La Gaceta Jurídica

Crisis en el Tribunal Supremo de Justicia. O cuando el voto popular no alcanza

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 07 de mayo de 2013

Al finalizar abril estalló una crisis interna en el Tribunal Supremo de Justicia (tsj), que representa al nuevo Órgano Judicial elegido por voto popular, cuando cinco de nueve magistrados exigieron la renuncia de su Presidente, Gonzalo Hurtado, quien inmediatamente adelantó que no tiene intención de dejar el cargo. Lo malo es que el mismo Decano del tsj, Jorge von Borries, confirmó la noticia, explicando que hay motivos internos y externos para este pedido y que “el más sobresaliente es que no hemos avanzado en nada en la justicia. Tenemos un año y más de trabajo y no hay cambios, no hay alguna certeza de que pueda modificarse la situación”.

Es de recordar que en octubre de 2011 se llevó a cabo la inédita elección de autoridades judiciales en nuestro país, entre las cuales se eligió a los magistrados del tsj, quienes, con un mínimo margen de votación, fueron posesionados por el Presidente del Estado Plurinacional, en enero de 2012, como las primeras autoridades judiciales electas por voto popular.

Sin embargo, tal parece que la forzada interpretación que se le dio a la voluntad popular (que rechazó a los postulantes mediante el voto nulo), ahora muestra sus consecuencias, por haberse posesionado a funcionarios judiciales que podrían no tener capacidad de gestión por resultados, poniendo en entredicho la ineficiencia del servidor público judicial ahora cuestionado, quien ha mostrado presunta inactividad en sus funciones específicas a cargo de la Presidencia del tsj, según se deduce de lo informado por el Decano del mismo Tribunal.

Ello implica que, lejos de conducir acertadamente sus actividades presidiendo la Sala Plena y agilizando los asuntos que corresponden a la competencia de la misma, actuó en sentido contrario, invirtiendo mal el tiempo al encerrarse en una pugna interna con los integrantes del Consejo de la Magistratura, lo que, inevitablemente, tiene como consecuencia la acumulación de causas en todos los Distritos Judiciales y que se traduce en retardación de justicia en perjuicio de la ciudadanía.

Ahora bien, en cuanto al régimen constitucional del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, cabe apuntar que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de “independencia, imparcialidad, seguridad jurídica (…) celeridad, gratuidad, (…) servicio a la sociedad, (…) y respeto a los derechos” (artículo 178, parágrafo I constitucional); principios que constituyen las directrices de la administración de justicia ordinaria en nuestro país y que deben ser observados por todas las autoridades judiciales, empezando del Presidente del tsj.

Asimismo, por mandato constitucional, las magistradas y magistrados del tsj ejercen sus funciones de manera exclusiva, debiendo ser elegidos mediante sufragio universal, teniendo en cuenta que sólo asumirán funciones jurisdiccionales las candidatas y los candidatos que obtengan mayoría simple de votos. Son posesionados por un periodo de mandato de seis años, no pudiendo ser reelegidos en sus cargos y sólo cesarán en sus funciones por “cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley” (artículo 183, parágrafo II constitucional).

En cuanto a la revocatoria de mandato, la misma Constitución prevé que “toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato, excepto el Órgano Judicial, de acuerdo con la ley” (artículo 240, parágrafo I constitucional); por lo que, la revocatoria de mandato (que en Bolivia se realiza mediante referéndum revocatorio), por regla general, es aplicable a todas las autoridades elegidas por el pueblo, salvo las autoridades judiciales, que, a pesar de haber sido elegidas por voto popular, no pueden revocadas del mandato de administrar justicia, esto a fin de que en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales no se encuentren sujetos a la libre voluntad de personas particulares o supeditados a los intereses de determinados sectores de la población.

Sin embargo, cabe hacer notar que la referida disposición constitucional sólo hace referencia al Órgano Judicial y no así al Tribunal Constitucional, que, de acuerdo a su configuración constitucional y asegurando la independencia del órgano de control constitucional, ya no forma parte del Órgano Judicial. En todo caso, la misma Constitución prevé (artículo 200) que el tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo, establecidos para las magistradas y los magistrados del tsj será de aplicación a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional y que son cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley, entre las que se encuentra precisamente la revocatoria de mandato, lo que implica un claro contrasentido en el texto constitucional (salvo interpretación contraria).

En todo caso, de lo que aquí se trata es de precisar que existen determinadas causales y supuestos fácticos previstos por el texto constitucional, para la cesación en las funciones de los magistrados(as) del tsj, entre las que no cuenta una carta firmada por la mayoría (simple o absoluta) de los magistrados(as) para exigir la renuncia de su Presidente.

Sin embargo, en este caso concurrió la imperiosa necesidad de acudir a esta alternativa, que aunque no se encuentre legalmente autorizada, resultó siendo legítima porque expresa un descontento de las autoridades judiciales que forman parte del mismo Tribunal y que no han percibido avances o cambios significativos en la gestión presidencial del mis- mo, sino sólo inactividad y dejadez funcionaria, que influye negativamente en el desempeño de las actividades jurisdiccionales de los miembros del Tribunal.

Esto, sólo puede ser consecuencia de la presunta falta de preparación profesional técnica suficiente en el Magistrado cuestionado, que pese a haber asumido la Presidencia de uno de los más importantes órganos de administración de justicia en el país, podría no haber demostrado estar a la altura de las circunstancias en la función encomendada, lo que podría brindar una mala imagen del tsj, no siendo justificativo suficiente el señalar que se habrían logrado avances importantes para la administración de la justicia en lo que va de su gestión, cuando dichos avances podrían no ser perceptibles en la realidad y que no coadyuvan a un mejoramiento en la administración de justicia.

Esta lamentable situación debe llamar a la reflexión, principalmente a los operadores de justicia, a fin de que tomen conciencia de la enorme importancia de la función jurisdiccional que tienen en sus manos y de la necesidad de devolverle a la población la confianza en una de sus instituciones democráticas más importantes, cual es la que administra justicia para todo el país.

Es abogado, responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano.

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