La Gaceta Jurídica

Crimen y teatro: Valoraciones penales de la imagen del crimen en Shakespeare

(Parte IV)

Crimen y teatro

Crimen y teatro Foto: monsieur.smile.blogspot.com

La Gaceta Jurídica / Gonzalo Quintero Olivares / La Paz

01:00 / 09 de diciembre de 2011

c) Apropiación del pañuelo encontrado por Emilia

Iago deseaba construir una prueba de la infidelidad de Desdémona. Idea colocar en manos de Cassio un pañuelo que Othello había regalado a su mujer, para que el Moro crea que se lo ha dado Desdémona en su condición de amante.

Pero el plan requiere hacerse con el pañuelo. Para ello Iago insiste a Emilia su mujer, que tiene acceso a la estancia de Desdémona, para que coja el pañuelo, petición que ella no atiende, hasta que un día Iago ve que Emilia tiene el pañuelo porque lo ha encontrado tras haberse extraviado. En ese momento Iago se lo arrebata dándole órdenes conminatorias para que se lo entregue.

La sustracción de ese pañuelo la sufre Emilia, pero el pañuelo –cuyo valor material en dinero es cosa de la que prescindiremos– no es suyo, sino de Desdémona, por lo que ni siquiera el eventual consentimiento de Emilia –que además no existe– bastaría para excusar la conducta de Iago como hurto cometido entre esposos (1), pues la violenta demanda sitúa el hecho, en el caso de que sea tratado como ataque a la propiedad, en el campo del robo.

Pero no es sencillo calificar ese suceso como infracción patrimonial. Es cierto que el ánimo de lucro admite los más variados objetivos y contenidos, pero siempre dentro de unos márgenes que lo vinculen al provecho económico. Es este elemento subjetivo lo más caracterizador de los delitos de hurto y de robo. Faltando ese componente intencional la calificación ha de desplazarse a infracciones diferentes e incluso no patrimoniales.

Otros propósitos (destruir la cosa como venganza, cobrar una deuda pendiente, por ejemplo) pueden ser aptos para otros delitos pero no para estos. Los fines perseguidos por el autor no han de ser necesariamente perversos, pues también caben propósitos nobles que excluirían el delito (por ejemplo, sustraer una pistola cuyo dueño iba a usar contra alguien).

Pero incluso dentro de los propósitos lucrativos caben intereses moralmente positivos, como el tantas veces citado ejemplo del que hurta o roba comida para repartirla entre los necesitados (al margen de la valoración del estado de necesidad), pues en último extremo el contenido de la intención es de índole económica. El ánimo de lucro –que es solo eso y no algo que haya de alcanzarse o disfrutarse– cumple así pues una función calificadora insustituible.

Volviendo al caso desde estas consideraciones tenemos que lo perseguido por Iago carece de relación alguna con un provecho determinable económicamente, aunque sea cierto que ha ejercido una violenta presión sobre su esposa para arrebatarle una cosa que ésta debía entregar a otra persona (la dueña de la cosa). Iago solo quiere construir falsamente una prueba de la relación entre Cassio y Desdémona, y lo consigue. Penalmente lo único cierto es que ha forzado a su esposa a hacer lo que no quería (entregarle el pañuelo), lo cual podría calificarse como delito de coacciones (compeler a otro a efectuar lo que no quiere), conforme a lo establecido en el artículo 172 CP.

d) Con la prueba del pañuelo y otras supuestas evidencias, Iago acaba acusando expresamente a Desdémona ante Othello de indelidadEvidentemente el adulterio no es un delito, pero la imputación falsa de un adulterio si lo es, pues se trata de la atribución de un hecho concreto e incierto (párrafo tercero del art. 208 cp (2)) punible en principio como injuria.

En cuanto a la conciencia de la falsedad no hay pues duda alguna. El problema surge cuando se trata de valorar la “divulgación” de la falsa imputación. La injuria formalmente solo necesita la transmisión a una persona, siempre y cuando, pues de lo contrario no podría nacer proceso penal alguno, el injuriado llegue a tener conocimiento de que se ha producido esa falsa imputación de hechos, pues sostener otra cosa equivaldría a declarar “atípicas” las injurias vertidas ante una sola persona, además de incidir en la determinación del campo propio de las injurias realizadas “con publicidad” (3).

En cualquier caso, el problema penal real no está en la valoración de las imputaciones de Iago como injuriosas, sino en que esas acusaciones a Desdémona, acompañadas de pruebas circunstanciales creadas por Iago, convencen a Othello de la infidelidad de su esposa, y abren el paso a Iago para que comience a sugerirle que ha de lavar con sangre su honor ofendido.

Por lo tanto, la falsa imputación tendremos que analizarla como modo de hacer nacer en la mente de Othello una decisión (criminal) que sin ella jamás se habría producido, y por ello resultará en su caso –si así puede apreciarse– absorbida por la inducción a homicidio que se podrá imputar a Iago.

e) Pide joyas a Rodrigo para agasajar a Desdémona, joyas que nunca llegarán a ella

En un cierto momento Iago –escena primera del Acto V– cavila que le conviene la muerte de Rodrigo, a quien desprecia, entre otros motivos porque puede verse en el trance de que éste le exija devolver el oro y las joyas que le ha sacado so pretexto de regalos para Desdémona, que no ha hecho. Rodrigo le dice (Escena II, Acto IV) que no consigue nada en su deseo de llegar a Desdémona, a pesar de que le ha entregado joyas bastantes “para corromper a una monja”, y que según Iago ella las ha recibido. Por eso y otras cosas Rodrigo se siente burlado.

Analicemos exclusivamente esto: una persona engaña a otra –pues desde el primer momento no tiene intención alguna de cumplir la promesa– y logra que le entregue oro y joyas prometiéndole que lo regalará a alguien determinado. Pasa el tiempo y el perjuicio el regalo no se efectúa y el perjuicio se consolida.

Olvidemos ahora que Iago acabará dando muerte a Rodrigo –entre otras cosas porque es su acreedor– y fijemos la atención solamente en que Rodrigo ha perdido su dinero por que Iago le ha engañado. Fácilmente acude la calificación de estafa, pero cuando se medita algo más profundamente se encuentran algunos problemas. El delito de estafa es ciertamente un conflicto penal que aparece en lo que en apariencia era un negocio jurídico. Pero ¿qué clase de negocio jurídico es la entrega de joyas con el encargo de usarlas para intentar corromper a una mujer casada?

Posiblemente desde el punto de vista estrictamente jurídico-civil habría inconvenientes para aceptar la normalidad de la relación obligacional, argumentando que la causa era inmoral (4). Pero esa objeción ha de rechazarse, al menos en lo que concierne a la tipificación penal. El derecho penal admite interpretaciones libres de la carga moralista que puede ser comprensible en otro ámbito del orden jurídico.

Ahora bien, tampoco podríamos llevar esa afirmación hasta extremos absurdos, cual sucedería si la extendiéramos dando protección penal a personas que pretendían cometer un delito. Imaginemos algunos ejemplos: un individuo entrega dinero a otro que le promete conseguirle drogas que luego podrá vender –cosa diferente tal vez sería si se tratase de droga para sí mismo– y el intermediario se queda con el dinero, o bien el que entrega dinero a otro que le asegura le proporcionará menores para una orgía, dinero del que se apropia el mediador.

En uno y otro ejemplo el que entrega dinero no persigue un objetivo simplemente inmoral, sino delictivo, y es evidente que no puede aspirar a la protección del derecho penal (5), lo cual sucedería si se aceptara en esos casos la calificación de estafa cometida por el mediador contra el que quería delinquir, cuando en realidad éste último hubiera podido acceder a la calificación de inductor por precio de la comisión de esos delitos si se hubieran llegado a cometer (6).

Diferente será cuando la sola sugerencia de una conducta delictiva sea ya por sí sola constitutiva de un delito, como sucede en el caso del cohecho activo: quien entrega dinero para que se corrompa a un funcionario y es víctima de una estafa de venta de influencias supuestas, estaba cometiendo un delito de esa clase (7).

Pero el objetivo de lograr que una mujer casada engañe a su marido no alcanza ese carácter delictivo, con independencia de que como contrato entre dos personas pueda ser tenido como nulo (8) y, por lo tanto, no habría razón alguna para, desde los mismos argumentos que cuando se trata de un objetivo delictivo, rechazar la posibilidad de que se comete una estafa, en nuestro caso de Iago contra Rodrigo.

La torpeza de la causa del negocio subyacente debe desplegar su eficacia en el ámbito de la responsabilidad civil, puesto que esa situación no está contemplada en las reglas penales sobre obligaciones ex delicto, y por lo tanto será de aplicación supletoria el Código civil (concretamente lo dispuesto en su art.1306). Pero no hay razón jurídico-penal, salvo que se quiera realizar una interpretación “civilista” del art. 248 CP, que impida la calificación de estafa, aunque sea negando el derecho a reclamar una responsabilidad civil.

f) Induce a Rodrigo a matar a Cassio, pero Rodrigo no lo logra. Luego hiere a Cassio y mata a Rodrigo

Es fácil apreciar que Iago, aprovechando su claro dominio de la voluntad de Rodrigo, no tiene dificultad alguna para convencerle de que debe dar muerte a Cassio. En la escena segunda del Acto IV hace ver a Rodrigo que es necesaria la muerte de Cassio para que Othello no pueda emprender viaje a Mauritania llevándose a Desdémona. Iago odia a Cassio y quiere su muerte. Le basta con alimentar el odio que Rodrigo profesa a Cassio, especialmente por celos.

Iago, además, anima a Cassio diciéndole que él le acompañará en la acción, para que no tenga miedo (lo repite justo en el momento mismo del crimen, al inicio de la escena primera del Acto V).

Como es sabido, la punibilidad de la inducción depende de que el inducido de inicio a la ejecución. Por otra parte, el inductor, por definición, no puede intervenir en la acción como coautor o como partícipe. La primera condición se cumple sobradamente, pues Rodrigo da inicio a la ejecución del hecho, aunque su propósito fracasa gracias a que la ropa de Cassio es muy gruesa. La inducción, así contemplada la cuestión, quedaría reducida a inducción a tentativa de asesinato.

Pero queda abierta la segunda cuestión: Iago le acompaña en el hecho, para darle coraje con la promesa de que si hace falta le ayudará. Esa es una importante “ayuda moral” para Rodrigo, que se cree protegido, ignorando que el deseo profundo de Iago es que mueran los dos (Cassio y Rodrigo). Pero, prescindiendo del deseo oculto de Iago, es evidente que tenemos que valorar la intervención directa de Iago, que también hiere a Cassio por la espalda. Iago no puede ser a la vez inductor de Rodrigo y coautor con Rodrigo. La intervención directa en el hecho absorbe la previa inducción. Iago es, por lo tanto, autor de tentativa de asesinato sobre Cassio.

Posteriormente, tras escapar, reaparece, fingiendo sorpresa por encontrar a Cassio herido. Cassio le dice que ha sido Rodrigo y Iago, cual si vengara a Cassio, da muerte a Rodrigo, que ya está herido y no puede defenderse. Se trata pues de un homicidio en el que concurre la agravante de abuso de superioridad.

Continuará

NOTAS: 1. Conforme a lo dispuesto en el art. 268-1 CP en relación con el art.234 CP, que expresamente alude a la ausencia de voluntad favorable del dueño. 2. Prescindiendo de que sea difícil imaginar una descripción del delito de injurias –en el caso de que deba existir esa figura– más desafortunada que la del art.208 del Código español. 3. Todo esto lo indico sin que en ello deba verse una opinión positiva en relación con la distinción entre injurias graves y leves, con publicidad o sin ella. Basta acudir a la jurisprudencia para comprobar la inestabilidad de los criterios que determinan las decisiones de calificar un hecho bajo una u otra categoría. Pero no es este el lugar para la crítica a la regulación de este delito. 4. Como es sabido el art.1255 del Código Civil permite declarar nulos los contratos que sean contrarios a las leyes, la moral u el orden público, y el art.1272 advierte que no podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles, y en principio así cabría calificar el compromiso de conseguir para otro los favores sexuales de una mujer , sea casada o soltera. Ello no impide que cada parte pueda recuperar lo que sea suyo (art.1303 Cciv.), salvo las excepciones expresamente consignadas (art.1305 y 1306 Cciv.) 5. Ninguno de los principios fundamentadores del derecho penal se cumpliría en esos casos, pero en especial, la falta de un bien jurídico digno de tutela y la total ausencia de la necesidad de afirman un orden de valores. Al contrario, esa necesidad conduce a rechazar la concesión de tutela penal. 6. La inducción no seguida de ejecución del hecho es impune, por lo que no es posible fundamentar una responsabilidad criminal por esos hechos. Al margen de la valoración moral de la conducta –cuestión que pertenece a otros planos valorativos– se planteará el derecho del “frustrado inductor” a recuperar el dinero entregado para la realización de ese hecho delictivo. Si se rechazara ese derecho aceptaríamos un enriquecimiento injusto. Pero el artículo 1305 del Código civil establece que cuando la nulidad proceda de ser ilícita la causa o el objeto del contrato si el hecho constituyere delito o falta común a ambos contratantes carecerán de toda acción entre sí dándose a las cosas o precio el destino propio del comiso de instrumentos del delito. Que la inducción no seguida de ejecución del hecho haya de ser impune no resta un ápice al hecho real de que el objeto perseguido por dos personas puede ser delictivo aunque luego una parte acabe engañando a la otra. Pero sigue en pié la pregunta anterior: si una de las partes cumple y la otra no lo hace, ¿la que cumple pierde el dinero entregado por mor del art.1305 Cciv.? (sobre este tema, Delgado Echevarría, Jesús, en VVAA, “Comentario del Código Civil”, II, Mºde Justicia, 1991,p.557 y s.). Rechazada, por inadecuada, una solución a través de la compensación de culpas, y también la tesis de que la justicia repudia a quien quería actuar por fuera del Ordenamiento, y por lo tanto el tribunal puede no entrar a resolver en nombre de la conducta del litigante , solo queda entender que el art.1305 incorpora una especie de pena civil que se impone al que buscaba la comisión de un delito, y se hace en nombre de la preservación de los intereses públicos. El problema será que el “objetivo criminal” no puede ser definitivamente declarado por un juez civil, sino que éste deberá inhibirse en favor del orden jurisdiccional penal. 7. Un supuesto así se contempla en la STS de 13-5-1997 (RJ 1997/3811): “1. El engaño de la estafa se debe apreciar cuando el autor afirma como verdadero algo que no lo es o cuando oculta algo verdadero para impedir que el otro lo conozca. Tales elementos se dan perfectamente en el caso que estamos tratando. En efecto, el recurrente afirmó como verdadero que ‘tenía influencias y contactos suficientes para solucionar los problemas’ de la licencia del perjudicado, aunque esto no era cierto. En consecuencia no cabe duda de que hubo engaño. También se dan el error y la disposición patrimonial, así como los elementos subjetivos propios de este delito. Sin embargo, lo que no se da es el perjuicio patrimonial, dado que este concepto no puede ser entendido de una manera puramente económica, como lo hace la concepción económica del patrimonio. En efecto, el patrimonio protegido por el delito de estafa es de naturaleza económico-jurídica y personal” (STS 23 abril 1992 [RJ 1992\6783]). De acuerdo con esta noción se debe partir del carácter patrimonial de los bienes objeto de protección, pero la misma sólo se extiende a las disposiciones patrimoniales que tienen lugar en el marco de un negocio jurídico lícito, en el sentido del art. 1275 Código Civil, o de una situación que no contradiga los valores del orden jurídico. Por lo tanto, económicos allí donde el ordenamiento jurídico no proporciona una acción para la protección de determinados valores y bienes, el derecho penal no debe intervenir.

En este sentido, el titular de un patrimonio que “compra influencias” de un funcionario no merece protección del ordenamiento jurídico, pues el que corrompe no tiene por qué ser defendido frente al corrompido.

Cierto es que el art. 529.6 CP prevé una circunstancia agravante para el caso en el que el engaño consiste en influencias mentidas o en el pretexto de remuneración de funcionarios públicos. Sin embargo, no se podría sostener que esta disposición desautoriza el punto de vista que se viene sosteniendo. En efecto, la agravación contenida en el art. 529.6º CP 1973 (ya eliminada de las agravantes específicas de la estafa en la nueva redacción del art. 250 CP vigente) no se fundamentaba en la calidad de funcionario del autor, sino en el mayor disvalor del resultado, consistente en el peligro generado por el engaño para el honor del funcionario implicado falsamente. Por ese motivo, el propio texto legal establecía que la agravante se aplicaría “sin perjuicio de la acción de calumnia que a éstos (a los funcionarios públicos) corresponda”. De todo ello se deduce que el art. 529.6º CP 1973 no es aplicable en casos como éste, porque el funcionario que ofrece influencias mentidas carece de honor protegible por el ordenamiento jurídico.

2. Esta Sala no puede dejar de expresar su sorpresa por el inexplicable error de las acusaciones al abandonar en las conclusiones definitivas la calificación de cohecho (art. 386 CP 1973) que habían mantenido en las provisionales, aunque omitiendo, también erróneamente, acusar al supuesto perjudicado por el primero de los hechos sobre la base del art. 391 Código Penal. En efecto, el señor don Jerónimo M. M., al que se ha permitido ejercer la acusación particular, no es un perjudicado por el primero de los hechos probados, es decir, por aquél que consiste en haber entregado 200.000 pesetas. el 17 de abril de 1991, dado que sabía que compraba influencias de un funcionario, que luego resultaron inexistentes. Se trata, en consecuencia del autor de un delito de cohecho activo del art. 391 CP y no de un perjudicado por un delito de estafa. Indudablemente esta Sala no puede corregir, como tampoco lo pudo la Audiencia, esta injusta situación de impunidad que beneficia a un corruptor de funcionarios, dado que no ha existido acusación al respecto ni recurso que lo permita.

3. De la no producción del perjuicio patrimonial requerido por el tipo penal de la estafa se derivan dos consecuencias: en primer término el delito no se ha consumado y debe ser sancionado como una tentativa acabada (delito frustrado), dado que la prohibición de “reformatio in pejus” nos impide sancionar por un concurso real de dichos delitos de estafa (el del 17 de abril de 1991 y el del 25 de abril de 1991); en segundo lugar no cabe reconocer al supuesto perjudicado derecho alguno de indemnización, dado que las 200.000 ptas. entregadas son efectos provenientes del delito sobre los que el sujeto pasivo de la estafa carece de derecho jurídicamente protegible por tratarse de un negocio jurídico de causa ilícita y que, por lo tanto, debieron ser decomisados (art. 48 CP 1973). En la medida en la que el comiso es una consecuencia accesoria de la calificación penal de los hechos probados, resulta también una consecuencia de la estimación parcial del motivo del recurrente.

La transcrita sentencia, interesante desde otros puntos de vista, rechaza el derecho del supuesto perjudicado a recuperar un dinero que era instrumento de un delito (se supone que será el de cohecho, que no es objeto del proceso). La afirmación de que el dinero entregado es un efecto proveniente del delito de estafa puede ser, en cambio, criticada. Al decir que debió ser decomisado y no lo fue acaba dejando ese dinero en poder del defraudador. Pero, dejando de lado todo eso, es discutible la afirmación de que el derecho penal no debe intervenir allí donde el ordenamiento jurídico no proporciona una acción para la protección de determinados valores y bienes. Si la acción realizada es por sí sola constitutiva de delito o tiene por objeto la comisión de un delito no habrá duda de que el dinero de esa persona, considerando el concepto de patrimonio mencionado en la sentencia, no cuenta con acción civil para reclamarlo (art.1305 Cciv.) y tampoco merecerá, pero por otros motivos, tutela penal.

Pero si la acción es inmoral pero en cuanto a su objeto, pero penalmente atípica habrá de rechazarse la extensión de la idea de que el Código penal no puede intervenir, aun cuando no haya vía civil para reclamar la devolución.

8. El contrato tendrá una causa torpe, pero no delictiva, en cuyo caso será, en principio, aplicable, lo dispuesto en el artículo 1306 Cciv. En orden a la reclamación del dinero anticipado es evidente que quién lo entregó no puede reclamar ni cumplimiento ni devolución (art. 1306-1º) (cfr. Delgado, op.cit., p. 559).

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