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Credibilidad de los jueces

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 10 de febrero de 2012

El 15 de enero, en el suplemento “Animal Político” de La Razón de La Paz, el Vice-Ministro de Justicia publica un artículo titulado “El Juez recuperará su credibilidad”.

Pensamos que ese trabajo, contiene varias afirmaciones que están bastante lejos de ser ciertas. Comencemos por el mismo título, no se puede perder lo que ya no se tenía. Los jueces perdieron credibilidad hace tiempo. Pensar que con la anterior elección de magistrados y próxima designación de vocales y jueces se va a comenzar a volver a contar con credibilidad es imposible de admitir.

Lo único que queda en el caso es, por una parte, que a propósito de la credibilidad habrá que esperar los futuros fallos y la conducta que asuman los operadores de la administración de justicia para recién “calificar” sus grados de credibilidad.

Pero, lo que queda en evidencia es que los magistrados elegidos, quienes después designarán a los jueces, como consecuencia de la elección última, no han conseguido legitimidad. Queda claro que los votos nulos y blancos fueron mayores que los votos válidos. Por lo tanto, la candidata más votada (al Consejo de la Magistratura) no es cierto que logró algo más del 24 por ciento de los sufragios sobre el total de votos válidos (algo más del 40 por ciento), sino que ese 24 debe contabilizarse sobre el total de votos emitidos, lo cual ese supuesto 24 por ciento se reduce a menos del diez.

Hubo candidatos (ahora magistrados elegidos) con el 5 o el 6 por  ciento que sobre el total de votos válidos (algo más del 40) en definitiva han obtenido votaciones del 2.4 por ciento sobre el total, en el mejor de los casos, ¿es esto legitimidad?

El Viceministro dice, además, que la ciudadanía ha otorgado a los elegidos un “voto de confianza” y que el compromiso de los elegidos frente a los ciudadanos ha sido “cumplir la Constitución y las leyes”.

No sabíamos que los magistrados se obligaban a cumplir la Constitución y las leyes, cuando éste presupuesto es implícito, es inherente a su propia función. ¿Qué pasa si un funcionario público se niega a asumir ese compromiso? ¿Será además posible? También dice el articulista que la elección “democratizó la justicia, devolviendo al pueblo su facultad de crear derecho…”

Todos sabemos que practicar la democracia en ningún caso significa solamente concurrir a las urnas, peor en el caso que se analiza, donde el sistema de sufragio popular resulta ajeno al nombramiento de personal técnico.

En lo relativo a aquello de que el pueblo ha recuperado su facultad de crear derecho, no es evidente. Primeramente, el vocablo pueblo siempre tiene una significación abstracta y solo se concreta cuando es sinónimo de población y ésta actúa como uno de los elementos que integran el Estado. El artículo 7 de la actual Constitución Política del Estado (cpe dice que la “soberanía reside en el pueblo boliviano…”. Y añade, “de ella emana por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del Poder Público…”

El artículo 2 de la anterior cpe contenía conceptos similares, pero es más importante destacar lo que señala el artículo 4 (1) “El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente…” O sea, la tarea de “hacer el derecho” nunca le ha correspondido al pueblo en forma directa, sino a través de sus representantes.

Luego se afirma que el Juez “debe potenciar sus principios y valores para hacer el bien…”

No se explica de cómo el Juez “potenciará sus principios y valores”. O sea, cómo hará para conseguir semejante objetivo. Por otra parte, que sepamos, la tarea primordial de los operadores de justicia es su administración, lo que implica dictar fallos en los casos que lleguen a sus manos, procurándolo hacerlo según su ciencia y su conciencia.

A ninguno de ellos le toca “hacer el bien”. Esta expresión tan en boga en estos días, dejémosla para otros funcionarios.

Se expresa luego que corresponderá en esta “nueva justicia” a los tribunales construir un nuevo escenario de convencimiento jurídico, donde la regla no sea la duda sobre si es correcta o no la forma de resolución de un juicio, sino la tranquilidad de recibir una decisión pronta que me resuelva el conflicto…”

No alcanzamos a comprender cuál el alcance de lo que se entiende por convencimiento jurídico (¡¿). Se añade “dónde la regla no sea la duda”. ¿Es posible suprimir la duda sobre los alcances de un fallo judicial? ¿Acaso a partir de ahora los jueces, seguramente por obra y gracia del Espíritu Santo, van a ser consagrados como infalibles?

Podríamos decir que incluso ellos tienen “derecho” a equivocarse. La decisión “pronta”, por otra parte, no depende solamente del juez, sino que se relaciona con otros varios factores que tienen que ver con la enorme acumulación de causas y la falta de juzgados, pero también de las normas adjetivas o procedimientos cuya vigencia no depende de los jueces. Con el escaso techo presupuestario que se mantiene para el Órgano Judicial, ¿habrá posibilidades de que cambie el actual panorama?

Luego, la alta de autoridad afirma que “por eso fue necesario revolucionar el Poder Judicial, para descomplejizar, desformalizar y desarticular el manejo procesal de los conflictos… donde el juez sea garante del debido proceso…”

Reiteramos, al juez solo le corresponde dictar fallos en cada caso sometido a su conocimiento. No es ni puede ser garante de nada, ni siquiera del debido proceso. Por otro lado, hubiere sido más adecuado que el Viceministro utilizará el término transformar el Poder Judicial, en lo que creemos que todos están de acuerdo, antes que hablar de la revolución en aquél. El término es más apropiado para otros casos muy distintos.

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