La Gaceta Jurídica

Creación de los TDCP

Jurisdicción constitucional

Se debe consolidar la efectividad de un Estado vigilando la supremacía constitucional.

Se debe consolidar la efectividad de un Estado vigilando la supremacía constitucional. Foto: mundiario.com

La Gaceta Jurídica

00:00 / 29 de octubre de 2013

El número de integrantes será determinado por criterios técnicos jurídicos, como la densidad demográfica y el presupuesto asignado. Estos será de acuerdo a la cantidad de población y al ingreso de casos sobre acciones de defensa anualmente descritos en los informes de labores por los tribunales departamentales de justicia, así como las proyecciones a futuro del crecimiento al acceso de la justicia constitucional según la curva que reflejen los datos estadísticos.

Dar el acceso real a la ciudadanía a la jurisdicción constitucional con la creación de los tdcp, en la presentación de las acciones de defensa, para que se actué con rapidez, oportunidad, eficacia y efectividad en la solución de la problemática jurídica constitucional, que se presenten las personas sobre la conculcación de sus derechos fundamentales preceptuados por la cpe y sus derechos humanos previstos en las declaraciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos como el Derecho Comunitario.

Las audiencias públicas fijadas por los tdcp serán orales, respetándose los principios de inmediatez, publicidad, celeridad y de obviar formalidades innecesarias, además, debiendo existir el seguimiento celoso del cumplimiento de sus resoluciones emitidas, en especial impulsar las reparaciones que se tengan por efecto de las decisiones emitidas en la responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria.

Hacia la consolidación de la justicia constitucional en Bolivia

El planteamiento incluye la vertiente de consolidar el sistema constitucional plurinacional boliviano, que tenga un acceso oportuno a la justicia constitucional, que tenga eficacia en el servicio público de los asuntos constitucionales y cuente con una resolución inmediata, efectiva e imparcial en el sistema jurídico plurinacional para no recargar la Administración de Justicia tradicional y aumentar la mora de los procesos judiciales legales presentados en la jurisdicción ordinaria.

Además, para que no intervenga e interrumpa su trabajo judicial, sino que, progresivamente, en las acciones de defensa mencionadas; por consiguiente, se fortalezca la jurisdicción constitucional plurinacional a cargo de profesionales especializados en la disciplina del área de Derecho Constitucional o que tengan relación estrecha a ésta.

El límite del Contrato Social (J. J. Rousseau), al presente, está desarrollado en el respeto y garantía estricta del pleno ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía nacional y para los extranjeros con residencia o en tránsito por el país.

Asimismo, se debe priorizar la dignidad del ser humano, la libertad, igualdad y seguridad jurídica exigida desde el Acta de Independencia del Alto Perú, del 6 de agosto de 1825. De la misma forma, se debe fortalecer la democracia sustantiva (denominada por Luigui Ferrajoli), el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario y la pluralidad jurídica expresada por los nueve tdcp el desarrollo de la normativa plural en las Entidades Territoriales Autónomas y, en especial, de las distintas npioc.

Se necesita pasar a la plena vigencia de los derechos constitucionales a nivel nacional prevista por la Carta Fundamental y, a nivel internacional, en la salvaguardia de los derechos humanos con las declaraciones y tratados internacionales en dicha materia (artículo 199 de la cpe), obligaciones contraídas por el Estado de Bolivia, respetando el pacta sunt servanda, la palabra dada del Estado debe cumplirse, así como lo establecido en los tratados.

Por último, se debe consolidar la efectividad real de un Estado constitucional con la vigilancia de la supremacía constitucional en la protección de los derechos del ser humano, anulando, por la justicia constitucional, leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, sentencias judiciales o resoluciones administrativas que contradigan a la Constitución, también en relación de la jerarquía normativa constitucional y el seguimiento al cumplimiento de las resoluciones emitidas.

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