La Gaceta Jurídica

¿Crisis de independencia en el Tribunal Constitucional Plurinacional?

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 14 de mayo de 2013

Ha causado enorme sorpresa la Declaración Constitucional emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), que habilita la segunda reelección presidencial de Evo Morales en Bolivia, sobre la base de un proyecto de Ley interpretativa, cuando la Constitución establece una norma expresa en sentido contrario.

El problema no es tanto el hecho de que Evo Morales participe o no en las elecciones presidenciales del año 2014, porque, de hecho, cualquier ciudadano que cumpla los requisitos puede proponer su fórmula política o agrupación ciudadana para participar de la contienda electoral; sin embargo, en este caso, este candidato se encontraba inhabilitado por mandato constitucional, porque fue la voluntad del constituyente insertar la restricción de la Disposición Transitoria Primera, parágrafo II, que establece que “los mandatos anteriores a la vigencia de ésta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”; norma imperativa que brilla por su claridad y, sabemos bien que ante la claridad de la norma, no cabe posibilidad alguna de interpretación.

Recuerden que con anticipación, en este espacio habíamos justificado legal y jurídicamente la imposibilidad de la segunda reelección presidencial en Bolivia, amparados en el artículo 168 constitucional, donde se ha dejado claramente establecido que “el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”. A tiempo de sustentar aquella imposibilidad, señalamos algunos de los efectos que se estaban produciendo en nuestro ordenamiento jurídico; sin embargo, con el pronunciamiento del tcp podemos identificar las siguientes consecuencias:

1. La Asamblea Legislativa Plurinacional (alp), al someter a control previo de constitucionalidad el Proyecto de “Ley de Aplicación Normativa” para su compatibilización constitucional, reconoció públicamente que sólo el tcp es el máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución, reafirmando que la función principal de éste órgano es ejercer en forma exclusiva el control de constitucionalidad con alcance nacional, garantizando la primacía de la Ley Fundamental del Estado, la plena validez del orden constitucional y democrático, así como el respeto y vigencia plena de nuestros derechos fundamentales y garantías constitucionales.

2. El tcp tuvo excelente oportunidad para posicionarse como el único intérprete definitivo de la Constitución, reivindicando así su naturaleza jurídica de acuerdo a la configuración constitucional que lo instituye como tal y, en consecuencia, podía haber expulsado del ordenamiento jurídico cualquier norma en sentido contrario; sin embargo, ha decidido actuar en contra de su propia naturaleza e independencia, convalidando la existencia de una “Ley interpretativa” (emitida por la Asamblea) y admitiendo que el Órgano Legislativo puede interpretar la Constitución, cuando la misma Ley Fundamental no permite tal posibilidad por un principio elemental de separación de funciones.

3. La Asamblea se ha arrogado indebidamente funciones constitucionales que la misma Constitución no le otorga, como es la emisión de leyes interpretativas de la Constitución, lo que supone suplantar la función esencial del tcp como intérprete definitivo de la Constitución, desnaturalizando el sistema de control de constitucionalidad establecido en el Estado Plurinacional;  lo peor, el propio tcp ha renunciado a su función interpretativa, permitiendo la existencia de una “Ley interpretativa” cuya existencia había proscrito del ordenamiento jurídico la misma Constitución, por lo que dicha norma ni siquiera gozaba de presunción de constitucionalidad.

4. La solución ideal –para poner fin a los conflictos normativos emergentes de la propuesta legislativa sometida a control de constitucionalidad– era que el mismo tcp anule cualquier pretensión legislativa de interpretación constitucional que distorsione el contenido de la Constitución, declarando en este caso la inconstitucionalidad del Proyecto de “Ley de Aplicación Normativa” (que no es más que una Ley interpretativa de la Constitución); y asimismo, (por conexitud) debió haber puesto en evidencia la incompatibilidad manifiesta del artículo 4, parágrafo III, de la Ley 27 del tcp con la Ley Fundamental, dado que aquella norma establece una muy confusa dualidad en la titularidad de la interpretación de la Constitución (concediendo una facultad interpretativa “auténtica” a la Asamblea), lo que contradice a nuestro sistema de control concentrado de constitucionalidad.

Ahora bien, es indudable que la Declaración Constitucional del tcp requiere un análisis más detallado para analizar y comprender todos y cada uno de sus fundamentos; sin embargo, es evidente también que en ese pronunciamiento, además de exponer redundancias innecesarias provenientes de la doctrina constitucional, el tcp se ha excedido en su función interpretativa, al haber tergiversado la voluntad del constituyente, alejándose flagrantemente del tenor literal del texto (es decir, actuando en sentido contrario a lo dispuesto por el artículo 196, parágrafo II, constitucional).

Por tanto, el objeto de cuestionamiento es precisamente esa función interpretativa que la Constitución le atribuye al tcp, dado que deliberadamente ha puesto en duda su imparcialidad e independencia como órgano contralor de la constitucionalidad al haber preferido el texto de una Ley interpretativa antes que el texto de la Constitución, que, para el caso de la reelección presidencial, contiene mandatos claros e imperativos por voluntad del constituyente.

Esta actuación supone una conducta contraria a la Ley y a la Constitución que establece las líneas rectoras de la organización y funcionamiento del tcp.

Asimismo, la Ley Fundamental prevé (artículo 200) que el tiempo de ejercicio, permanencia y cesación en el cargo, establecido para las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia será de aplicación a los miembros del tcp, que son cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades (por prevaricato), renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley, entre las que se encuentra precisamente la revocatoria de mandato, que es inaplicable para el Órgano Judicial, del cual el tcp ya no forma parte por su misma configuración constitucional independiente de los demás Órganos del Estado.

Entonces, surge la cuestión pendiente –y no resuelta por la Asamblea Constituyente–: ¿quién controla constitucionalmente al contralor de la constitucionalidad? Indudablemente ellos, además de encontrarse sujetos a la censura pública por parte de la ciudadanía, pueden ser sujetos de responsabilidad penal a través de un juicio público ante autoridad competente, independiente e imparcial, pero… ¿cuál es la autoridad que cumple con esas condiciones idóneas en Bolivia?

Es abogado, responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano.

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