nazis hechos políticos, conductas de dominio mundial que ante sus ojos propios son acciones en servicio de la gran Alemania”.

El profesor prosigue considerando de un cinismo absoluto que se “...impute a los alemanes, y sólo a ellos, la ejecución del plan de invasión de Checoslovaquia...” y se preguntó: “¿es que los norteamericanos ignoran que, como consecuencia del pacto de Münich, el señor Newton, ministro de Gran Bretaña, y el señor De La Croix, ministro de Francia, coaccionaron a Benes en el propio palacio presidencial de Praga en la noche del 2 de septiembre de 1938 para que aceptase el plan impuesto por Hitler y acordado por Chamberlain y Daladier?”.

Le causa así extrañeza al citado tratadista que “...los auxiliadores necesarios acusen a sus coreos o coimputables”. Ni hablar del caso del acápite reservado acerca de las zonas delimitadas para repartir Polonia en el pacto “Molotov-Ribbentrop”, uno sus partícipes sentado en el banco de los acusados y el otro observando en el bando de las cuatro naciones acusadoras.

Al respecto, el también tratadista español Antonio Quintano Ripollés replica en defensa de la acusación y expresa que “la debilidad, la deserción y aun la complicidad, si se quiere, de un sector político del mundo que toleró y hasta coadyuvó indirectamente al mal, por unas u otras razones, no puede ni debe acarrear el impunismo eterno de los crímenes directos perpetrados contra ese mismo sector y aun contra terceros inocentes”.

El segundo cargo, basado también en el artículo 6 del Estatuto, se refiere a los crímenes contra la paz y expresa que “todos los acusados... participaron en el planeamiento, preparación, iniciación y prosecución de guerras de agresión, las que fueron también guerras de violación de tratados internacionales, convenios y seguridades”. Posteriormente, el acta de acusación pasa a detallar las distintas declaraciones de guerra a más de diez países, bastante conocidas cada una de ellas.

El tercer cargo, se refiere al inciso “b” del artículo 6 del Estatuto, esto es, crímenes de guerra, y señala que “todos los acusados, actuando de acuerdo con otros, formularon y llevaron a cabo un plan común o conspiración para cometer crímenes de guerra según se define en el artículo 6.b de la Carta”.

Este plan incluyó, entre otras cosas, la práctica de la “guerra total”, incluyendo métodos de combate y de ocupación militar en abierta oposición a las leyes y costumbres de la guerra y la comisión de crímenes perpetrados en el campo de batalla durante los combates con ejércitos enemigos y contra prisioneros de guerra (contravenciones a las convenciones de Ginebra) y en territorios ocupados contra las poblaciones civiles de dichos territorios.

La fundamentación jurídica está en que estos métodos y crímenes constituyeron violaciones de convenios internacionales, de leyes penales nacionales y de los principios generales del derecho penal derivados del derecho criminal de todas las naciones civilizadas, que estaban comprendidos dentro y eran parte del curso sistemático de la conducta nazi.

Severas críticas ha recibido la acusación por emplear la frase “práctica de la guerra total”, ya que, según Jiménez de Asúa, los acusadores olvidan “...que el uso de la bomba atómica es la más total de las guerras, ya que acabó no sólo con soldados, sino con hombres del pueblo, mujeres, niños, animales y plantas”. Quintano Ripollés, responde a esto y sostiene que el empleo de bombas contra poblaciones ni siquiera en su forma más catastrófica de bombardeo atómico es crimen de guerra...” y ello por la sencilla razón de la ausencia de preceptos que así lo tipifiquen”; esto nos lleva en todo caso a la debilidad matriz que muchos juristas apuntan al proceso en su totalidad, que es la ausencia de ley penal previa, al menos en lo general, ya que la mayoría de los delitos juzgados estaban de una u otra forma tipificados como tales en la legislación interna de cada uno de los estados parte.

El cuarto cargo, que se apoya en el inciso “c” del artículo 6 del Estatuto, lleva como epígrafe “Crímenes contra la Humanidad”, esto es, “asesinatos, exterminaciones, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra poblaciones civiles antes de la guerra y durante ella”, así como “persecuciones por razones políticas, raciales y religiosas al ejecutar el plan común mencionado en el primer cargo y en conexión con él”.

Continuará

Pseudónimo.

Tomado de: elgrancapitan.org

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