La Gaceta Jurídica

Cortes internacionales y juicios bélicos

(Parte final)

Foto: esacademic.com

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La Gaceta Jurídica / Ditirambo

00:00 / 23 de julio de 2013

En octubre de 1946 se dio a conocer la sentencia a los acusados del juicio de Nüremberg. Primero se les leyó la parte dispositiva común, luego, uno a uno, la pena individual impuesta. Luego se proclamó la culpabilidad en grupo de los jefes nazis de la Gestapo y de los cuerpos de la SS; pero no se declaró responsable al gobierno del Reich, al Estado Mayor del Ejército Alemán ni a las SA.

Las penas

Sentenciados a morir en la horca: Hermann Wilhelm Goering, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Julius Streicher, Gustav Krupp, Fritz Sauckel, Alfred Jold, Martin Bormann (en rebeldía) y Arthur Seyss-Inquart.

A prisión perpetua: Rudolf Hess, Herich Raeder y Walter Funk. A prisión por términos diversos: Albert Speer y Baldur von Schirach, a veinte años cada uno; Konstantin von Neurath, a quince años; y, Karl Doenitz, a diez años. Absueltos: Hjalmar Schacht, Franz von Papen y Hans Fritzche.

Según el profesor español Antonio Quintano Ripollés, las tres principales virtudes de la sentencia son:

1. Sentar de modo indubitado el carácter criminal de la guerra de agresión.

2. Haber admitido al individuo en el campo del Derecho Internacional, tanto en su calidad de sujeto activo como sujeto pasivo..., lo que supone una plausible humanización de las normas internacionales...

3. Sentar que las obligaciones internacionales impuestas a los individuos han de primar en todo evento sobre sus deberes de obediencia hacia el Estado de quien dependan, por lo que quien viola las leyes de guerra no puede justificarse alegando el mandato recibido del Estado, que al hacerlo sobrepasó y, a su vez, violó los poderes y normas que el Derecho Internacional le reconoce.

Comentando la sentencia, Henri Donnedieu de Vabres, uno de los jueces franceses del Tribunal, señala que la labor del Tribunal fue difícil, ya que en el Estatuto “el complot, reducido a la noción de un plan concertado para cometer tal o cual acto de agresión, se identifica con la noción e, incluso, con una noción bastante estrecha de complicidad. Los crímenes contra la humanidad se confunden con los crímenes de guerra, de suerte que las infracciones de esa naturaleza cometidas antes de estallar las hostilidades, escapan a la competencia del Tribunal”.

Respecto de la responsabilidad individual, Donnedieu de Vabres opina que “…la sentencia es la expresión de una justicia humana, por tanto, una justicia relativa y falible. Refleja, como es normal, la buena fe, la competencia y, hasta quizás, los prejuicios de sus miembros. No se identifica probablemente con el juicio de la Historia ni con el juicio de Dios. De todos modos, las distinciones y los matices que encierra su relativa moderación prueban que no es, en contra de las previsiones y de las imputaciones de algunos, la expresión de una justicia puramente vindicativa”.

En cuanto a la responsabilidad de las organizaciones Donnedieu de Vabres expresa que “...no se han pronunciado más que tres declaraciones de criminalidad,  las que conciernen a la SS, la Gestapo y el cuerpo de jefes políticos; en lugar de las seis reclamadas por el Ministerio Público. Las exclusiones no provienen de una apreciación favorable de la actividad de las agrupaciones de que se trata. Proceden, en general, de que su existencia, en cuanto organizaciones o grupos, no ha sido reconocida...”.

Además, según De Vabres, de la labor del Tribunal y de la sentencia se deducen principios de Derecho que merecen ser destacados:

1. La sentencia afirma la supremacía del Derecho Internacional sobre el Derecho interno.

2. La primacía de la conciencia individual en orden a las exigencias de la disciplina. Cuando la orden dada por un superior jerárquico tiende a la comisión de un crimen y, en especial, de un hecho calificado como tal por el derecho de gentes, el deber es de desobedecer. El mandato superior no vale como causa justificante ni como excusa absolutoria.

Principales críticas al proceso

Ya se ha dicho que la principal crítica al juicio de Nüremberg está referida a la escasa aplicación que hizo el Tribunal del principio “nullum crimen sine lege nulla poena sine lege” (no hay crimen ni pena si no están establecidos en una ley previa). Acá opina el profesor español Jiménez de Asúa que “el definitivo obstáculo para que pueda considerarse válida en Derecho, la justicia hecha en Nüremberg proviene de haberse violado el principio nullum crimen, nullum poena sine previa lege y de haber dado indebidamente efecto retroactivo a una ley penal de gravísima trascendencia”.

Por su parte, para negar legalidad al proceso de Nüremberg, el tratadista austriaco Hans Kelsen, principal autor sobre el positivismo moderno (es Derecho sólo lo que es texto escrito y que emana de las normas que regulan su creación), señala que, “al contrario de lo ocurrido en el Extremo Oriente en que el Gobierno Japonés había accedido, al suscribir el tratado de capitulación, a la persecución y castigo de los crímenes de guerra, al rendirse las fuerzas germanas no hicieron el mismo acatamiento, ya que sólo fue una simple manifestación de rendimiento de fuerzas militares ante los comandantes de los ejércitos aliados”.

El tratadista alemán Hans Jescheck, refiriéndose principalmente a los crímenes contra la humanidad, señala que la prueba más contundente de que esos tremendos delitos no estaban en leyes anteriores es que se ha necesitado promulgar en 1948 el Convenio de Genocidio. En opinión de este autor, hubiese sido más acertada una mejor sistemática internacional de los crímenes de guerra, pues, su legalidad es menos discutida, porque existían convenios y otras normas internacionales que los prohibían y que la jurisprudencia nuremburguense no hizo más que ampliar.

Jescheck desarrolla los temas del legalismo y del judicialismo que encarnan el régimen continental europeo y el “common law” anglosajón y, con sentido ecléctico, cree posible en el futuro conciliar los dos sistemas, ya que en Inglaterra y Norteamérica parece propenderse a la codificación, en tanto que en el mundo europeo de tierra firme se admite cada vez más el libre arbitrio judicial. Lo importante es que se respete los tipos legales, sostiene este profesor de Derecho.

El Fiscal de Estados Unidos y uno de los principales redactores del Estatuto de Londres, Robert H. Jackson, defendiendo el juicio señala que los procesados de Nüremberg habían sido tan crueles e inhumanos que no pueden ampararse en las normas de algunos sistemas de jurisprudencia que proscriben las leyes expost facto.

Por su parte, Antonio Quintano Ripollés reconoce que el defecto fundamental fue, a no dudarlo, el relativo olvido del apotegma nullum crimen sine lege, que, al añadírsele el requisito a él inherente de  praevia lege, ampara asimismo el dogma de la legalidad y el de la irretroactividad, morfológicamente inseparables. Defecto seguramente disculpable en virtud de las insuperables circunstancias en que aquello sucedió.

Kelsen opinó que quien debía juzgar a los jerarcas nazis era el consejo interaliado de control con sede en Berlín, que éste se desarrolló, “pero que es preciso subsanar llegada la hora de formular un ordenamiento jurídico en su plenitud”, es decir, normas del nuevo Estado alemán que ratificarán lo obrado en el proceso, lo que en definitiva no sucedió a causa de la consabida división en dos de la Alemania de la postguerra.

Antonio Quintano agrega que, “...pese a las ímprobas dificultades de la improvisación ‘ex postfacto’, una relativa dogmática de legalidad fue mantenida en lo posible referida, ya que no a las leyes penales internacionales ‘stricto sensu’ que no existían, si a tipos de normas paralelas, las de crímenes de Derecho común interno para la delincuencia contra la humanidad y las del Derecho convencional o contractual para los de guerra y contra la paz”. Pero que tales disposiciones, aunque jurídicas y creadoras de obligaciones internacionales indubitadas no creaban delitos penales, es igualmente incuestionable, al menos para la mentalidad jurídico-penal europea continental, forjada en el contacto con el Derecho interno.

Otras críticas

De las diversas críticas formuladas por la doctrina a la justicia nuremburguense, tanto al juicio mismo como al tribunal y al estatuto, se ha destacado la principal, referida al principio de legalidad, aunque también hay otras, bastante duras que limitan entre lo jurídico y lo político.

El penalista español José Luis Galbe opina que “el único valor verdaderamente positivo del proceso es el de su carácter general definitivo de prueba histórica indiscutible de las atrocidades del fascismo alemán”. A su juicio, el peor error de la justicia en Nüremberg fue la sentencia, estima que la construcción jurídica general es errada, al menos en lo que respecta al complot o conspiración contra la paz, ya que si los nazis avanzaron en el camino de la agresión fue por la complicidad pasiva de las democracias. Agrega que “la parte referente a crímenes de guerra y contra la humanidad fue infinitamente mejor” y, por eso, se demostró en el juicio “que los procesados a lo que temían verdaderamente era a caer en este grupo de imputaciones”, importándoles muy poco las otras.

A su turno, el también penalista español Ricardo Calderón cree que el Derecho Penal Militar es eficaz para reprimir los crímenes de guerra y que, de haberse enjuiciado a esos delincuentes ajusticiados en Nüremberg conforme a los rígidos y sencillos trámites de un proceso marcial, la publicidad y el sensacionalismo que tanto se ha reprobado a ese juicio se hubieran evitado. En todo caso, Calderón cree en la necesidad de la retribución punitiva “frente a los bárbaros e inconmensurables crímenes de los nazis”.

El magistrado cubano Evelio Tabío opina que “...la gran quiebra en el enjuiciamiento de los jerarcas nazis estuvo en que no se respetó el principio de legalidad y de ley penal previa que ha de definir los hechos como punibles”. Pese a ello, Tabío señala: “...el Tribunal de Nüremberg representó la creación de un Derecho Internacional Penal enteramente nuevo, impuesto por la gravedad y trascendencia de la misma guerra, que tuvo su compleja gestación durante varios años”.

Jean Graven, profesor de la Universidad de Ginebra, estima que el juicio de Nüremberg es “el más grande proceso penal de la historia” y, tras examinar las objeciones que contra él se han levantado, afirma que “en verdad el primer Tribunal Internacional Penal de la historia no ha fracasado en su papel de hacer justicia” y añade que la opinión mundial ha confirmado su inmensa preocupación de imparcialidad y de equidad.

Motivos de cargos

El citado profesor francés De Vabres, quien antes de la guerra ya había hecho campaña a favor de una Corte Internacional Criminal y que luego fuera juez durante el proceso, reconoce que el proceso y el fallo no se identifican probablemente ni con el juicio de la Historia ni con el juicio de Dios..., “es primera vez que los culpables de desencadenar una guerra han sido objeto de una sanción judicial”.

Sin embargo, acepta que se trató de una improvisación y nos dice que “…el juicio de Nüremberg se ha producido en las mejores condiciones que era razonable esperar…”, haciendo presente que está caracterizado por la influencia angloamericana, recordando que la redacción del Estatuto tuvo lugar en Londres.

El profesor Marcel Merle destaca el hecho de que los aliados no hayan ajusticiado y eliminado a los vencidos sin ninguna contemplación, sino que prefirieron “...situarse en un plano exclusivamente jurídico, pese a las dificultades que ello naturalmente encerraba”. Pero más aún, cree que los Estados no crearon delitos arbitrariamente, sino que se inspiraron en normas según las cuales los países se habían obligado a no recurrir a la guerra.

De esta costumbre en formación –dice Merle– los autores del Estatuto y los jueces del Tribunal dedujeron válidamente las reglas jurídicas indispensables para el advenimiento de una sanción internacional y el Tribunal ha aplicado estas disposiciones nuevas con gran espíritu de justicia y con la preocupación manifiesta de respetar los principios del Derecho Penal.

Este autor también piensa que con este juicio se crea un orden jurídico nuevo, que contrasta tanto con la concepción clásica del Derecho Internacional como con la práctica anterior de los Estados, con una primacía absoluta de la ley internacional sobre el Derecho interno, y opina que en esto reside el interés esencial del proceso de Nüremberg. Simplemente podrían haberlos fusilado luego de un juicio sumario y eso a nadie le hubiera extrañado demasiado en 1945.

Pero, reconoce que las contingencias políticas se mezclaban estrechamente con las preocupaciones jurídicas, afirmando que la elección del régimen aplicable a los criminales de guerra hubiera debido partir de un análisis más profundo de la naturaleza jurídica de cada una de las infracciones. Agrega que la iniciativa tomada por los aliados no hubiese sido criticada desde un principio si se hubiera transformado debidamente en una verdadera instancia internacional permanente.

El jurista alemán Hans-Heinrich Jescheck observa que con los delitos de guerra se procedió en Nüremberg con correcta sistemática jusinternacional; pero, en cambio, en lo que respecta a los delitos contra la paz y contra la humanidad no se enjuició en nombre de los principios jusinternacionales, sino conforme a un Derecho de ocupación. Para ello se basa en que los tratados de no agresión no establecían sanciones penales y que se referían a los Estados, no a los individuos ni menos a una responsabilidad penal de las personas naturales. Jescheck, concluye que en Nüremberg no se estableció un auténtico Derecho Internacional Penal, sino que ese proceso no fue otra cosa que la muestra de una voluntad unilateral, la del vencedor.

A pesar de sus críticas, Jescheck cree que el Tribunal de Nüremberg ha prestado el servicio de reafirmar enérgicamente el principio de la punibilidad de los crímenes de guerra conforme al Derecho Internacional y ha fundamentado el pensamiento de la punibilidad de los crímenes contra la humanidad según el Derecho de los Estados.

Agrega que la crítica del juicio de Nüremberg, desde el punto de vista jurídico jamás debe entenderse en el sentido de que los crímenes de guerra y contra la humanidad, que efectivamente hayan sido cometidos, deban quedar impunes.

Caso aparte es el análisis general que hace Luis Jiménez de Asúa, a lo largo de toda su obra se limita a criticar el juicio de Nüremberg y el Derecho Internacional Penal, sin proponer caminos alternativos de solución. Pero, al término del capítulo de su Tratado de Derecho Penal dedicado a estas cuestiones, no puede eludir alguna proposición.

Asúa sostiene: “Nosotros no pedimos clemencia para los tiranos, pero queremos que en vez de comparecer ante jueces, sean emplazados ante los pueblos. No se olvide que el artículo 27 de la Constitución francesa de 1793 decía que ‘todo individuo que usurpe la soberanía debe ser muerto por los hombres libres’”. Y añade:

“Esto fue lo que se hizo con Mussolini... y ese fue un acto revolucionario...” en que el Derecho Penal no sirvió como instrumento de venganza. “Sólo así, castigados los déspotas por sus propios pueblos, se intimidará a posibles Césares que se incuban por doquier”. Resulta bastante llamativo que un jurista de la categoría de Luis Jiménez de Asúa proponga semejante cosa.

En Chile, el profesor de Derecho Penal Alfredo Etcheberry opina que, pese a las reiteradas críticas que se han formulado a estos juicios –el de Nüremberg y el de Tokio–, especialmente porque habrían violado el principio de reserva y porque la nacionalidad de los jueces les habría restado imparcialidad, la apreciación jurídica de los juicios no puede ser condenatoria, ya que la ilicitud de las conductas era evidente y se encontraban penalizadas en las leyes de todos los países civilizados.

Sostiene también que el Tribunal analizó cada caso en particular según sus propios méritos, lo que queda demostrado por las tres absoluciones obtenidas y la variedad de las sanciones impuestas. Y concluye: “en todo caso, la conciencia de la humanidad habría sido más ofendida por la impunidad de tales hechos que lo que lo fue por su sanción.

Haciendo implícita referencia a Jiménez de Asúa, el autor chileno afirma que “la solución propuesta por algunos, de entregar simplemente a la vindicta pública o a la ira de las masas a los culpables de tales actos, no puede ser aprobada por ningún jurista”.

Una opinión más crítica es la sustentada por el también penalista chileno Enrique Cury, quien señala que los juicios de Nüremberg y de Tokio no resultan muy alentadores, porque en ellos se “hubo de aplicar un Derecho previamente inexistente, justamente a causa de que nadie antes había convenido en formularlo de manera expresa y someterse a sus dictados”. También señala que ello “no significa rechazar la idea del Derecho Penal Internacional en sí”, se trata de “orientar correctamente la lucha para construirlo sobre terreno sólido”.

Conclusiones

Si es que en algo podemos contribuir a la interminable discusión sobre el juicio de Nüremberg, en el cual es evidente que los sentenciadores se vieron expuestos, como en todo caso límite, a sopesar los distintos bienes jurídicos que estaban en juego e hicieron una fundada opción resolviendo el litigio en el único sentido posible.

Porque, llevadas las cosas a nivel constitucional o en el campo de los derechos humanos en general, están, por una parte, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, que fue violado por los enjuiciados de manera y en proporciones escandalosas y, por el otro, el derecho al debido proceso, que exige que el Tribunal, la tipificación de las conductas y la asignación de las penas, sean anteriores a la comisión de los hechos que se están juzgando.

Pues bien, dadas las especiales circunstancias en que el juicio se desarrolló, y no siendo posible compatibilizar estos bienes jurídicos, se optó por sacrificar el que se estimó de menor entidad, el derecho al debido proceso, considerando que, de todos modos, los responsables estaban conscientes de la ilicitud de sus actos, que ya habían sido prohibidos por tratados internacionales y por la costumbre en el caso de los crímenes contra la paz y crímenes de guerra y aun por los sentimientos más básicos que debe tener el ser humano hacia sus semejantes, y por el Derecho interno de todos los países civilizados en el caso de los crímenes contra la humanidad (pues, el homicidio, la tortura y otros son delitos de Derecho interno). Como bien lo reconoce el propio Quintano, existió antijuridicidad pero no tipicidad.

La otra alternativa, y de dudosa juridicidad, hubiese sido que el Tribunal se declarase incompetente para conocer, o que absolviese por no cumplirse con el principio de legalidad y, más específicamente, con el principio de irretroactividad penal, sacrificando otros bienes jurídicos, reconocidamente de mayor entidad, dejando impunes tal vez los actos más atroces que ha conocido la humanidad. La crítica hubiese sido mayor, tanto de la doctrina, internacional y penal, como de toda la comunidad internacional.

Entre el paredón de fusilamiento luego de un juicio breve y sumario y el Proceso de Nüremberg, hay siglos de avance y consolidación sobre el concepto de los derechos fundamentales del hombre y las garantías del debido proceso y eso hace una gran diferencia, pese a todas las críticas; a mi modesta opinión, fue la mejor opción en ese momento histórico de la humanidad.

Bibliografía y fuentes

  • Joe Heydecker y Johannes Leeb, El Proceso de Nüremberg, Editorial Bruguera, Barcelona 1962.
  • Jorge Chaparro, “El crimen contra la humanidad”, Memoria de Prueba, Editorial Universitaria SA, Santiago, 1964.
  • Rodrigo Lledó Vásquez, Derecho Penal Internacional, Editorial Congreso, Santiago 1998.
  • Nuevos Enfoques del Derecho Internacional, diversos autores, coordinación de Avelino León Stefíens. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1992.
  • Luis Jiménez de Asúa, Principios de Derecho Penal, La ley y el delito, Editorial Lozada, Buenos Aires 1955.
  • Antonio Quintano Ripollés, Tratado de Derecho penal Internacional, Instituto Francisco de Vitoria, Madrid 1955.
  • Alfredo Etcheberry, Derecho Penal, Editora Nacional Gabriela Mistral, segunda edición, Santiago, 1976.
  • Enrique Cury Urzúa, Derecho Penal Parte General, Editorial Jurídica de Chile, 1990.
  • Santiago Benadava, Derecho Internacional Público, Editorial Jurídica de Chile, tercera edición, Santiago, 1989.
  • Ernesto Artigas Villarroel, Los Delitos Internacionales y su Tratamiento Jurídico-Policial. Memoria de Prueba. Editorial Jurídica de Chile.
  • Wikipedia y otras fuentes abiertas de internet.

Pseudónimo.

Tomado de: elgrancapitan.org

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